El juez del caso Púnica propone juzgar a Marjaliza y a ocho exalcaldes por las adjudicaciones a Cofely

• En el auto, el magistrado explica que los investigados actuaron "como una presunta organización criminal"
• El directivo de Cofely contrató a Marjaliza como asesor comercial para que utilizase la red de contactos e intermediación

El empresario David Marjaliza

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, encargado de la instrucción de la trama Púnica, ha propuesto juzgar al empresario David Marjaliza por las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos a la empresa de servicios energéticos Cofely, a la que también propone juzgar como persona jurídica.

Según han confirmado fuentes jurídicas a RTVE, en el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza separada número 6, el magistrado propone enjuiciar a un total de 37 personas por unos hechos constitutivos de un total de ocho delitos, como los de organización criminal; prevaricación y revelación de información reservada; tráfico de influencias; fraudes o cohecho.

Entre los investigados se encuentran los exalcades de Parla José María Fraile Campos; de Móstoles Daniel Ortiz Espejo; de Collado Villalba Agustín Juárez Lopez de Coca; de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga; de Moraleja de En medio Carlos Alberto Estrada Pita; de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas Navarro; de Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández, y de Almendralejo José García Lobato.

En el caso de Almendralejo, el juez señala que no se llegó a adjudicar ningún contrato a la empresa, aunque el alcalde sí que habría facilitado información del expediente de forma permanente durante su tramitación. Es por ello que García-Castellón procede contra García-Lobato por un delito de revelación de información reservada.

Además de los exalcaldes -seis de ellos del PP, uno del PSOE y otro de Unión Demócrata Madrileña (UDMA)-, entre los procesados figuran también técnicos municipales y varios exdirectivos de Cofely, a la que el magistrado también propone juzgar como persona jurídica. Por su parte, Marjaliza, socio del exconsejero madrileño Francisco Granados, está considerado el "conseguidor" de esos contratos para la compañía, que se elevan en total a casi 224 millones de euros.

Una "presunta organización criminal"

Asimismo, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 acuerda el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto de una treintena de personas y da un plazo de diez días a las acusaciones para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento.

En el auto, el magistrado explica que, entre marzo del 2012 y octubre del 2014, los investigados de Cofely y Marjaliza, con su grupo de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron "como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios ayuntamientos, con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con más contratos de eficiencia energética en entidades locales u organismos, ofreciendo acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban".

Para darle una apariencia de legalidad, el directivo de Cofely Maurice Didier Roger contrató a Marjaliza bajo la figura jurídica de asesor comercial, si bien lo hizo para que utilizase la red de contactos e intermediación con alcaldes y concejales que utilizaba en su etapa anterior de promotor urbanista.

Marjaliza actuaba como asesor comercial

Según el contrato, la empresa entregaba mensualmente al empresario una cuota fija de 1.500 euros y una parte variable, según fueran los contratos que se obtenían, hasta un máximo de 155.000 euros.

"El éxito de los contratos conseguidos por Marjaliza llevó a Cofely a preparar un nuevo borrador de contrato reconociéndole para el año 2014-2015 unos honorarios con la posibilidad de unas cuotas variables por 5.500.000 euros, que las actuaciones judiciales del 27 de octubre de 2014 abortaron", indica la resolución.

En este sentido, el magistrado explica que la dirección jerárquica habría estado ejercida por Didier, considerado el "círculo 0", quien apoyaba las ofertas, las negociaciones de corrupción, los pagos directos por transferencias a las sociedades de Marjaliza.

Comisiones a cambio de contratos de eficiencia energética

García-Castellón sitúa en otro círculo distinto al mismo departamento con Gaela Hamon como responsable de la Oficina Técnica del Departamento Comercial quien, bien a la par, o tras las negociaciones de Marjaliza y García Pérez, "se infiltraba en los departamentos técnicos de los ayuntamientos, redactando los pliegos de la adjudicación o los informes de necesidad del contrato".

En otro peldaño se encontrarían, según explica el juez, los negociadores Marjaliza y García Pérez en contacto directo con alcaldes, ediles y técnicos, "que se avinieron a adjudicar a Cofely los contratos de eficiencia energética a cambio de recibir comisiones".

Los investigados diseñaron un plan para recuperar el gasto que realizaban con los pagos de comisiones en perjuicio de los consistorios. García Castellón considera que ese plan preveía el reembolso de las dádivas a costa de posibles sobreprecios en los contratos de eficiencia, inflados con facturaciones de prestaciones ficticias o inexistentes de las sociedades instrumentales de Marjaliza que enmascaraban como gastos del contrato, "lo que no era más que los fondos comprometidos como comisiones".

Sin embargo, el auto refleja que, pese al esfuerzo de los investigados, el plan "no fue viable" en casi ninguno de los ayuntamientos, ni siquiera en aquellos que se contó con el acuerdo de los alcaldes y ediles. El escrito detalla que los ayuntamientos que adjudicaron en 2012 y 2013 no pagaron casi ninguna de las facturas de Cofely, que sí facturó por los primeros servicios iniciales de prestación efectiva por sus propios equipos de trabajo, como la compra de energía.