El juez del caso Taula procesa por blanqueo a 49 concejales y asesores del PP de la época de Barberá

• El magistrado también aprecia indicios de delito en la actuación del PP como persona jurídica en el delito de blanqueo
• Da veinte días a Fiscalía y las acusaciones para que soliciten el archivo o apertura de juicio y presenten escrito de acusación

El juez del caso Taula procesa por blanqueo a 49 concejales y asesores del PP de la época de Barberá

El juez del caso Taula ha procesado a 49 concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia en la etapa de Rita Barberá, por blanqueo de capitales en las elecciones municipales de 2015, en un auto en el que también procesa al PP de la ciudad como persona jurídica.

En una resolución de 73 páginas, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia acuerda procesar a 49 personas y al PP; reabre las actuaciones contra el exedil Miquel Domínguez que en su día se siguieron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por su etapa de diputado y decide el sobresimiento libre en relación con los concejales fallecidos María José Alcón y Emilio del Toro.

Además, sobresee provisionalmente la causa por malversación a la exedil Beatriz Simón y da 20 días a Fiscalía y las acusaciones para que soliciten el archivo o apertura de juicio y presenten escrito de acusación.

Los encausados son en su mayor parte concejales y asesores del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia que presuntamente recibieron dinero negro por parte de algunos responsables del partido (1.000 euros cada uno de ellos) y lo blanquearon mediante transferencias bancarias en la cuenta de la propia formación para sufragar la campaña de las elecciones locales de 2015.

Ve indicios de delito en la actuación del PP como persona jurídica

El magistrado también aprecia indicios de delito en la actuación del PP como persona jurídica en el delito de blanqueo, aunque esa actividad fuera "opaca, aparentemente" a la estructura nacional del partido y la llevaran a cabo "pocas personas en el círculo más estrecho de confianza de la entonces alcaldesa" Rita Barberá, tal y como recoge la resolución, que puede ser recurrida.

El instructor ha decretado por otro lado el sobreseimiento libre de las actuaciones contra dos antiguos ediles (María José Alcón y Emilio del Toro), al haber fallecido durante la instrucción, y el sobreseimiento provisional y parcial de las mismas en relación a otros cinco investigados y el sobreseimiento provisional y parcial de la causa respecto de Beatriz Simón por delito de malversación.

También ha determinado la reapertura de la investigación seguida por estos hechos contra otro investigado que era diputado autonómico (Miquel Domínguez) y, por tanto, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

En el auto, el juez explica que en el periodo entre 2006 y 2009, el PP de la ciudad ingresó y destinó a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente "mediante procedimientos clandestinos de financiación que vulneraban flagrantemente los límites normativos de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)".

El auto también expone los indicios de delito de malversación apreciados tras la instrucción en la actuación de uno de los investigados, Alfonso Grau, en la campaña municipal de 2007, así como de éste y otra concejal, María del Carmen García Fuster, por cohecho pasivo impropio y blanqueo, respectivamente, en relación a la campaña de 2011.

El magistrado da de plazo 20 días a la Fiscalía y las acusaciones populares personadas en esta pieza del caso Taula a fin de que soliciten el sobreseimiento de las diligencias o la apertura de juicio oral.

El PPCV ha mostrado su "máximo respeto" al auto de procesamiento en un comunicado en el que señala que la resolución judicial notificada este martes es susceptible de recurso, "por lo que no ha adquirido firmeza".

"El Partido Popular respeta la presunción de inocencia, un derecho fundamental reconocido en la Constitución", subraya. También garantiza su respeto a los tiempos procesales y recuerda que se aplican los estatutos del partido a través de sus órganos.