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Cataluña

El Govern conmemora el 1-O más unido tras la detención de Puigdemont pero sin acuerdo sobre un referéndum

  • Aragonès declara a su Ejecutivo "heredero del 1-O" en un acto con el que busca enterrar las diferencias con JxCat
  • Pero ERC es la única que aboga por una vía pactada con el Estado, mientras Junts y la CUP presionan contra la mesa

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Aragonès y Puigdemont
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y el 'expresident' Carles Puigdemont.

Cuatro años han pasado desde el referéndum ilegal en Cataluña el 1 de octubre de 2017 y, pese a las graves consecuencias que hubo para sus responsables, para la economía catalana con fuga de capitales y empresas y para la convivencia, el independentismo insiste en la vía de un referéndum como solución al 'conflicto político', aunque no se pone de acuerdo en cómo y cuándo llevarlo a cabo.

Aquel 1-O supuso un antes y un después. El expresidente catalán Carles Puigdemont, que había asumido el mandato año y medio antes con un claro compromiso de "dejarse la piel" por la independencia, llevaba meses anunciando y preparando la consulta. La pregunta era aparentemente sencilla: "¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?". Pero no había leyes que ampararan el referéndum. El Govern de JxCat y ERC, con Oriol Junqueras de vicepresidente, llevó al Parlament sus 'leyes de desconexión' en septiembre de 2017 para allanar el camino, pese a los constantes avisos del Tribunal Constitucional, del Gobierno de España y de la oposición. Y la entonces presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, permitió y facilitó su votación tratando de esquivar al TC.

Lo que vino después se fue agravando aún más por momentos. La Justicia y la Policía actuaron en varias operaciones. El Supremo, que más tarde condenaría a nueve líderes del 'procès' a penas de hasta 15 años, vio sedición no solo en el 1-O sino también en el asedio de los manifestantes a la Consellería de Economía el 20 de septiembre, que acabó con graves disturbios, varios detenidos y una funcionaria huyendo por el tejado.

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Y llegó el 1 de octubre. Hubo urnas pese a las órdenes de intervenirlas e impedir el acceso a los colegios. Y también violencia. Las imágenes de las cargas policiales a aquellos que participaron del referéndum dieron la vuelta al mundo y quedaron en la retina de los catalanes, tanto si eran independentistas como si no. Aquel 1-O supuso una fractura que se arrastra hasta el día de hoy. Tras el referéndum el entonces 'president' declaró la independencia durante unos segundos. El Gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo del PSOE de Pedro Sánchez, aplicó el artículo 155 de la Constitución y cesó al Gobierno de Puigdemont, quien acabó huyendo de la justicia con otros líderes del 'procés'. El resto ha cumplido condena hasta el indulto del Gobierno de Sánchez el pasado mes de junio.

El expresidente catalán fue detenido el pasado juevespuesto en libertad al día siguiente, con un futuro judicial incierto por la euro orden del Tribunal Supremo. Este viernes ha defendido en su cuenta de Twitter que, en el 1-O, los catalanes aprendieron a ganar y se empezó la construcción "de la república catalana independiente por decisión ciudadana": "La violencia del Estado comprometió a Europa, que por su silencio cómplice nunca más se ha podido presentar con la misma autoridad moral".

Lo cierto es que su detención ha dado esta semana un vuelco al independentismo y ha acercado a ERC y Junts, muy divididos en las últimas semanas por la mesa de diálogo con el Gobierno central.

El Govern conmemora el aniversario y se declara "heredero" del 1-O

En este contexto, el Govern de ERC y Junts han conmemorado este aniversario buscando exhibir unidad contra la “represión” y en su compromiso por la independencia. El presidente catalán, Pere Aragonès, flanqueado por todo su Govern, ha realizado una declaración institucional desde uno de los puntos de votación del 1-O, en la que declara su Ejecutivo como "heredero" del 1-O y compromete a "forzar una negociación con el Estado" para celebrar un referéndum, "sin renunciar a nada" en el camino hacia la independencia.

Para Aragonès, el 1-O supuso un "punto de inflexión" en la historia de Cataluña, un "punto de no retorno" en el proceso hacia la independencia, en el que "Cataluña volverá a votar" porque el referéndum es "la solución inevitable". La respuesta del Estado al 1-O, ha asegurado, "fue la violencia, la represión, la judicialización, la prisión y un exilio forzoso" pero "hoy nos toca continuar". Y, por último, ha llamado a la unidad estratégica del independentismo: "Cuando trabajamos juntos, cuando conseguimos la comunión de los primeros días de octubre, este país es imparable".

El Govern de coalición tiene claro que la 'amnistía' y el referéndum son la "solución" al conflicto político. Pero sus posturas siguen muy alejadas en lo que respecta a cuándo y cómo celebrar una nueva consulta de autodeterminación en Cataluña y sobre la mesa de diálogo con el Gobierno central, que rechaza de pleno un referéndum y la ‘amnistía’ que pide la Generalitat.

JxCat, la CUP y las entidades soberanistas apuestan por la vía unilateral

Solo ERC apuesta por un referéndum pactado como la "única vía" posible mientras JxCat y la CUP (que les da apoyo parlamentario) presionan cada día más por la vía unilaterlal. También las entidades soberanistas, ANC y Òmnium, apuestan por la vía unilateral, tal y como reflejaron en la Diada del pasado 11 de septiembre.

Precisamente, Òmnium Cultural ha congregado este viernes en Barcelona al Govern, a la CUP y a otras personalidades de corte soberanista para reivindicar la autodeterminación. Su presidente y secretario general de Junts, Jordi Cuixart (uno de los indultados) ha llamado a "no desperdiciar el legado del 1-O" y ha llamado a recuperar la unidad y la "actitud que hizo posible el 1-O". Y la líder de la ANC, Elisenda Paluzie,  ha pedido "reencontrar un camino de victoria contra el Estado" respetando el "mandato" del referéndum ilegal.

Pero Aragonès ha descartado poner fecha a un referéndum de autodeterminación antes de 2025, tal y como ha exigido la CUP, formación que sustenta al Govern de ERC-Junts, durante el debate de política general en el Parlament de esta semana. La paciencia de la formación antisistema se agota y amenaza con retirar su apoyo ahora que toca sacar adelante los presupuestos de la Generalitat. Aragonès ya les ha advertido de que en el acuerdo de investidura entre ERC y la CUP no se habla de “fechas” y dice que si es una “condición nueva” ha de negociarse.

La propuesta de resolución que registró la CUP en el Parlament, con las advertencias de ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, generó también malestar en Junts, que la ha considerado “inútil” y ha lamentado que supone una amenaza para Laura Borràs como presidenta del Parlament. Esquerra se abstuvo, Junts votó en contra y la resolución no salió adelante. Junqueras, por su parte, también advirtió el jueves de que fijar ahora una fecha para un referéndum no pactado alejaría el "reconocimiento internacional" que se necesita para "culminar la independencia": “A Cataluña le conviene una negociación".

Pero Junts está más cerca de la CUP que de ERC en lo que respecta a esa negociación con el Gobierno. Ambos partidos dan por “fracasada” la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central que aceptaron a regañadientes para la investidura de Aragonès y no quieren esperar a la fecha de 2023 que habían dado de margen a ERC para que explorara la vía pactada con el Ejecutivo. Una fecha, además, en la que Aragonès deberá someterse a una cuestión de confianza.

El líder de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha puesto en duda esta semana que se pueda negociar con un Estado "cínico" y ha pedido a Aragonès que practique la "cultura de la unidad". Además, le ha recordado que ERC y Junts tienen los mismos escaños: "Dirige un gobierno de coalición, no de subordinación".

Respondió así en el Parlament a Aragonès, que animó a Junts a “subirse al tren de la negociación” con el Ejecutivo después de que sus socios quedaran fuera de la mesa de negociación el pasado 15 de septiembre. Una mesa en la que Sánchez y Aragonès se emplazaron a un diálogo sin "plazos", pese a constatar sus "profundas diferencias".