Seguridad Social, Transportes y Defensa tendrán los mayores presupuestos en 2022, con más de 10.000 millones

• La dotación que más crece es la del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con 4.382 millones, casi un 83 % más
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acude a entregar el anteproyecto de ley de los presupuestos de 2022 al Congreso de los Diputados

El reparto del gasto no financiero previsto en los Presupuestos Generales del Estado coloca al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como el de mayor dotación presupuestaria en 2022, cuando contará con 33.718 millones de euros, seguido de los dos ministerios que tradicionalmente realizan mayores inversiones: el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana -antiguo Fomento-, que tendrá 13.330 millones de euros, y el de Defensa, que dispondrá de 10.152 millones de euros.

Así consta en el anteproyecto de ley que el Gobierno ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación, que revelan que el departamento que dirige José Luis Escrivá será el que mayor dotación tendrá incluso sin tener en cuenta que, del total presupuestado, 18.396 millones corresponden a las transferencias previstas para que la Seguridad Social pueda afrontar el pago de las pensiones, ante el déficit del sistema y el agotamiento del fondo de reserva. De hecho, el incremento del presupuesto del ministerio respecto a 2021, que en total es del 16,1 %, se reduce al 1,4 % si no se tiene en cuenta esa partida extraordinaria, que dejará su dotación real en 15.322 millones de euros.

La dotación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por su parte, aumentará un notable 16,2 %, mientras que la de Defensa crecerá, si se aprueban las cuentas propuestas por el Ejecutivo de coalición, un 7,9 % que corresponden a los programas especiales con los que se pretende modernizar las capacidades de las Fuerzas Armadas, adquiriendo desde armamento hasta aviones.

Con todo, el ministerio que verá como su presupuesto se incrementa en mayor proporción respecto a 2021 será el de Industria, Turismo y Comercio, que podrá gastar 4.382 millones de euros, casi un 83 % más que los cerca de 2.400 millones con los que cuenta este año, con el objetivo de reflotar sectores básicos para la economía tras la pandemia de COVID-19 como el turismo. Buena parte de ese incremento procede de la inyección europea, con 3.620 millones, frente a los 1.698 millones de este año.

Trabajo, Sanidad y Transición Ecológica contarán con menos dinero

Del lado contrario, el ministerio que más presupuesto pierde es el de Trabajo y Economía Social, que en total tendrá 2.278 millones de euros, un 63,6 % menos que en 2021, en gran parte porque la recuperación del empleo que se prevé y la extinción de los ERTE reducirán la aportación complementaria que deberá hacer al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): si este año ha tenido que transferir 4.467 millones, el que viene se espera que solo sean 672, un 85 % menos.

El menor impacto de la pandemia también reduce el presupuesto del Ministerio de Sanidad, que baja un 17,3 % hasta 2.828 millones de euros, en parte por el menor gasto previsto en vacunas para contrarrestar la COVID-19. Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ve como su presupuesto disminuye un 18,4 % hasta los 9.742 millones, aunque el sector eléctrico se llevará 3.695 millones; sin esta partida, la caída es aún mayor, del 27,5 %, por la disminución de las aportaciones europeas.

En cuanto al resto de instituciones que participan del gasto no financiero, el dinero destinado a las Cortes Generales sube un 4,4 % hasta los 247 millones de euros, mientras que la aportación a la Casa del Rey se mantiene en ocho millones de euros.

En total, el gasto no financiero del Estado asciende a 241.717 millones de euros, incluidos 26.355 millones procedentes de los fondos extraordinarios habilitados por la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19, e incluye otras partidas como los 30.175 millones de euros destinados al pago de la deuda pública (un 4,7 % menos que este año), 42.727 millones para el sistema de financiación de entes territoriales o los 3.923 millones para el Fondo de Contigencia.