La Justicia de EE.UU. resuelve que Alejandro Toledo puede ser extraditado a Perú

• Con el visto bueno de los tribunales estadounidenses, dependerá ahora del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken
• Toledo asegura que pedirá el "habeas corpus" y podría retrasar su extradición, aunque no paralizaría el proceso

El expresidente peruano Alejandro Toledo habla en una conferencia de prensa en Lima (archivo).

La Justicia de Estados Unidos decidió este martes que el expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006), acusado en su país de corrupción, puede ser extraditado, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida.

Con el visto bueno de la Justicia estadounidense, dependerá ahora del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, tomar la decisión final sobre si se extradita o no al exmandatario peruano, tras un proceso que ha durado más de dos años.

"El tribunal ha considerado las pruebas sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones de conspiración y lavado de dinero", escribió en su resolución el magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco.

El tratado de extradición entre ambos países que ha examinado el juez y en virtud del cual se puede proceder con la entrega de Toledo a las autoridades peruanas se firmó el 26 de julio de 2001, justo dos días antes de que Toledo accediese a la presidencia de Perú.

Detenido en 2019 y en arresto domiciliario desde 2020

Toledo fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años y estuvo ocho meses en prisión al apreciar el juez riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de la COVID-19.

Según las investigaciones de la Fiscalía peruana, el expresidente de 75 años habría recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando aún era jefe del Gobierno.

La decisión del magistrado llega solo cuatro días después de que el pasado viernes se celebrase la vista de extradición, en la que la defensa del exmandatario pidió que se desestimase el caso en base a las aparentes contradicciones e inconsistencias de los dos principales testigos en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía peruana.

El juicio de extradición, inicialmente previsto para principios de este año, fue pospuesto varias veces siempre a petición de la defensa, que de forma repetida solicitó más tiempo para revisar y traducir los documentos enviados por Perú.

Perú expresa su "satisfacción" por el aval a la extradición

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Aníbal Torres, manifestó este martes la "satisfacción" del Gobierno peruano tras la decisión de EE.UU. de avalar la extradición.

"Recibimos con satisfacción el fallo del juez Hixson que respalda la posición del Estado peruano sobre la extradición de Toledo para que sea juzgado en nuestro país", señaló Torres en un mensaje publicado en la red social Twitter.

El ministro recordó, sin embargo, que la defensa de Toledo aún "puede hacer uso del recurso de habeas corpus", por lo que dijo que las autoridades peruanas estarán "a la espera (de) si es admitido o no" ese pedido.

Toledo pedirá el "habeas corpus" para evitar ser extraditado

El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) dijo este martes en una entrevista con Efe que su defensa pedirá el "habeas corpus" a la Justicia estadounidense, lo que podría retrasar e incluso evitar su extradición a Perú.

"La siguiente acción de mi defensa aquí en los Estados Unidos es que vamos a presentar un 'habeas corpus', que irá a un juez federal de California y luego todavía tiene dos instancias más", indicó el exmandatario pocas horas después de que el juez Thomas Hixson emitiese una sentencia en que avala su extradición.

El "habeas corpus", por el que el acusado -en este caso, Toledo- pone en duda las condiciones de su detención y la preservación de su derecho de defensa, es el único recurso legal de que dispone el expresidente, puesto que la sentencia del juez Hixson no puede ser apelada.

Aun así, la petición de "habeas corpus" no paralizará automáticamente el proceso, sino que será la corte que examine el caso la que en todo caso podrá ordenar específicamente que se ponga en suspensión la extradición mientras esta se resuelve.

Según el abogado de Toledo Roberto Su, que también participó en la videoconferencia con Efe, la práctica indica que normalmente en este tipo de casos en los que presuntamente se pueden haber visto afectados el derecho de defensa y el debido proceso, las extradiciones quedan en suspensión.

Su criticó las, a su juicio, contradicciones e inconsistencias en la decisión del juez Hixson, al que acusó de falta de objetividad y de haber tenido la sentencia ya medio preparada incluso antes de que se produjese la audiencia de extradición el pasado viernes.

"Basta leer la sentencia para darse cuenta de que hay inconsistencias. Esta decisión no la ha tomado el juez del día de la audiencia para hoy; es una decisión en la que ya venía trabajando", apuntó el letrado.

El abogado de Toledo insistió en la que ha sido la principal línea de defensa del exmandatario a lo largo del juicio: las aparentes contradicciones e inconsistencias de los dos principales testigos en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía peruana, el empresario israelí Josef Maiman y el exempleado de Odebrecht Jorge Barata.

Su lamentó que en su escrito el magistrado "justifique" las inconsistencias de los testigos por el paso de los años y que no las considere lo suficientemente relevantes como para negar la petición de extradición.