El TC declara que el cierre del Congreso en el primer estado de alarma vulneró los derechos de los diputados

• El tribunal de garantías lo ha acordado por seis votos a favor y cuatro en contra, dando la razón al recurso interpuesto por Vox
• Es un nuevo golpe para el Gobierno, después de que el tribunal de garantías declarase inconstitucional el primer estado de alarma

La justicia considera anticonstitucional la suspensión de la actividad parlamentaria en el primer estado de alarma

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional la suspensión de la actividad parlamentaria al inicio del primer estado de alarma por considerar que vulneró los derechos de los diputados.

El tribunal de garantías lo ha determinado así por seis votos a favor y cuatro en contra, dando la razón al recurso de amparo interpuesto por Vox.

Se trata del segundo golpe al Gobierno por su actuación durante la pandemia, una vez que el tribunal de garantías ya declaró inconstitucional el primer estado de alarma.

Boletines RNE - El Constitucional declara que el cierre del Congreso en el primer estado de alarma vulneró los derechos de los diputados - Escuchar ahora

Considera que vulnera el derecho de participación política

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez, considera que "la declaración del estado de alarma, como la de cualquiera de los otros dos estados, no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento" de ninguno de los poderes del Estado y, de modo particular, el Congreso, porque de lo contrario se vulnera el derecho fundamental de participación política.

En consecuencia, la decisión de la Mesa del Congreso del 19 de marzo hizo cesar temporalmente la tramitación de iniciativas parlamentarias de los recurrentes, lo que vulneró su derecho fundamental de participación política.

Por ello, el tribunal anula dicho acuerdo que determinó "suspender desde el día 19 de marzo el cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentren en tramitación en la Cámara hasta que la Mesa levante la suspensión". También hace lo mismo con el acuerdo de la Mesa del 21 de abril que desestimó la solicitud de reconsideración presentada por el grupo parlamentario de Vox contra el anterior acuerdo.

La resolución ha sido aprobada con seis votos a favor y cuatro en contra de los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer y el presidente Juan José González Rivas.

Se trataba de una decisión esperable habida cuenta de que en el último pleno la votación encalló en un empate de cinco votos que el propio ponente se encargó de desbloquear al cambiar su sentencia.

El borrador presentado entonces por el magistrado Antonio Narváez pedía desestimar el recurso de Vox pero finalmente éste aceptó los argumentos de la mayoría conservadora del tribunal para que modificara la sentencia y concediera el amparo a Vox, que calificó de "secuestro" el cierre del Congreso.

Batet acata la sentencia del TC pero recalca que el Congreso no cerró

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha expresado su "absoluto respeto" por la sentencia contra el funcionamiento de la Cámara en las primeras semanas de estado de alarma, pero ha querido dejar claro que el Congreso nunca llegó a cerrar y que el acuerdo ahora anulado sólo estuvo vigente 18 días laborables.

En un comunicado hecho público por la Presidencia del Congreso también se remarca que el acuerdo recurrido, adoptado por la Mesa del Congreso el 19 de marzo de 2020 para suspender el cómputo de los plazos de enmiendas, de prescripción y caducidad de los procedimientos administrativos, y todas las demás medidas que se tomaron tenían precisamente el propósito de hacer posible la continuidad de la actividad parlamentaria y el cumplimiento de las instrucciones de las autoridades sanitarias en una situación de pandemia.

Batet recuerda que esas decisiones se adoptaron después de que Vox pidiera suspender el pleno de marzo por un positivo en sus filas y unos días después de que otros órganos constitucionales, entre ellos el propio Tribunal Constitucional, tomaran decisiones similares.

Además, remarca que ese acuerdo ahora anulado sólo tuvo eficacia durante 18 días hábiles, pues el día 13 de abril se dio por superado, y en todo caso la medida estaba circunscrita en el ámbito parlamentario a los plazos aplicables a la presentación de enmiendas a las iniciativas legislativas y al cómputo de los relativos a las iniciativas de control escrito.

El Congreso siguió celebrando sesiones plenarias, en dos ocasiones en el mes de marzo con sendas comparecencias del presidente del Gobierno, en cuatro sesiones plenarias en cada uno de los meses de abril y mayo, en nueve sesiones en junio y en seis en el mes de julio. Además, las diferentes comisiones se reunieron hasta en ochenta ocasiones en ese período de sesiones, resultando especialmente relevantes las dieciséis sesiones de la Comisión de Sanidad y Consumo.

"En definitiva, la Cámara continuó tramitando todas las iniciativas parlamentarias, con especial atención a las relacionadas con la declaración y prórroga del estado de alarma, las comparecencias del Gobierno y la convalidación de Reales Decretos-leyes, así como el mantenimiento del control parlamentario, que nunca fue suspendido, respondiéndose en ese período de dieciocho días hábiles a más de mil preguntas de los diputados", subraya.

Vox pide la dimisión de Batet y habla de "golpe de Estado institucional"

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha celebrado este martes el fallo del TC en Twitter. "Secuestraron el Congreso. Silenciaron nuestra voz. Solo Vox lo recurrió ante el TC. Y Hemos ganado. Porque defendemos el Estado de Derecho. Con la Ley en la mano", ha escrito.

Más tarde, en una comparecencia, Olona ha exigido la dimisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y ha calificado de "golpe de Estado institucional" la decisión de la Mesa del Congreso del 19 de marzo de 2020.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra también ha celebrado la decisión del TC y considera que reafirma la vulneración "sistemática" de derechos fundamentales por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según ha recalcado Gamarra en rueda de prensa, el PP no apoyó "desde el primer minuto" el acuerdo de la Mesa del Congreso porque entendía que el no se podía cerrar en tanto que los diputados debían poder ejercer su derechos de control al Gobierno como garantes de los derechos y libertades de los españoles.

Gamarra ha felicitado al partido de Santiago Abascal y ha afirmado que el fallo del Constitucional supone "un nuevo varapalo" al Gobierno.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha cuestionado, en cambio, la sentencia y ha mostrado su apoyo a Batet, quien considera que tomó la decisión "apropiada" en un momento "difícil".

En rueda de prensa, Echenique ha defendido que el TC está en su derecho de pensar que esos primeros días tras la eclosión de la epidemia los 350 diputados debían acudir al Congreso a "contagiarse"para luego "difundir" el virus. También ha recordado que fue Vox quien pidió que se suspendiera temporalmente la actividad parlamentaria tras ponerse en cuarenta, "con buen criterio", nada más dar positivo su secretario general, Javier Ortega Smith.

A raíz de aquel contagio, ha comentado el diputado de Podemos, el Congreso entendía que había que tomar "ciertas cautelas sanitarias" y por eso adoptó parar de forma temporal.