¿Puede Irlanda del Norte abrir una guerra comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea?

• Bruselas ha propuesto recortar el 80% los controles aduaneros, pero rechaza renegociar el acuerdo sobre Irlanda del Norte
• Según el acuerdo pactado se establecía que Irlanda del Norte quedaba vinculada al mercado único comunitario

Cartel en contra del Brexit en la frontera entre Reino Unido e Irlanda del Norte

Diez meses después de que se materializara la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el Gobierno británico ha dado por muerto el controvertido protocolo para Irlanda del Norte, una de las piezas esenciales de los acuerdos del Brexit.

Si Londres decide dejar de aplicar los controles aduaneros que se acordaron entre la isla de Gran Bretaña y la región británica de Irlanda del Norte, la Unión Europea podría imponer sanciones comerciales al Reino Unido, lo que iniciaría un contencioso sin soluciones claras a la vista.

Estas son las claves de la disputa que puede enturbiar las relaciones entre ambos lados del canal de la Mancha en los próximos meses.

¿Qué es el protocolo norirlandés?

El principal obstáculo que bloqueó durante varios años las negociaciones del Brexit fue diseñar una fórmula que evitara imponer una frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Desde enero, ese paso se ha convertido en uno de los límites terrestres de la UE, pero los acuerdos de paz firmados en 1998 exigen que no haya obstáculos a la circulación entre ambos territorios.

Tras arduas negociaciones, el Reino Unido aceptó llevar a cabo controles aduaneros en el paso entre la isla de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

La Unión Europea se aseguraba así de que no entran en el mercado comunitario desde el Reino Unido mercancías no autorizadas, al tiempo que se mantiene abierto el paso entre las dos Irlandas.

Esos controles cobrarán cada vez más relevancia durante los próximos años, cuando Londres espera firmar nuevos acuerdos comerciales con países como Estados Unidos y Australia que facilitarán la llegada a territorio británico de productos que no necesariamente cumplirán con las normativas europeas.

¿Por qué el Reino Unido quiere cambiar el protocolo?

El Gobierno británico argumenta ahora que la aplicación del protocolo crea demasiados inconvenientes para su mercado interno, ya que le obliga a inspeccionar y exigir papeleo adicional para ciertos productos, especialmente en los sectores de la agricultura y la alimentación, que se mueven dentro de su propio país.

Además de retirar gran parte de los controles, exige además que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no tenga jurisdicción para supervisar la aplicación de ciertas normas europeas en Irlanda del Norte, tal como prevé el texto, y propone en cambio un sistema de arbitraje conjunto.

El protocolo es además un grave problema político en Irlanda del Norte, ya que los unionistas lo ven como una nueva barrera entre su región, integrada en ciertos aspectos en el mercado europeo, y el resto del Reino Unido.

David Frost, el negociador jefe que acordó el protocolo por la parte británica, sostiene ahora que la UE se aprovechó de que Londres tenía las "manos atadas" en la mesa de diálogo y, por lo tanto, el texto "no puede mantenerse en su forma actual".

¿Qué pasos puede dar ahora Londres?

El Gobierno británico estudiará las propuestas de modificación del protocolo que presenta hoy la Comisión Europea (CE). Ambas partes esperan negociar durante las próximas semanas una solución acordada en base a los cambios que desea Londres y las concesiones que ofrece Bruselas.

En caso de que no se encuentre terreno común, el Reino Unido ha avanzado que contempla utilizar la cláusula de rescisión que lleva incorporado el protocolo, el Artículo 16.

Ese apartado contempla la posibilidad de que una de las partes suspenda unilateralmente aspectos del acuerdo si considera que están provocando "serias dificultades económicas, sociales o medioambientales" o bien si llevan a una "desviación" de los flujos comerciales.

¿Cuál podría ser la respuesta de Bruselas?

Las condiciones que fija el Artículo 16 son ambiguas, por lo que su invocación abriría un periodo de arbitraje legal de tres meses en los que un comité conjunto con representantes de ambos lados estudiaría los problemas creados y posibles soluciones.

El Reino Unido, sin embargo, puede argumentar "circunstancias excepcionales" para dejar de aplicar aspectos del protocolo de manera inmediata.

Durante esos tres meses, los 27 miembros de la Unión Europea comenzarían a valorar posibles medidas conjuntas de represalia que aplicarían si Londres decide seguir por la vía unilateral.

Ese castigo puede incluir aranceles sobre productos británicos, o bien la suspensión de acuerdos como el que otorga la equivalencia al Reino Unido en materia de protección de datos, que permite a las empresas y otros organismos compartir información sin fricciones.

De manera más inmediata, los países de la UE podrían aplicar medidas como mantener congelado el proceso para otorgar los permisos para operar en el bloque comunitario a las firmas de servicios financieros británicas, bloquear el acceso a ciertos programas europeos, o bien exacerbar los controles aduaneros de mercancías que crucen hacia el Reino Unido.