Bruselas reabre el debate sobre los objetivos de deuda y déficit para llegar a un "consenso" en 2023

• La discusión se centrará en si debe hacerse sobre la base de las normas anteriores o acometer una revisión más amplia
• No obstante, la Comisión subraya que la reactivación se realizará “cuando las condiciones económicas lo permitan”

Bandera de la UE frente al Parlamento Europeo

La Comisión Europea ha reabierto oficialmente este martes el debate sobre el futuro de las reglas fiscales, que establecen límites al déficit y la deuda públicos, con el objetivo de encontrar un "consenso amplio" entre los socios comunitarios "con bastante tiempo" para 2023.

"Queremos escuchar opiniones e ideas, y generar consenso para una vigilancia económica eficaz", ha destacado el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, quien ha puesto de manifiesto que la crisis de la COVID-19 ha dejado en la Unión Europea (UE) "mayores déficits y deuda, divergencias y desigualdades más amplias entre países y la necesidad de más inversión". "Por ello necesitamos reglas de gobernanza que puedan abordar esos desafíos", ha insistido.

La Comisión había suspendido previamente este debate público, que se lanzó por primera vez en febrero de 2020, para centrarse en responder al impacto económico y social de la pandemia. Durante este tiempo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se suspendió para dar margen a los gobiernos a aumentar el gasto público para hacer frente a la pandemia y continuará así también en 2022.

No obstante, dos años después, la Comisión cree que es el momento de reabrir el debate. Para ello, admitirá las propuestas de las distintas autoridades y la sociedad civil hasta el 31 de diciembre de este año, con el objetivo de diseñar el nuevo marco durante el primer trimestre de 2022. La discusión en esta ocasión se centrará en si la vuelta a la disciplina presupuestaria debe hacerse sobre la base de las normas anteriores o, en cambio, hay que acometer una revisión más amplia que relaje las exigencias y dé más margen de actuación a los gobiernos, una dicotomía que divide principalmente a dos bloques: los países del norte y los del sur.

La UE cuenta desde el Tratado de Maastrich de 1992 con límites sobre la deuda pública y el déficit público, del 60 % y 3 % del Producto Interior Bruto (PIB), respectivamente. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, creado cinco años después para reforzar la supervisión fiscal ha sido modificado y ampliado en varias ocasiones.

Una reactivación "cuando las condiciones económicas lo permitan"

A pesar de que la intención de la Comisión es reactivar las reglas fiscales en 2023, el documento presentado este martes con los detalles de esta propuesta deja claro que el reimpulso de los objetivos de deuda y déficit debe acometerse “cuando las condiciones económicas lo permitan”.

"Una fuerte recuperación económica y un crecimiento económico sostenido son esenciales para una reducción exitosa, continua y sostenible de los coeficientes de endeudamiento. Si bien una reducción inicial demasiado grande de los coeficientes de endeudamiento implicaría un alto coste social y económico y sería contraproducente", alertan desde Bruselas, "en particular en el contexto de una política monetaria restringida" donde "una reducción realista, gradual y sostenida de la deuda sigue siendo importante también para reconstruir las reservas antes de la próxima recesión".

Antes de la irrupción de la pandemia, el nivel medio de deuda en los países de la UE ya superaba la barrera del 60 %, pero con la crisis las ratios se han disparado, con países como Grecia, Italia y España, cuya deuda se ha incrementado ampliamente por encima del 100 %. A esto se suma la necesidad de acelerar las llamadas "transiciones gemelas": el progreso hacia la digitalización y la lucha contra el cambio climático. Según Bruselas, serán necesarias inversiones públicas y privadas de 650.000 millones anuales hasta 2030 para acelerar ambas, el 80 % para descarbonizar la economía.

"Lograr un nuevo marco es una responsabilidad conjunta y crucial para el futuro de la Unión", ha asegurado el comisario económico, Paolo Gentiloni, quien ha destacado las "enormes necesidades de inversión", ya que "la emergencia climática se agudiza al mismo tiempo que el apoyo fiscal durante la pandemia ha llevado los niveles de deuda a ratios muy altas". Estos desafíos, ha incidido, hacen que sea "todavía más esencial contar con un marco fiscal transparente y eficaz".

Divergencias norte-sur

Esta llamada al consenso por parte de la Comisión Europea está provocada por las profundas diferencias que existen entre los países del norte, como Austria, Países Bajos o los nórdicos, contra los del sur, como España, Italia o Grecia.

Los primeros publicaron a principios de septiembre una carta conjunta en la que se abrían a cambios en el Pacto, pero se oponían a una relajación más ambiciosa. Mientras que los segundos son defensores de una reforma profunda que modernice el conjunto de normas, lo adecue a la nueva realidad y a las "necesidades de inversión derivadas de la recuperación", en palabras de la vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño.

Estas divergencias se pusieron ampliamente de manifiesto en el Consejo Europeo de julio de 2020, cuando se aprobó el fondo de recuperación por valor de 140.000 millones de euros. La medida estuvo pendiendo de un hilo hasta el último momento por la negativa de los países del norte a que el fondo estuviera compuesto en gran parte por subvenciones, tal como reclamaban los del sur.