El Gobierno llevará la ley de vivienda al Consejo de Ministros del próximo 26 de octubre
- La nueva ley fue acordada a principios de octubre entre el PSOE y Unidas Podemos
- Los Presupuestos Generales del Estado destinarán 3.290 millones en materia de vivienda
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este jueves que el Gobierno tiene intención de llevar el anteproyecto de la ley de vivienda al Consejo de Ministros del próximo 26 de octubre.
En una entrevista en La Hora de la 1, Sánchez ha afirmado que el "objetivo" del Ejecutivo es que se pueda aprobar en el Consejo de Ministros del 26 de octubre, aunque ha reconocido que todavía quedan por "perfilar" algunos detalles de la norma consensuada por el PSOE y Unidas Podemos el pasado 5 de octubre.
"Nuestra intención es no demorar su aprobación, con las cautelas que supone la tramitación parlamentaria posterior y la fijación de los índices de referencia" para determinar los precios y las áreas tensionadas, ha explicado.
Según Sánchez, esta nueva ley "puede ayudar a contener la subida de los precios del alquiler, a facilitar a los jóvenes que puedan emanciparse mediante las ayudas y a dar la vuelta a un mercado que funcionaba de una manera desbocada".
Preguntada por la oposición del Partido Popular de aplicar esta ley de vivienda en los territorios en donde gobierna, la ministra ha lamentado que con ellos (PP) "lo tendremos difícil porque sin conocer el texto ya han anunciado que la van a recurrir".
Bono joven y 20.000 viviendas para alquiler asequible
Sobre el bono joven de 250 euros mensuales destinado al alquiler por dos años, que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra ha asegurado que se beneficiarán "unos 70.000 jóvenes", aunque si se suman las ayudas del Plan Estatal de Vivienda y de las comunidades autónomas, podrían ser hasta 100.000 los jóvenes beneficiarios de algún tipo de ayuda.
Para ello, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 destinarán más de 200 millones de euros a dicho bono para el alquiler.
Además, la titular de Transportes. Movilidad y Agenda Urbana, ha señalado que las cuentas del próximo año "son muy ambiciosas, las más ambiciosas" en materia de vivienda, pues dedicarán 3.290 millones en total, que, a juicio de Raquel Sánchez, ayudarán a "dar la vuelta" al modelo vigente en España.
Asimismo ha señalado que con lo consignado en el Presupuesto, junto a las previsiones comprometidas y ejecutadas en el Plan Estatal de Vivienda, podrán "situar en el mercado" unas 20.000 viviendas en 2022 para "alquiler asequible".
Después, en la presentación de los Presupuestos en el Ministerio, Raquel Sánchez ha matizado que las 20.000 viviendas sociales se construirán entre 2022 y 2023, pues el próximo año las cuentas públicas contemplan 500 millones para este tipo de vivienda y en las de 2023, se incluirán otrows 500 millones.
Prioridad por las Cercanías
Por otro lado, la ministra ha calificado como "histórica" la partida de las cuentas públicas destinada a su departamento para 2022, pues recibirá 11.000 millones de euros, un 3% más que en los anteriores presupuestos.
En estos presupuestos, Sánchez ha indicado que la "prioridad" será "mejorar la red de infraestructuras que afectan al día a día de la gente y en ese sentido, las Cercanías tienen un amplio abanico de mejoras", aunque ha reconocido que también están comprometidos con la alta velocidad.
Con respecto al reparto territorial, ha subrayado que desde su departamento "se ha hecho un análisis riguroso", y ha explicado que si en la Comunidad de Madrid se invierte menos que en Cataluña es porque la primera "tiene "infraestructuras desarrolladas", mientras que la segunda "tiene un déficit".
Y ha negado "madrileñofobia", como denuncia la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pues ha resaltado que desde que gobierna Pedro Sánchez, el presupuesto de Madrid "se ha incrementado un 42% con respecto a los presupuestos de cuando gobernaba Rajoy".
Preguntada por las Cercanías en Cataluña, Raquel Sánchez ha confirmado que la negociación versa sobre "la trasferencia de los recursos". En este sentido, ha explicado que el debate está centrado en que el dinero que paga el Estado a Renfe por el servicio de Cercanías se transfiera directamente a la Generalitat para que esta formalice contratos con Renfe por los citados servicios.