Aborto voluntario en España, un derecho aún sin asentar: "trabas" para la mujer y "estigma" para los sanitarios

• En 2020, solo el 15,49 % de abortos se realizaron en centros públicos por la elevada objeción de conciencia entre los médicos
• La información oficial no es del todo clara y el acoso por parte de grupos antiabortistas a las puertas de las clínicas ha crecido

Una doctora atiende a una mujer embarazada.

Una cosa es la ley y otra, la aplicación de esa ley. Sobre el papel, el aborto de la cartera de Servicios de la Sanidad Pública, pero la práctica revela, sin embargo, algunas deficiencias de fondo como el hecho de que la gran mayoría de estas intervenciones se deriven a clínicas concertadas y no se realicen en centros sanitarios públicos.

Esto último no conlleva un coste económico directo para la mujer —el aborto es gratuito y está financiado por el Sistema Nacional de Salud— pero sí supone un problema para muchas de ellas porque, si no hay ninguna clínica acreditada en su ciudad de residencia, tienen que desplazarse a otra provincia, a lo que a menudo se le añaden otros obstáculos como una falta de información clara sobre los trámites y una creciente presión social por parte de colectivos antiabortistas.

“Teníamos una cierta sensación de seguridad en que el derecho estaba totalmente consolidado y nos estamos dando cuenta de las dificultades que hay, de que se están dando grandes situaciones de inequidad a las que, creemos, hay que poner fin. Además, todos los grupos que están volviendo al ataque en cuestión de retroceso de derechos sexuales nos han puesto en alerta ”, lamenta Guillermo González Antón, presidente de SEDRA-Federación de Planificación Familiar.

Solo el 15,49 % de abortos se realizan en centros sanitarios públicos

España legalizó el aborto en 1985, pero lo hizo bajo supuestos que no contemplaban todavía la interrupción libre. Esto último se produjo en 2010, cuando se reconoció la potestad de la mujer para interrumpir voluntariamente la gestación en las primeras 14 semanas del embarazo o hacerlo hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto. En este último caso, debe haber un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.

Esa Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 establece que la prestación ha de realizarse "en centros de la red sanitaria pública o vinculadas a la misma" y agrega: "Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación".

Esto último es, en resumen, lo que sucede en España; la excepción se ha convertido en norma general, como muestran los datos oficiales. El Registro Estatal de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) publicado esta semana por el Ministerio de Sanidad señala que en 2020 se llevaron a cabo un total de 88.269 abortos y que, del total de intervenciones, solo el 15,49 % se realizaron en centros sanitarios públicos, mientras que el 84,51 % se derivó a clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (la mayor parte concertadas).

Además, cuatro comunidades autónomas —Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia— no notificaron abortos en centros sanitarios públicos, un dato que, como el anterior, González considera “preocupante”.

Por un lado, dice, “salir del sistema público” enreda más el procedimiento en un momento en el que las mujeres, a menudo, "buscan intimidad y privacidad", pero además dificulta el acceso al derecho en el caso de embarazadas que viven en ciudades, provincias o comunidades en las que no hay una clínica concertada acreditada.

“En muchas ocasiones, estas clínicas no están cerca del lugar de origen, con lo cual la mujer tiene que desplazarse a otras provincias y debe acudir en gran soledad o sin ningún acompañamiento, asumiendo también previamente unos gastos”, explica González sobre una realidad que afecta, por ejemplo, a comunidades como La Rioja, donde no hay médicos que practiquen abortos dentro de la sanidad pública (todos están acogidos a la objeción de conciencia) y donde tampoco hay clínicas acreditadas. Esto último también ocurre en provincias como Toledo, Jaén o Guadalajara.

14 horas Fin de Semana - La Rioja, sin médicos que practiquen abortos - Escuchar ahora

La objeción de conciencia, la razón por la que la pública realiza pocos abortos

Si las cifras de abortos voluntarios realizados dentro de la rama sanitaria pública son tan bajas es, fundamentalmente, por esa objeción de conciencia que alega un gran número de doctores para no llevar a cabo esta práctica médica, según explican los entrevistados.

Recientemente, la geriatra del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) Marta Vigara reveló en la Cadena SER que ese centro se negó a practicarle un aborto en la semana 17 de embarazo, pese a que el feto era prácticamente inviable y a que su vida corría riesgo, porque "había latido fetal". Según la geriatra, cuyo caso ha sido denunciado por la ministra de Igualdad, en el año 2009 todos los ginecólogos de este hospital público suscribieron un documento interno en el que se acogían a la negativa a interrumpir embarazos, por lo que el hospital la derivó a una clínica privada acreditada.

La Ley del Aborto de 2010 contempla la objeción de conciencia, pero la define como una decisión "individual" y puntualiza que "el acceso y la calidad asistencial de la prestación" no pueden resultar "menoscabadas" por el ejercicio de ese derecho de los profesionales sanitarios.

Hay médicos que no objetan por moral sino por la presión y el "estigma"

"Que la sanidad pública no haya asumido nunca el aborto es una muestra del estigma que hay. Una parte del porcentaje de objetores lo serán por temas éticos y religiosos, pero también hay muchos que lo hacen por presión social y profesional (...) No siempre es por conciencia sino porque se te señala y se te castiga por el estigma", afirma el doctor Francisco Valero, que dirige la clínica ginecológica Iris, ubicada en Albacete y acreditada para esta práctica.

El Ministerio de Igualdad está trabajando ya en una reforma de la ley del aborto cuyo borrador incluirá la creación de un registro de médicos objetores de conciencia con el fin de garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales y centros públicos.

"Personalmente, creo que con eso no se va a solucionar nada. Por mucho registro de objetores que haya, se registran todos y ya está. Si yo no me registro y todos mis compañeros del servicio lo hacen al final sentiré la presión. Yo, cuando estaba la ley antigua (la de 1985) tenia varios compañeros en el Hospital La Fe de Valencia que sí hacían abortos, pero eran tres o cuatro. Cuando tenian una guardia se pasaban la guardia haciendo abortos hasta que se hartaron. Ni es gratificante ni te pagan más y encima te enfrentas a todos. Al final dicen, ¿qué ventaja tengo?", reflexiona Valero.

“Tanto en la pública como en la privada cuesta encontrar compañeros dispuestos a dedicarse a esto“

Desde su punto de vista, solo quienes verdaderamente han sido intensos defensores del derecho al aborto han decidido dedicar su vida a esa especialidad, asumiendo las críticas, los desprecios y las denuncias de los llamados grupos "provida".

"Somos fundamentalmente los mayores de 55 años los que hemos creído en esto porque queríamos luchar por un derecho. Ahora se da por conseguido y los médicos jóvenes no están por la labor (...) Tanto en la pública como en la privada cuesta encontrar compañeros y compañeras que estén dispuestos a dedicarse a esto y va a haber más déficit de especialistas", sostiene Valero.

En la misma línea se expresa González, aunque él sí es partidario de "regular de alguna manera" la objeción de conciencia para que el derecho al aborto esté garantizado: "En algunas ocasiones la objeción se decide por una cuestión moral y con algún fundamento, más allá de que lo compartamos o no, pero en muchos otros casos tiene más que ver con el estigma que esta práctica tiene para los médicos. A quienes realizan esa práctica no se le da un prestigio, sino todo lo contrario, se le estigmatiza, se le señala y, a veces, incluso le supone acosos personales, con lo cual nadie quiere significarse en esta práctica”, cuenta.

También él cree que “se está acabando el recambio generacional" de quienes realizan interrupciones del embarazo voluntarias e intuye que "vamos a tener en un corto plazo grandes problemas para realizar estas intervenciones”.

"Que el trasvase a la pública no sea a costa de perder calidad"

La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, la doctora Francisca García, considera que el origen de la estigmatización del aborto dentro del ámbito médico se encuentra en el hecho de que la formación específica que se recibe durante la carrera de medicina y posteriormente en la especialidad de Ginecología y Obstetricia sea "nula".

García, que además dirige dos clínicas acreditadas en Andalucía, también reivindica la formación como única vía posible para que los centros sanitarios públicos puedan llevar a cabo en el futuro más abortos provocados. Esto último, afirma, mejoraría el acceso al derecho.

Con ella coincide Sonia Lamas, trabajadora de la Clínica Dator, la primera acreditada en España para la interrupción voluntaria del embarazo. No obstante, precisa que la mayor accesibilidad no debe ir en detrimento de la calidad de la intervención: "Es muy legítimo que se quiera hacer en las instalaciones de la pública, pero no corramos el riesgo de que se haga a costa de perder calidad asistencial. Para que ese trasvase se pueda hacer en centros de especialidades y en hospitales, lo que hace falta son equipos multidisciplinares y formación especializada. No denostemos lo que se lleva haciendo 35 años en las clínicas acreditadas y aprendamos de ello", subraya Lamas, que también es psicóloga y forma parte de ACAI.

“La mujer tiene que tener derecho a decidir también el método“

Esta última experta explica que la mayor parte de intervenciones que se realizan a día de hoy en centros públicos son de tipo farmacológico (aborto mediante medicamentos) mientras que los abortos instrumentales (dilatación y aspiración) se derivan en su mayoría a clínicas acreditadas. Se hace así, explican los especialistas, porque la primera vía es menos "polémica".

"No solo se puede optar por el método farmacológico porque son métodos distintos en tiempos y en formas, y porque la mujer tiene que tener derecho a decidir también el método", incide García, quien explica que el métido farmacológico es viable hasta la semana 9, pero falla con una probabilidad entre el 3 y el 5 %.

Lamas agrega: "Si en los datos del Ministerio vas a qué comunidades están haciendo las intervenciones en las instalaciones de la pública vas a ver el número de semanas y con qué método (...) Llevarlo a la pública está haciendo que haya un incremento del método farmacológico, que es el aliado de la objeción de conciencia. Ambos tienen que convivir".

Acoso antielección: "Les dicen: 'rezamos por la vida del hijo al que vas a asesinar"

Tampoco es buena, dicen los expertos, la información oficial que se ofrece a las mujeres por parte de las Administraciones en relación con el aborto y con el itinerario que deben realizar. "No tener una información transparente hace que muchas mujeres crean que tienen que pagar por abortar", dice Lamas.

Por otra parte, la ley añade otra "barrera" que Igualdad quiere eliminar: la obligatoriedad para quienes quieran abortar dentro de las primeras semanas de recoger un sobre con información y pasar por un periodo de reflexión de tres días.

“Nos llegan casos bastante graves. Los tiempos a veces se dilatan y, de ir a una interrupción relativamente sencilla desde el punto de vista farmacológico o instrumental, se pasa a gestaciones altas con las que se complica. No habría ninguna necesidad de posponer estas atenciones”, añade González en relación con el conjunto de "trabas" ligadas al aborto.

La plataforma #abortosinacoso, de la que forman parte más de 60 organizaciones, entidades, partidos y fuerzas sindicales, se centra en otro obstáculo más: "Se está produciendo un recrudecimiento de las acciones intimidatorias contra los/as profesionales que facilitan la prestación sanitaria de aborto provocado, así como, contra las mujeres que acuden a estos centros”.

Las acciones de acoso afectan, dicen, a diversos planos: “jurídico, administrativo y público”, recurriendo incluso a la intimidación directa. “La conexión de estos grupos entre sí y el importante soporte financiero que sostiene su actividad, les ha permitido alcanzar algunos logros importantes como la revocación de la declaración de utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar de España, la admisión a trámite de algunas de sus denuncias o las sanciones administrativas a los centros de IVE madrileños”, agregan.

“Todos los miércoles vienen miembros de organizaciones antielección rezando el rosario“

Según los cálculos de esta plataforma, más de 8.000 mujeres han sido víctimas del "acoso antielección", un tipo de persecución que el Gobierno quiere combatir. De hecho, la pasada semana el Congreso aprobó la propuesta para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas IVE.

Es ahí donde se produce el acoso más directo. Algunos grupos antiabortistas acuden hasta las puertas de los centros para intentar convencer a las mujeres de que no están decidiendo lo correcto.

"Todos los miércoles vienen miembros de organizaciones antielección rezando el rosario. Les dicen 'rezamos por la vida de tu hijo, al que vas a asesinar'. Es una cosa totalmente intimidatoria, les enseñan fotos de fetos a término. A las mujeres que lo tienen claro no les afecta, pero a algunas que por sus circunstancias se ven obligadas a abortar les representa un trauma y las culpabiliza más. Lo entendemos como una agresión psicológica y como un acoso injustificado", denuncia Valero.

En su clínica, que además atiende temas ginecológicos generales y que no solo se dedica a la IVE, hay trabajadoras que han tenido que ir a juicio porque las han agredido verbalmente fuera del centro e incluso delante de sus hijos.