Sánchez cierra un acuerdo con Calviño y Díaz para "derogar" la reforma laboral
- El Ejecutivo asegura que está "comprometido" con su derogación "en los términos del acuerdo de coalición"
- El pacto implica un acuerdo "con todas las partes justo y equilibrado", que incluya tanto a patronal como sindicatos
El PSOE y Unidas Podemos han alcanzado este martes un acuerdo para "derogar" la reforma laboral en los términos del acuerdo de coalición y del plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea, después de semanas de tensión en el seno del Gobierno, donde ambos partidos habían escenificado sus diferencias a cuenta de la posible derogación total o parcial de la norma puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.
El pacto se ha anunciado tras una reunión convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la que han asistido las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, además de otros ministros socialistas, con el fin de fijar una posición común en las negociaciones con los agentes sociales. Según ha informado el Ejecutivo, el encuentro se ha celebrado en un "clima positivo y una actitud constructiva", y en él se ha constatado el compromiso del Gobierno "con la derogación de la reforma laboral en los términos del acuerdo de coalición y del Plan de Recuperación enviado por el Ejecutivo a la Comisión Europea".
Sin embargo, fuentes del Gobierno han confirmado que antes de esta reunión, a las ocho de la mañana, se ha producido un encuentro previo (un "desayuno de trabajo" entre Sánchez y Díaz) para cerrar el acuerdo de la reforma laboral, aunque precisan a su vez que "el acuerdo ya venía cerrado por los equipo".
En el pacto se emplea finalmente la palabra "derogación", un objetivo que perseguía Unidas Podemos, al estar incluido en el acuerdo de coalición firmado en diciembre de 2019, y de la que rehuían los socialistas en las últimas semanas. Sin ir más lejos, el presidente del Gobierno señalaba este domingo, en el marco de la Cumbre del G20 celebrada en Roma y a la que ha asistido con Calviño, que la reforma laboral que llevará a cabo el Gobierno tiene como objetivo que "algunas de las cosas que se hicieron mal en 2012 se reconstruyan", evitando así pronunciarse en los términos que reclamaba la formación 'morada'.
En el pacto acordado este martes, el Gobierno también se reafirma en su apuesta por una legislación laboral "moderna" que revise los "desequilibrios" de la reforma de 2012 y ponga fin a la temporalidad y a la precariedad, dos de los grandes lastres del mercado laboral español: "La temporalidad y la precariedad son, junto al desempleo, las principales anomalías del mercado laboral español y estamos decididos a dejarlas atrás", apunta la Secretaría de Estado de Comunicación en un comunicado. Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a "disponer de herramientas equilibradas en la negociación colectiva" y "establecer condiciones claras para la subcontratación".
“Díaz: "Satisfacción por el acuerdo"“
El texto no entra al detalle de los contenidos, sino que alude a los principales puntos del acuerdo de coalición y del plan enviado a Bruselas, si bien entierra las discrepancias políticas entre ambas formaciones, sobre todo a lo relativo a la petición de Díaz de hablar de "derogar la norma" y no solo sus "aspectos más lesivos", como proponía Calviño. Precisamente, Díaz ha expresado en los pasillos del Senado su "satisfacción" por el acuerdo alcanzado porque "hoy han ganado los trabajadores". "Lo que vamos a hacer es cumplir con el acuerdo de Gobierno (...) digamos que vamos a poner fin al modelo de precariedad laboral que diseñó el PP y, por tanto, satisfacción", ha concluido. "El presidente Sánchez, la señora Calviño, el PSOE, Unidas Podemos y yo misma tenemos algo claro: Vamos a acabar con los errores de la política laboral del PP", ha zanjado después en la sesión de control al Senado.
Ya la pasada semana ambas vicepresidentas sellaron una tregua al establecerse un mecanismo de coordinación de la reforma laboral, que implica que las negociaciones estarán lideradas por el ministerio de Trabajo y contarán, a su vez, con la participación de otros departamentos socialistas. Posteriormente, Sánchez, Calviño y Díaz escenificaron en Trujillo, en el marco de la XXXII Cumbre Hispano-Portuguesa, el fin de la crisis de Gobierno tras la tensión vivida en las últimas semanas a cuenta, según Podemos, de la "injerencia" de la vicepresidenta primera en las negociaciones de Díaz y los agentes sociales.
El Gobierno busca un acuerdo "con todas las partes"
El pacto alcanzado por ambas formaciones también busca a través del diálogo social "un acuerdo con todas las partes justo y equilibrado", supeditando así a que dicha "derogación" cuente con el beneplácito de la CEOE, que hasta entonces ha mostrado sus reticencias. La patronal quería que en la mesa se sentaran otros ministerios, además del de Trabajo, pero eso no implica que vaya a avalar las medidas que se están negociando en la mesa.
Para evidenciar esta prioridad, el Gobierno pone como ejemplos a seguir la derogación del artículo 52 que permitía el despido por baja médica, los reglamentos de igualdad, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o la conocida como Ley 'Rider'. En todos ello, hubo acuerdo con la patronal y los sindicatos, pese al rechazo de alguna de las partes en un primer momento.
Sin embargo, los sindicatos creen que "no se puede otorgar a la patronal derecho de veto" ni se puede "dar a la CEOE capacidad de bloqueo". "CC.OO. va a exigir al Gobierno que ejecute sus compromisos contraídos", ha recalcado su secretario general, Unai Sordo, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE. Posteriormente, tras conocer el acuerdo entre ambos socios, ha asegurado que el Gobierno se someterá este miércoles "a la prueba del algodón" cuando exponga sus posiciones en la mesa de diálogo social.
Sin embargo, para el Ejecutivo, se cumple así “con la palabra dada”, porque el objetivo es tener lista la reforma laboral en el plazo fijado con Bruselas, antes del 31 de diciembre de 2021, un punto crucial para que llegue un nuevo desembolso de los fondos europeos.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha apuntado que el Gobierno "tiene claro el objetivo": "afrontar un proceso de modernización de nuestras relaciones laborales", ha señalado al término del Consejo de Ministros. "Sería muy pobre referirnos a lo que está planteando el Gobierno simplemente a una cuestión semántica. Cualquier nueva normativa implica la derogación de la anterior. Técnicamente no se puede llevar a cabo una derogación sin alternativa", ha señalado, para después reivindicar que el Gobierno "ha entendido que no es posible quedarse con una contrarreforma, sino que tenemos un proyecto más ambicioso".
Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que el miércoles se seguirá avanzando y que "ojalá pronto haya un acuerdo para un compromiso con Bruselas a finales de año". Espera a su vez que el acuerdo sea con sindicatos y con la patronal "por el interés general" y "a pesar de la complejidad".
Las negociaciones continúan
Pero las negociaciones no acaban aquí. De hecho, se inicia ahora el grueso de las conversaciones para derogar la reforma del PP, que implican también a los agentes sociales. Estaba previsto que esta tarde se reúnan los secretarios de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey; Economía, Gonzalo García Andrés; Seguridad Social, Israel Arroyo; Hacienda, María José Gualda, así como la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, para preparar la reunión con los agentes sociales de este miércoles.
Tal como acordó el Gobierno la pasada semana, los secretarios se verán las caras todos los miércoles por la tarde para analizar el desarrollo de la mesa y coordinar el trabajo de preparación de la siguiente mesa de diálogo. Los mecanismos de coordinación pactados en el seno de la coalición también establecen que, cuando sea necesario por la importancia o complejidad política de los asuntos, se producirán reuniones a nivel de vicepresidentas y ministros. Dichos encuentros se celebrarán, con carácter general, inmediatamente antes o después de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, para facilitar la coordinación de agendas.
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