Un Tribunal Supremo dividido escucha los argumentos contra el veto al aborto en Texas
- La legislación ni siquiera contempla excepciones frente a supuestos como violación o incestos
- La justicia deberá decidir si el Ejecutivo Federal puede demandar a Texas
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha escuchado los argumentos orales del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, y de clínicas abortivas sobre la presunta inconstitucionalidad de la ley en Texas que prácticamente prohíbe el aborto en este estado.
A lo largo de tres horas, el abogado de una coalición de organizaciones y clínicas que ofrecen servicios abortivos y el Ejecutivo federal desgranaron sus argumentos en dos casos separados contra la norma.
Actualmente la máxima instancia judicial del país tiene una mayoría conservadora, pero se encuentra dividida respecto a esta legislación, que veta el aborto a partir de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas.
De acuerdo a las preguntas que hicieron y según la impresión generalizada en medios de comunicación nacionales, la mayoría de los nueve jueces parece inclinada a permitir que las clínicas sigan adelante en su afán de plantar cara a la ley en los tribunales, no así la Administración de Biden.
La legislación de Texas, estado controlado por los republicanos, entró en vigor en septiembre y ni siquiera contempla excepciones en casos de incesto o violación.
La ley anima a presentar denuncias al ofrecer una compensación económica
Uno de sus aspectos más polémicos es que deja en manos de particulares, y no de funcionarios estatales, como suele ser habitual, su aplicación, ya que cualquier persona puede presentar demandas civiles contra cualquiera que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición.
Asimismo, anima a presentar denuncias al ofrecer una compensación de hasta 10.000 dólares a los demandantes si ganan el juicio, lo que fue calificado hoy tanto por el Gobierno de Biden como por las clínicas como un "botín" para implementar una ley, que tiene "un efecto paralizante" de los abortos.
Ese mecanismo hace más complicado llevar la norma ante los tribunales, lo que, para el Ejecutivo federal y los grupos proaborto vulnera la igualdad de los ciudadanos ante la ley y hace que la medida sea inconstitucional.
La ley entró en vigor con el apoyo de cinco jueces frente a cuatro
El Tribunal Supremo se ha visto muy dividido en relación a esta restrictiva ley desde que entró en vigor con el apoyo de cinco jueces frente a cuatro el pasado septiembre.
No obstante, la división en el seno del tribunal parece ir a menos. Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, dos de los magistrados nominados por Donald Trump y que se opusieron a bloquear la norma en un primer momento, han indicado algunas cuestiones que podrían indicar que están a favor de que las organizaciones proaborto sigan adelante con su caso.
El abogado Marc Hearron, del Centro para los Derechos Reproductivos, uno de los grupos que han llevado la norma ante la Justicia, sostuvo que el mecanismo que deja en manos de particulares la implementación de la norma texana es "excepcional, no tiene precedentes".
"Ha convertido el sistema de justicia estatal en una herramienta que puede ser empleada para abolir los derechos constitucionales", dijo Hearron, quien ha advertido de que la ley puede proporcionar "una hoja de ruta" a otros estados para acabar con otros derechos reconocidos en la Carta Magna del país.
Por ello ha solicitado al Supremo que emita una orden que evite que los secretarios de juzgado en Texas comiencen a aceptar denuncias contra infractores de la norma.
El Supremo debe decidir si el Ejecutivo Federal puede demandar a Texas
El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EE.UU. en 1973 gracias al fallo del Supremo en el caso "Roe contra Wade", en el que reconoció que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación.
Pese a que el tema es el aborto, en estos dos nuevos casos el Supremo no tiene que decidir sobre la legalidad del mismo, sino sobre el mecanismo empleado para aplicar la ley texana y si el Ejecutivo Federal tienen derecho a demandar a Texas por su veto al aborto.
Debido a que el alto tribunal tendrá que dirimir sobre la forma y no el fondo, buena parte de ambas sesiones ha versado sobre si aquí es pertinente aplicar "Ex parte Young", un caso de 1908 por el que el Supremo reconoció el derecho a presentar demandas en cortes federales contra decisiones de funcionarios estatales, cuando el estado ha actuado contra normas nacionales y la Constitución.
En su audiencia, la procuradora general del Gobierno Federal, Elizabeth Prelogar, ha subrayado la excepcionalidad de la ley para llevarla ante los tribunales.
"Nunca ha habido una ley exactamente como esta -ha dicho Prelogar-, ningún estado ha buscado nunca desafiar la supremacía de una ley federal ni mantener a las cortes fuera de la ecuación al mismo tiempo".
La administración Biden sostiene que "la situación tiene una urgencia adicional"
Desde el Gobierno Federal han explicado que "la situación tiene una urgencia adicional, porque lo que Texas ha hecho ha sido tomar un precedente constitucional establecido por esta corte y ha legislado en un claro desafío a ese precedente".
La procuradora general ha afirmado que Texas ha diseñado la ley en "un intento deliberado de evitar que las cortes federales hagan nada contra una violación constitucional, ningún estado ha elaborado y aplicado un plan como este".
Por otro lado, el procurador general estatal texano, Judd Stone, ha apuntado que no hay base legal para que el Gobierno federal ni las clínicas demanden al estado.
"Se supone que los jueces estatales aplican la ley federal de manera fiel", ha recordado Stone, quien ha señalado que si una persona presenta una denuncia ante un juzgado en aplicación de la norma de Texas es porque puede sufrir "un daño moral o psicológico extremo" tras saber que una amiga ha decidido abortar.
Las clínicas de Texas "esperanzadas" tras la sesión en el Supremo
Las clínicas abortivas y las organizaciones que han demandado a Texas se han mostrado "esperanzadas" tras la sesión de este lunes ante el Tribunal Supremo de EE.UU.
En una rueda de prensa virtual después de la audiencia, el abogado Marc Hearron, encargado de exponer los argumentos de las clínicas ante el Supremo, se ha mostrado "contento" después de ver que varios jueces de la máxima instancia judicial del país están "seriamente preocupados con lo que está haciendo el estado de Texas".
La abogada Julie Murray, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), ha dicho en la rueda de prensa que "es prometedor que más de cuatro jueces hicieran preguntas que aparentemente reconocen que la ley es una afrenta a la Constitución y que podría ser un plan de acción para los estados que quieren atacar otros derechos federales". Aun así, ha advertido de que "los argumentos orales no siempre son predictivos".
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