Unidas Podemos denunciará a Batet por prevaricación tras retirarle el acta a Alberto Rodríguez

• Según Unidas Podemos, Batet ha actuado así por las "presiones" de la extrema derecha
• La presidenta del Congreso ha tomado la decisión tras días de tensión entre el poder legislativo y el judicial

El diputado Alberto Rodríguez pierde su escaño y UP se querella contra Batet por prevaricación

Unidas Podemos ha anunciado que interpondrá una querella contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por un presunto delito de prevaricación tras la decisión "unilateral" de comunicar la retirada del escaño al hasta ahora diputado de la formación Alberto Rodríguez.

Según han explicado fuentes del grupo confederal, la determinación de Batet de sustraer la condición de diputado a Rodríguez bajo el argumento de ejecutar la sentencia de inhabilitación del Tribunal Supremo se adopta contra el criterio de los letrados de la cámara y de la Mesa del Congreso, que se expresaron favorables a que conservara su acta.

"La presidenta del Congreso conoce la sentencia y sabe que la inhabilitación de Alberto Rodríguez era para ser elegido en unas próximas elecciones durante 45 días, lo que en ningún caso implica perder el escaño", argumentan en Unidas Podemos.

Por tanto, han censurado que su decisión, que toma "cediendo ante la vergonzosa presión del Supremo y a la extrema derecha", hace "un "daño enorme" a la democracia y al país.

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Por su parte, fuentes socialistas han reiterado su postura "de respeto absoluto a la independencia judicial que se plasma siempre en el acatamiento y cumplimiento de las sentencias que dictan los tribunales en el ejercicio de sus funciones". Han defendido así que "la presidenta del Congreso se ha limitado en todo momento a dar cumplimiento a la ley y a las sentencias emanadas de los tribunales y así lo ha hecho este viernes de nuevo, una vez despejadas las dudas sobre su aplicación".

"Las sentencias se pueden recurrir, pero no se pueden incumplir. Por todo ello, el Partido Socialista respalda la actuación a la Presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de su deber", han indicado.

Un "asalto a la democracia"

La líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que Rodríguez fue condenado "a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí" y ha denunciado que "el objetivo era quitarle el escaño".

También el portavoz de la formación en la Cámara Baja, Pablo Echenique, ha lamentado que "Batet ha cedido a las presiones de Marchena y de la (ultra)derecha política y mediática que pedían sangre y, encima, lo ha hecho aún a riesgo de prevaricar.". Según ha recordado en Twitter, en la sentencia no figura la retirada del escaño. También ha compartido la denuncia la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha asegurado que detrás de esta decisión "está la reacción judicial y política más profunda". "Es un asalto a la democracia", ha escrito.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sostenido que no hay "un solo argumento legal" que permita la pérdida de su condición de diputado, como explicaron los letrados de la cámara. Y por tanto cree que detrás de la decisión "está la reacción judicial y política más profunda", lo que constituye "un asalto a la democracia".

Junto a ellas, varios cargos del espacio confederal han tildado de "vergüenza", "golpe judicial" y "ataque a la democracia" la retirada del acta del diputado, cargando duramente contra el magistrado del alto tribunal, Manuel Marchena.

El CGPJ reprocha a Belarra su ataque al Tribunal Supremo

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reprochado este viernes a la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, un mensaje en redes sociales donde cuestionaba la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el diputado Alberto Rodríguez y la posterior retirada del escaño por decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

En un comunicado, el órgano de gobierno de los jueces ha mostrado su "absoluto y rotundo rechazo" a las manifestaciones de Belarra "con mayor rotundidad que en otras ocasiones" porque atribuyen "la comisión de un delito a sus magistrados", una afirmación que, a su juicio, "excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión" además de "generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación".

El CGPJ ha recordado que Belarra es "un miembro del Poder Ejecutivo" por lo que este tipo de declaraciones sitúan "las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable".

Los letrados del Congreso, contrarios a su inhabilitación

Rodríguez fue condenado por el Supremo a una pena de prisión de un mes y 15 días por un delito de atentado a agente de la autoridad, aunque el mismo tribunal sustituyó la pena de prisión por una multa de 540 euros, a razón de seis euros por 90 días.

A esta sustitución de la pena se habían acogido los letrados del Congreso para concluir que el parlamentario canario no debía ser suspendido. Se basaban en que el Supremo había fijado una pena de multa en lugar de una privativa de libertad, lo que hubiera sido "determinante de la causa de inelegibilidad contemplada en el artículo 6.2 a) de la Ley Electoral". Pero al haber optado por una pena sustituta "no cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado".

Acogiéndose a ese informe, la Mesa del Congreso acordó el martes mantener a Rodríguez como diputado, pese a la negativa de PP y Vox, que anunciaron que llevarían este caso a la Junta Electoral Central.

Tras conocer el informe y ante un oficio del Supremo en el que requería a la presidencia del Congreso que le anunciara la fecha en la que se le retiraría su acta, Batet pidió el jueves al Supremo una aclaración sobre la situación del diputado. En su respuesta del viernes, Marchena subraya la vigencia de la inhabilitación pues se trata de una pena accesoria que es obligada en virtud del Código Penal,

Sin embargo, Marchena no explicitaba si Rodríguez debía perder su acta de diputado, y recordaba a Batet que entre las funciones del Tribunal Supremo no está la de "asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia ya firme".