Gobierno y PP cierran la renovación del Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos
- Ambos han seleccionado a profesionales con una "dilatada trayectoria" en sus áreas
- Ángel Gabilondo será el nuevo Defensor del Pueblo y contará con la 'popular' Teresa Jiménez Becerril como adjunta
Gobierno y PP han llegado este jueves a un acuerdo para renovar todos los órganos constitucionales pendientes, salvo el CGPJ. Ambos partidos aseguran que "todos son nombres de consenso" y profesionales de "reconocido prestigio" con una "dilatada trayectoria profesional".
Fuentes socialistas se han mostrado satisfechas con el acuerdo alcanzado y lo han calificado como "un primer paso para lograr el desbloqueo de todos los órganos, tal y como establece la ley y la Constitución". Pese al paso dado, el PSOE busca "seguir avanzando" y señala que este pacto "debe extenderse también al CGPJ", órgano de gobierno de los jueces. Desde Unidas Podemos han reivindicado su participación en el acuerdo con nombres próximos a la formación como el de Juan Ramón Saez dentro del Tribunal Constitucional, Luis Antonio Ortiz Mendivil Zorrilla en el Tribunal de cuentas y el de Patricia Barcena, presidenta de CEAR Euskadi y vicedecana del colegio de abogados de Vizcaya, como segunda adjunta en la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, el Partido Popular señala su compromiso por nombrar "perfiles profesionales" y hacen hincapié en el papel de Casado "en el reforzamiento de las instituciones del Estado".
Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional estará conformado por Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales, Concha Espejel Jorquera, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional.
La renovación no alterará sustancialmente el reparto de mayorías, en el tribunal de garantía con un sector conservador predominante, pero corregirá la anomalía de contar con un magistrado menos y dará oxígeno a un tribunal en el que el ambiente se ha enrarecido en los últimos meses.
Tribunal de Cuentas
- Enriqueta Chicano Jávega (consejera del Tribunal de Cuentas)
- Isabel Fernández Torres (profesora de Derecho Mercantil de la UCM)
- Dolores Genaro Moya (consejera del Tribunal de Cuentas)
- Elena Hernáez Salguero (expresidenta del Tribunal Económico- Administrativo de la Comunidad de Madrid)
- Diego Íñiguez Hernández (magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo)
- Rebeca Laliga (subdirectora General del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia)
- José Manuel Otero Lastres (catedrático de Derecho Mercantil)
- Joan Mauri Majós (profesor de Derecho Administrativo Universidad de Barcelona)
- Javier Morillas (catedrático de Economía Aplicada)
- Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla (abogado del Colegio de Vizcaya)
- Mª Luz Rodríguez Rodríguez (gerente tributaria de la Diputación de Barcelona)
- Miguel Ángel Torres Morato (fiscal jefe del Tribunal de Cuentas)
Agencia de Protección de Datos
Por su parte, Borja Adsuara, abogado, vocal de la Sección Primera de la Comisión Propiedad Intelectual y consultor experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital, formará parte de la Agencia de Protección de Datos. Ha participado desde 1992 en toda la legislación española de Derecho Digital y, en especial, sobre Protección de Datos de carácter personal. Un perfil profesional para las funciones de Adjunto a la presidencia de la Agencia de Protección de Datos.
Defensor del Pueblo
Horas antes, el Gobierno y el PP han cerrado el nombramiento de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo que contará con la 'popular' Teresa Jiménez Becerril como adjunta.
Gabilondo sustituirá a Francisco Fernández Marugán, exdiputado socialista de 75 años que ejerce este cargo en funciones desde julio de 2017, tras dejar el puesto la exdiputada popular Soledad Becerril al cumplir su mandato de cinco años.
El CGPJ, único órgano sin renovar
El pasado febrero, estos partidos ya habían alcanzado un acuerdo para renovar el Consejo de Administración de RTVE. La corporación pública llevaba desde julio de 2018 en situación de interinidad, sin este consejo y con una administradora única provisional.
El acuerdo de este jueves deja, por tanto, al Consejo General del Poder Judicial como el único órgano pendiente de renovación. El gobierno de los jueces lleva en funciones más de mil días, y se ha convertido en un eterno motivo de tira y afloja entre Gobierno y oposición, que se acusan mutuamente de impedir esta renovación.
El Poder Judicial estuvo a punto de ser renovado en dos ocasiones. En la primera, en 2018, se había acordado que el conservador Manuel Marchena sería el presidente y habría mayoría progresista, con 11 jueces de 20. Todo quedó en papel mojado por un mensaje de Whatsapp del entonces líder del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que aseguraba que con el pacto su partido controlaría la Sala Segunda del Supremo, la encargada de juzgar casos de corrupción "desde detrás". El escándalo que supuso la publicación de este mensaje provocó la renuncia de Marchena y una vuelta a la casilla de salida.
El PSOE urge al PP a renovar el CGPJ
El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha celebrado el acuerdo que el Gobierno y el PP han cerrado para renovar cuatro de los cinco órganos constitucionales con mandato caducado, y ha urgido a aprovechar este "primer paso" para desbloquear lo antes posible el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"Nuestro propósito es seguir avanzando en la negociación. Esperamos que sea el primer paso para avanzar en la renovación del Poder Judicial lo antes posible", ha asegurado en una rueda de prensa en el Congreso, tras hacerse público el acuerdo, a última hora de este jueves.
En cuanto a esa renovación del CGPJ que queda pendiente, y a la exigencia del PP de que el Gobierno se comprometa antes a reformar el sistema de elección, Gómez ha reafirmado que lo primero es renovar con la legislación vigente y, ya después, abordar los debates que se planteen, respetando, eso sí, "la voluntad de todos los grupos representados en el Congreso".
"El PSOE está dispuesto a atender esa sensibilidad y que se planteen propuestas de otros partidos para afrontar cualquier tipo de negociación en materia de un nuevo marco que se pueda establecer, respetando la voluntad de todos los grupos representados", ha asegurado.