Iberdrola se compromete a no subir los precios a la industria pero pide al Gobierno que retire su "lesivo" decreto

• La compañía defiende que han ahorrado 2.000 millones de euros a la industria por el hecho de mantener los precios pactados
• Calcula que este real decreto-ley supone un "grave perjuicio" de 1.000 millones de euros mensuales para las eléctricas españolas

Fotografía de archivo que muestra el logo de Iberdrola

Iberdrola renovará los contratos de los clientes industriales que lo soliciten para evitar que tengan un problema de costes, pero siempre y cuando el Gobierno retire la tasa que minora los beneficios en el mercado mayorista eléctrico a las tecnologías no emisoras, entre ellas algunas renovables.

Boletines RNE - Iberdrola no subirá precios a la industria si el Gobierno retira el decreto que recorta sus beneficios - Escuchar ahora

La compañía ha dicho en un comunicado que se ha comprometido este jueves a no variar los precios de la electricidad a la industria a la que suministra para no afectar a la competitividad española, "siempre y cuando no se perjudique la producción eléctrica con tributos lesivos".

Ha pedido al Ejecutivo la retirada del real decreto-ley y la ley que recortan la retribución que esas tecnologías obtienen en el mercado por el alto precio del gas y el CO2.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha indicado que "se constata la voluntad del Gobierno de corregir aquello que no se ha hecho bien y llegar a un acuerdo".

Defiende que han ahorrado 2.000 millones de euros a la industria

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la sesión en la que se convalidó el real decreto-ley de medidas urgentes que, entre otras medidas, incluye un mecanismo para minorar la sobreretribución a algunas instalaciones eléctricas, indicó que se buscará una fórmula para no aplicar la minoración de beneficios a las eléctricas que garanticen precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas.

Iberdrola se ha mostrado este jueves favorable a que el Gobierno haga los cambios necesarios en el real decreto-ley y en la ley que minoran los beneficios en el mercado de las centrales no emisoras y que no consumen gas ni emiten CO2, "incluida su retirada".

Según Iberdrola, haber mantenido en lo que va de año los precios pactados con la industria, a pesar del incremento del precio de la electricidad, ha ahorrado a la industria española 2.000 millones de euros.

Asimismo, la compañía ha explicado que las empresas eléctricas no se han beneficiado del incremento de los precios de la luz, sino que, al contrario, han soportado los costes "desorbitados" del precio del gas natural.

En opinión de Iberdrola, "el Gobierno debe corregir dos errores, el real decreto y la ley, que bien seguro se produjeron por falta de información".

Repercusión de mil millones al mes para las eléctricas

La compañía comenzó a informar por carta a los grandes clientes a finales de septiembre, tras la entrada en vigor del real decreto-ley aprobado ese mes, de que se revisarían los contratos de suministro a largo plazo, al hacer nueva normativa insostenible la continuidad en las condiciones económicas establecidas.

Ahora dice que "en la medida de sus posibilidades, asumirá el incremento de costes energéticos para no trasladar a la industria española la situación de los mercados internacionales", aunque cree que "el Gobierno debe entender que no se debe gravar la producción en un momento tan delicado, especialmente tras comprobar que no se han producido beneficios extraordinarios".

Asimismo, ha añadido que Iberdrola será la primera compañía española que renovará los contratos a los clientes industriales que lo soliciten y la segunda en el mundo que asumirá ese esfuerzo en la medida de sus posibilidades, pero "siempre y cuando se retire la tasa a las energías renovables".

Según Iberdrola, la tasa sobre la energía no emisora del real decreto-ley 17/2021 está suponiendo un grave perjuicio de 1.000 millones de euros mensuales para las empresas eléctricas españolas.

Además, ha recordado que la Comisión Europea ha constatado el error de esta regulación por falta de información del Gobierno de España.