El pulso entre Calviño y Díaz por la reforma laboral: dos formas de entender la economía en el seno del Gobierno

• Calviño aboga por derogar los elementos "más lesivos" de la reforma del PP y Díaz por acabar al completo con la norma
• La primera disfruta de la simpatía de las patronales empresariales y la segunda, de las organizaciones sindicales

La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, a la izquierda, al lado de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El Gobierno de coalición tiene dos formas de entender la economía y las relaciones laborales, algo que desde el inicio de la legislatura ha provocado más de una decena de choques entre ambos socios, a cuenta de las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional, las ayudas a empresas y trabajadores para hacer frente al golpe de la pandemia o la derogación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Una de ellas la encarna el PSOE, con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a la cabeza; la otra parte está representada por la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, como líder de Unidas Podemos.

La primera tiene un perfil más ortodoxo y tecnócrata, goza de una buena reputación en la Comisión Europea y disfruta también de la simpatía de las patronales empresariales y de otros organismos económicos por alejarse de las tesis más 'izquierdistas' del Gobierno. La segunda lleva el diálogo por bandera, es una acérrima defensora de los derechos laborales y cuenta con el apoyo de las organizaciones sindicales y sociales.

Desde el comienzo de la legislatura hay mucha literatura sobre las batallas que han librado estas dos mujeres, gallegas e independientes de sus respectivas formaciones, principalmente por sus diferencias ideológicas. La madre de todas ellas es la derogación de la reforma laboral, que en las últimas semanas ha vuelto a la agenda del Gobierno, después de meses postergándola. Sin embargo, el Ejecutivo ya se ha quedado sin margen de actuación porque la Comisión Europea exigió que los cambios en materia laboral estuvieran listos antes de final de año. Por tanto, ha llegado el momento de abordarla.

Hasta esta pasada semana, la ministra ‘morada’ ha sido la encargada de monitorear las negociaciones; sin embargo, todo saltó por los aires el pasado jueves cuando la Vicepresidencia económica mandó un correo al Ministerio de Trabajo informando de que la reforma laboral pasaría a ser coordinada por Nadia Calviño a partir de ahora, explicaron fuentes gubernamentales a RTVE. Díaz quedaba así relevada de esa función, participando en adelante como cualquier otro ministerio afectado.

La respuesta de Unidas Podemos no tardó en llegar: exigieron una reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de Gobierno, al considerar el asunto como "gravísimo" y una "injerencia" de Calviño en el terreno competencial de la ministra de Trabajo. Un acuerdo, de algo menos de dos horas que acabó sin acuerdo al no existir, precisamente, "un consenso sobre la reforma laboral". Horas antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había respaldado a la vicepresidenta primera, alegando que es un asunto que depende de todo el Gobierno, ya que hay hasta cinco departamentos afectados. Pero los ‘morados’ no se resigna a aceptarlo: la reforma laboral es su proyecto estrella, uno de los pilares de la legislatura y el asunto en el que Díaz se ha volcado en los últimos cinco meses.

Precisamente Díaz ha criticado este lunes que “hay una parte del Gobierno” que “no quiere que se cambie el modelo de relaciones laborales” y ha pedido al PSOE que se “aclare” porque están dando "declaraciones contradictorias". A su juicio, el debate “no va de ver quién lidera” esta cuestión, sino de “qué” se va a hacer al respecto. Y es que, mientras que Calviño aboga por derogar los elementos "más lesivos" de la reforma laboral del PP, Díaz apuesta por acabar al completo con la norma, tal como está estipulado en el acuerdo de coalición, que sirve desde comienzos de 2020 de hoja de ruta para el Gobierno.

La coalición entre PSOE y PP se resiente por la reforma laboral y Díaz reconce que el momento es "delicado"

Calviño apuesta por una reforma "equilibrada" y Díaz por la reforma “total”

La vicepresidenta primera del Gobierno, por su parte, se resiste a apoyar expresamente la derogación de la reforma laboral del PP. Calviño ni siquiera pronuncia en sus intervenciones la palabra “derogación”, sino que apuesta por una "modernización del mercado laboral" y una reforma "equilibrada" de la norma aprobada en 2012. Entre estos "cambios equilibrados" -que comparte con Díaz-, aboga por la simplificación de las modalidades contractuales, la creación de un mecanismo de estabilidad y flexibilidad interna en las empresas a través de la adaptación de las horas y no de la rescisión de la relación laboral (una especie de ERTE permanente), la reforma de la subcontratación, así como la "modernización de la negociación colectiva".

Este último punto aborda de facto el desmontaje de varios de los elementos llamados "más lesivos" de la reforma laboral del PP, como la supremacía del convenio de empresa sobre el sectorial. La intención del Gobierno es darle la vuelta a esta medida y restaurar la supremacía del convenio sectorial sobre el de empresa en los aspectos sustanciales de las relaciones laborales, como la cuantía del salario base y de los complementos.

Otro de las medidas que ambas vicepresidentas coinciden en tumbar de la norma implantada por el Gobierno de Mariano Rajoy es la mayor facilidad para la modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte del empresario y el límite a la ultraactividad de los convenios colectivos, que hace referencia a la prórroga automática de los convenios colectivos, en el caso de haber finalizado el plazo máximo de negociación de uno nuevo sin alcanzar acuerdo.

A pesar de estas coincidencias, el principal punto de enfrentamiento se encuentra en lo relativo a los tipos de contratos. La vicepresidenta segunda va un paso más allá que Calviño y, con el fin de atajar la precariedad, la temporalidad y la inestabilidad, propone fijar como tipo de contrato ordinario el indefinido e impulsar el fijo discontinuo para circunstancias que ahora se cubren con contratos temporales. La titular de Asuntos Económicos, por su parte, habla de buscar un equilibrio entre la necesaria flexibilidad interna de las empresas y la minimización de los procesos de reducción del empleo.

Se trata de una de las medidas que más tensión ha ocasionado con la patronal y que la parte más ortodoxa del Gobierno rechaza, ya que los considera “necesarios” en determinados sectores y épocas del año y, al mismo tiempo, entiende que suprimirlos radicalmente merma las posibilidades de recuperación y crecimiento económico. Los sindicatos, por su parte, han anunciado movilizaciones en caso de que no se lleve a cabo.

La derogación de la reforma laboral, en el acuerdo de coalición

Lo cierto es que la derogación de la reforma laboral es una de las iniciativas planteadas por ambos socios de coalición en el acuerdo de investidura. “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos”, subraya el texto.

“Derogaremos la reforma laboral“

El programa pone sobre la mesa tres medidas concretas calificadas de "urgentes": la derogación del despido causado por bajas por enfermedad -ya aprobado-; la derogación de las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, "haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo"; y la derogación de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Además, se recogen otros compromisos en esta materia, como la limitación de la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa; la limitación de la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa; y la revisión del mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándose al descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.

Todo esto ante la negativa de la patronal CEOE, la presión de los sindicatos por derogarla y mientras España sigue en el punto de mira de Bruselas, que deberá comprobar antes de final de año si estos cambios se enmarcan en las políticas que persiguen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pues de ello depende la llegada de una nueva partida de 27.000 millones de euros de los fondos europeos incluida en los Presupuestos para 2022.