El Tribunal Supremo confirma que el ERE de Alcoa en San Cibrao es nulo

• Los jueces aprecian "mala fe" por parte de la multinacional siderúrgica
• El ERE declarado nulo afectaba a más de 500 trabajadores

Un trabajador de Alcoa en una manifestación en una imagen de archivo.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló el expediente de regulación de empleo (ERE) que Alcoa pretendía ejecutar en la planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo).

Los magistrados de la sala de lo social del Supremo se reunieron el pasado miércoles día 20 para deliberar sobre el recurso que interpuso la multinacional contra la anulación del ERE, que afectaba a más de 500 trabajadores.

Con su decisión, desestiman el recurso de casación interpuesto por el Grupo Alcoa Inespal. En su día, el TSXG decretó nulo el ERE de Alcoa al apreciar "mala fe" en las negociaciones por parte de la empresa, cuyo "fin único y primordial" era "apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible".

"Valoración positiva" de los trabajadores

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha hecho una “valoración positiva” de esta noticia, que “confirma lo que veníamos diciendo desde el primer momento, que la compañía actuó de mala fe”.

Se trata del tercer revés judicial que se lleva la multinacional, después de que, previamente, el TSXG prohibiese cautelarmente el apagado de las cubas de electrólisis, “auténtico corazón de la fábrica”, y de que, posteriormente, anulase el ERE planteado por la multinacional.

Ahora, ha dicho Zan, queda “sentarse de nuevo a la mesa de negociación” para tratar de buscar “una salida a esta situación”, tanto por parte “de las administraciones como de la propia Alcoa”, bien sea a través de “una venta directa”, con la correspondiente “garantía de la operación a través de un organismo público”, o mediante la intervención de la SEPI.

“Un comprador fiable y solvente, elegido por el Ministerio“

En ese sentido, ha insistido en la necesaria intervención del Gobierno para facilitar la operación de venta “a un comprador fiable y solvente, elegido por el Ministerio”, que garantice el futuro “industrial” de la comarca, de forma concreta “el mantenimiento del 100 % de la producción y de los puestos de trabajo”.

Añade que esa venta tiene que venir obligatoriamente acompañada de “inversiones” que aseguren el futuro y la competitividad de las instalaciones y de un “marco energético” estable y competitivo que haga rentable la producción de aluminio en España.