El Supremo deja claro a Batet que Rodríguez está condenado a inhabilitación

• La presidenta del Congreso había pedido al Supremo aclarar la situación del diputado de Unidas Podemos
• En su escrito, Marchena insiste en que Rodríguez está condenado a prisión pero no entra en si debe perder el acta de diputado

El diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez interviene en un pleno en el Congreso de los Diputados.

El Tribunal Supremo ha respondido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que debe ejecutarse la inhabilitación del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, tras su condena por golpear a un policía. En un escrito remitido este viernes por el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, señala que ya había dejado claro a la defensa de Rodríguez que no había errores en la sentencia y que debe ser inhabilitado porque así lo exige la ley cuando se impone una pena de prisión, aunque esta sea sustituida por una multa.

Batet pidió este jueves una aclaración al Alto Tribunal ante las demandas de Podemos y el informe jurídico de la Cámara Baja sobre la inhabilitación de Rodríguez, después del requerimiento que le había remitido el Tribunal Supremo para que le anuncie la fecha en la que se le retiraría su acta.

Ahora, Marchena subraya la vigencia de la inhabilitación pues se trata de una pena accesoria que es obligada en virtud del Código Penal, que así lo exige cuando se imponga una pena de prisión como es el caso. Rodríguez fue condenado a mes y medio de cárcel por un delito de atentado contra agente de la autoridad, aunque "solo a exclusivos efectos de ejecución" esta pena fue sustituida por multa de 540 euros.

Sin embargo, Marchena no aclara si Rodríguez debe perder su acta de diputado, y recuerda a Batet que entre las funciones del Tribunal Supremo no está la de "asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia ya firme".

Otra cuestión clave en este caso es si la inhabilitación del diputado canario afecta solo a su derecho a presentarse a las elecciones o también a seguir como diputado. En el escrito del Supremo se hace referencia dos veces a su inhabilitación para "sufragio pasivo", es decir, para ser elegido en futuros comicios, pero no a su condición de diputado.

En el artículo sexto de la Ley Electoral, se declara que son inelegibles al derecho de sufragio pasivo "los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena".

Polémica por la decisión del Congreso de mantener su escaño

Tras la sentencia, un informe de los letrados de la Cámara Baja concluyó el lunes que Rodríguez podía mantener su acta de diputado. Se basaban en que el Supremo había fijado una pena de multa en lugar de una privativa de libertad, lo que hubiera sido "determinante de la causa de inelegibilidad contemplada en el artículo 6.2 a) de la Ley Electoral". Pero al haber optado por una pena sustituta "no cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado".

Sin embargo, Marchena insiste en su comunicación que ya había aclarado a la defensa de Rodríguez que la pena era de prisión, aunque se hubiera sustituido por una multa, por lo que estaba prevista la inhabilitación.

Acogiéndose a ese informe, la Mesa del Congreso acordó el martes mantener a Rodríguez como diputado, pese a la negativa de PP y Vox, que anunciaron que llevarían este caso a la Junta Electoral Central.

PP y Ciudadanos piden suspender ya a Rodríguez como diputado

Rodríguez ha denunciado que con la amenaza de su inhabilitación el voto democrático "está siendo atacado sin base jurídica". "Quien niegue la importancia de los símbolos, miente. En tiempos como estos, cuando el voto democrático de decenas de miles de canarios y canarias está siendo atacado sin base jurídica alguna, cobran más valor si cabe", ha señalado, conmemorando el Día de la Bandera Canaria.

Para el portavoz de la formación morada en el Congreso, Pablo Echenique, el escrito "deja claro que Alberto Rodríguez no debe perder el escaño", ya que, según su interpretación, Marchena solo se refiere a la inhabilitación para sufragio pasivo, es decir, a no poder presentarse a las elecciones.

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, Batet "tiene que inhabilitar de inmediato al diputado de Podemos que ha sido condenado por patear a un policía". "Todos los españoles somos iguales ante la ley. Basta ya de poner en jaque a la Justicia española", ha asegurado desde Oviedo, en la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

También la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha instado a Batet a "rectificar ya, acatar la sentencia del Tribunal Supremo y dejar de intentar proteger a un diputado de Podemos condenado por patear a un policía".

El presidente del Gobierno ha evitado pronunciarse sobre este caso y ha defendido que al haber "independencia de poderes", la posible retirada del acta de Rodríguez "se tiene que dirimir entre dos poderes, el legislativo y el judicial. "Lo que hace el Ejecutivo es respetar la independencia de ambos poderes", ha insistido.

También la ministra de Justicia, Pilar Llop ha achacado la polémica a "una controversia jurídica que existe entre los letrados de la Cámara (Congreso de los Diputados) y el Tribunal Supremo".