La brecha de la vivienda social en España: en mínimos de los últimos 40 años y a la cola de la UE

• Tras marcar máximos durante los años 80, la construcción de viviendas protegidas se desplomó con la burbuja inmobiliaria
• España tiene menos de una vivienda social por cada 100 habitantes, lejos de las cuatro de la media de la Unión Europea

Una persona reclama el acceso a una vivienda digna

La vivienda social en España no pasa por su mejor momento. El parque público de vivienda registra la cifra más baja de las últimas cuatro décadas, apenas un 1,6 % del total, situándose a la cola de la Unión Europea (UE), donde países como Francia, Austria o Dinamarca superan el 15 %. Los datos con los que trabaja el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) confirman la brecha que separa la vivienda social en España de los países punteros en protección social y evidencian la necesidad de incrementar dicho parque con el fin de garantizar su acceso a la población más vulnerable.

Con este objetivo, la ley de vivienda aprobada por el Consejo de Ministros este martes incluye la obligatoriedad de reservar hasta el 30 % de las nuevas promociones para viviendas de protección oficial, de las cuales la mitad irán destinadas al alquiler social. Tal como señala el texto, si el suelo se ha recalificado porque era rústico se deberá destinar un 30 % a ese fin, y un 10 % si la obra se realiza sobre suelo que ya era urbano. En ambos casos, serán los ayuntamientos quienes compensen a las promotoras.

Actualmente el parque de vivienda social en España -aquellos inmuebles propiedad del Estado que se alquilan o venden a precios asequibles- se sitúa en el entorno de las 290.000 viviendas. Se trata de una cifra que contrasta con los más de 2,3 millones de viviendas protegidas construidas en el periodo 1981-2019, una diferencia que desde el Gobierno justifican por el escaso peso de la vivienda pública reservada al alquiler -siendo destinadas de manera mayoritaria a la venta- y los episodios en los que buena parte de la vivienda de titularidad pública fue vendida a empresas privadas. Pero, ¿cómo de profunda es la brecha en la vivienda social en España?

1. La vivienda social, en mínimos históricos

Hay que remontarse a 1911 para encontrar los inicios de la vivienda social en España, cuando se aprobó la denominada ‘Ley de las casas baratas’, que se mantuvo durante casi 20 años. El fenómeno vivió un 'boom' en la segunda mitad de siglo y, en la década de los 80, España lograba terminar más de 100.000 viviendas de protección oficial cada año, tal como apunta el Boletín Especial de Vivienda Social que presentó el Mitma en 2020.

La entrada en los 90 coincidió con una notable reducción, del 50 % en el año 1991, una cifra que siguió mermando -salvo un leve repunte a mitad de década- hasta situarse por debajo de las 8.000 viviendas protegidas anuales en el último lustro, que representan valores mínimos de los últimos 40 años. En 2016 la cifra tocó fondo hasta las 4.938 viviendas sociales terminadas.

A mitad de la década de los 80, la producción de vivienda protegida llegó incluso a superar la de vivienda libre, situándose por encima del 50 % del total, pero a partir de 1988 el porcentaje fue cayendo hasta el 7,2 % del año 2002, coincidiendo con una etapa de fuerte incremento de la producción en el inicio del boom inmobiliario. En los últimos años el porcentaje se redujo de nuevo, aunque esta vez en un contexto de mínimos históricos también en la producción de vivienda libre.

2. Andalucía cuenta con el mayor parque de vivienda social

Por comunidades, Andalucía supera con creces al resto de regiones en lo que respecta al parque de vivienda social -con 74.784 viviendas-, destinando más del 70 % del total al régimen de arrendamiento. Le sigue el País Vasco, con 23.874 viviendas, y, en tercer lugar, la Comunidad de Madrid, con 20.077 viviendas. Por contra, Castilla y León acumula 9.644 viviendas de protección social, de las que un 80 % están destinadas a la venta. No obstante, en los últimos años la promoción de vivienda de alquiler social ha sido prácticamente nula, destaca el Mitma.

Por municipios de más de 20.000 habitantes, Barcelona es la ciudad con un mayor parque de vivienda social en España, según el Ministerio, con 8.758 viviendas sociales o viviendas de titularidad municipal en régimen de arrendamiento, seguida de Madrid, con 6.304 viviendas sociales, y de Bilbao, con 4.169. También destacan los municipios de Málaga (3.920 viviendas sociales), Zaragoza (2.258) y Sevilla (2.011).

3. España, a la cola de la UE

La auténtica brecha se da con respecto a nuestros vecinos europeos. España tiene menos de una vivienda social (0,9) por cada 100 habitantes, lo que sitúa al país a la cola de la Unión Europea, en el duodécimo puesto de la lista, tan solo por delante de Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Estonia, Croacia y Rumanía, y teniendo en cuenta que este tipo de activos no existe en otros cinco Estados comunitarios. De hecho, la media europea (3,8) cuadruplica a la tasa española, con un total de cuatro residencias protegidas por cada centenar de ciudadanos.

Por países miembros, Países Bajos se sitúa a la cabeza comunitaria, con más de 12 inmuebles sociales por centenar. Le siguen, también por encima de la media, Austria, con 10 viviendas, Dinamarca (9,5), Suecia (8), y Reino Unido y Francia, ambos con algo más de 7,5 por cada grupo de 100.

En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó en uno de sus últimos informes (junio de 2021) de que la prioridad para España debe estar en fomentar la inversión en vivienda social y asequible ante el problema de acceso para una parte significativa de la población, y que se ha hecho más evidente con la crisis del coronavirus. De acuerdo con sus últimos datos, relativos a 2019, el stock de viviendas de alquiler social en España era del 1,1 %, una cifra solo por delante de Estonia, Lituania y la República Checa. El organismo destacó, además, que apenas ha variado este porcentaje en la última década.

4. La vivienda pública representa el 2,5 % del total en España

Los datos mejoran levemente si se tiene en cuenta el peso de la vivienda protegida en función del número total de viviendas habituales en España. En este caso, por cada 100 residencias principales, España suma 2,5 sociales. Los expertos señalan que hacen falta al menos un millón de viviendas públicas destinadas al alquiler para hacer frente a las necesidades residenciales de la población.

A pesar de este pequeño avance, nuestro país vuelve a estar a la cola comunitaria, ya que la media de la Unión Europea asciende al 9,3 %, es decir, a casi 7 puntos de diferencia. A la cabeza se sitúan países como Países Bajos o Austria, con 30 y 24 viviendas sociales, respectivamente, por cada 100 habituales; otros vecinos como Francia alcanzan las 17 residencias, mientras que Italia y Portugal acumulan 3,7 y 2 viviendas de protección pública por cada centenar, respectivamente.

Ante el limitado parque de viviendas de alquiler a precios asequibles, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, destacó la pasada semana la puesta en marcha del Plan de Vivienda cuyo objetivo es habilitar 100.000 viviendas para ser ofertadas en régimen de alquiler asequible, a través de la sinergia de distintos planes y programas. En concreto, se va a dotar con más de 45.000 nuevas viviendas los parques públicos de vivienda social y se van a ofrecer otras 56.000 viviendas en este régimen de alquiler asequible a través de mecanismos de concertación con distintos agentes.

5. España destina 35 euros/habitante en protección social a vivienda

Otra brecha que separa a España de los socios europeos tiene que ver con el gasto público por persona que se dedica en protección social a través de la vivienda. En la última década de los que hay datos disponibles (2007-2017), la inversión en vivienda social por habitante en España superó ligeramente los 35 euros, muy lejos de la media europea, que se situó en 148 euros. La inversión de otros países comunitarios como Alemania, Reino Unido, Irlanda o Luxemburgo multiplicó por seis a la española. En el caso británico, que entonces seguía perteneciendo a la UE, marcó cifras récord de hasta 439 euros.

En lo que tiene que ver con la variación porcentual de la inversión en protección social en vivienda, los datos de la última década dan cuenta de una estabilidad generalizada del gasto, con algunos incrementos leves. Sin embargo, son también significativos algunos casos en los que el presupuesto destinado a protección en vivienda ha disminuido, especialmente en el último lustro. Los casos más significativos se han dado en Grecia (-81 %), Bulgaria (-65 %), Hungría (-43 %), Polonia (-37 %) y España, con una caída del 39 %.

Si se comparan las cifras de gasto en protección social, con las del gasto en promoción de la vivienda y fomento de la edificación, el gasto medio en promoción de la vivienda y fomento de la edificación por habitante en España se situó en 2.228,2 millones de euros, lo que representa una media de 48,1 euros por habitante en el periodo analizado. En este caso, registró una variación del -20,3 % en dicho periodo.