Los ayuntamientos piden un fondo compensatorio al Gobierno tras perder la plusvalía y reclaman "seguridad jurídica"

• Urgen al Ejecutivo a aprobar una norma que garantice la recaudación, tras la sentencia del Constitucional
• Piden que se compense también lo no recaudado por anteriores fallos del TC

La ministra de Política Territorial con el presidente de la FEMP.

La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado una declaración conjunta en la que, además de pedir urgentemente una norma que aporte seguridad jurídica tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre plusvalías, reclaman al Gobierno un fondo compensatorio por la cantidad no recaudada con este impuesto, que estiman en unos 2.500 millones de euros anuales.

Según han acordado todos los grupos municipales de la Junta de Gobierno de la FEMP, reunida este jueves en Torremolinos por su 40 aniversario, se demanda al Gobierno la aprobación "urgente" de una norma legal que reforme el impuesto sobre la plusvalía, de manera que "garantice la seguridad jurídica de los ciudadanos y los Gobiernos locales y la correspondiente recaudación para las haciendas locales".

Además, en el segundo punto de la Declaración, los ayuntamientos piden, a expensas de la publicación de la sentencia, que se les dote de un fondo de compensación por las cantidades no recaudadas, y añade que "este concepto debe hacerse extensivo a las pérdidas de recaudación originadas por las anteriores sentencias del Tribunal Constitucional".

La FEMP también solicita a Congreso y Senado que tramiten de urgencia las normas que sean necesarias para poder acometer estas demandas de los ayuntamientos con respecto al impuesto de las plusvalías.

"Merma importante de las arcas municipales"

Por su parte, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Ejecutivo esperará a conocer el contenido de la sentencia del Constitucional que anula las plusvalías para responder a esta situación que "provoca una merma importante de las arcas municipales".

El Gobierno está "esperando a conocer concretamente la formulación en que se expresa el Constitucional para dar una respuesta que dé satisfacción a esta situación que realmente provoca una merma importante en las arcas municipales y en los recursos para la prestación de servicios básicos a la ciudadanía", según la ministra.

Ha reiterado que el Ejecutivo tiene preparados "textos y borradores", pero "por rigor" no puede avanzar nada más, ya que "dependerá del tenor de la sentencia", aunque ha avanzado que actuará "para dar respuesta a una demanda legítima de los ayuntamientos" que el Ejecutivo "apoya".

En otro orden de cosas, ha avanzado que se está "trabajando en el texto legal para modificar la Ley de Bases de Régimen Local en la dirección de aclarar competencias y también de atender a los municipios de menor población para combatir así el reto demográfico".