Sindicatos de prisiones afirman que la cárcel de El Dueso veía riesgo de reincidencia en el asesino de Lardero

• Señalan que la mayoría de miembros de la Junta de Tratamiento de la prisión desaconsejó concederle el tercer grado
• Creen que el crimen es un "fracaso" de Prisiones y acusan a Interior de seguir una política de "buenismo" con los internos

El detenido como presunto autor del crimen ha sido trasladado este jueves desde la prisión de Logroño a otro centro penitenciario.

Los máximos responsables de los sindicatos de Prisiones ACIP-UGT y CSIF aseguran que seis de los nueve integrantes de la Junta de Tratamiento de la cárcel cántabra de El Dueso (el órgano de técnicos penitenciarios que analiza la situación de los reclusos) consideró que Francisco Javier Almeida, el detenido por el asesinato de un niño de 9 años en Lardero, "no estaba preparado" para acceder al tercer grado o semilibertad, ya que existía un riesgo de reincidencia dado su perfil delincuencial.

Así lo han expuesto este jueves en una rueda de prensa en la que han tildado de "fracaso de la institución penitenciaria" lo sucedido por el crimen del menor y han acusado a la cúpula de Prisiones del Ministerio de Interior de seguir una política de "buenismo" con los internos y de "no tener en cuenta a los profesionales".

En noviembre de 2019, una vez que Almeida había cumplido las tres cuartas partes de la condena de 25 años máximo por el crimen de la agente inmobiliaria en Logroño en 1998 y había disfrutado de casi cuarenta permisos de salida, solicitó acceder al tercer grado.

Aseguran que en la cárcel "sabían que no estaba preparado"

El informe de la Junta de Tratamiento fue desfavorable por una amplia mayoría, según ha relatado el presidente de ACAIP-UGT, José Ramón López, quien sin dar nombres ni cargos de las personas que integraron esa junta, sí ha dejado claro que los funcionarios y trabajadores de El Dueso conocían bien a Almeida porque "llevaban veinte años con él".

Aunque han reconocido que no conocen el documento, sí afirman que tienen constancia por compañeros de prisiones de que seis técnicos se posicionaron en contra del tercer grado, frente a tres que sí lo apoyaron dentro de este órgano colegiado.

"La Administración lo despacha con tres líneas, sin dar ni una razón", ha expuesto López en la comparecencia junto a Jorge Vilas, de CSIF.

Entiende que fue la unidad de clasificación desde Madrid quien resolvió en contra de la opinión mayoritaria de la cárcel, usando para ello un "documento tipo" habitual para un preso condenado por delitos comunes, pero no en un "caso tan complicado" como el de Lardero.

Para los sindicatos se ha obviado que los primeros permisos de Almeida fueron acompañados, del total de 39 que tuvo antes de la libertad condicional, momento en el que funcionarios de prisiones participaron en 16 intervenciones para comprobar la buena conducta, según fuentes penitenciarias. Los sindicatos rebajan este seguimiento a "ciertos controles" primando las entrevistas telefónicas.

"Sabían que no estaba preparado para vivir en libertad y veían riesgo de incidencia", ha subrayado López, antes de explicar que "normalmente los agresores sexuales son un perfil de recluso que no da problemas en prisión, tienen buena conducta".

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Critican la "deriva" de Instituciones Penitenciarias

Sin embargo, según han explicado los sindicatos, el informe de la junta consideró otros muchos factores para denegar por mayoría el tercer grado que finalmente logró al ser revocada la decisión desde la administración penitenciaria central con un "documento tipo" habitual para un preso condenado por delitos comunes.

En el régimen de semilibertad el presunto asesino de Lardero estuvo tan solo dos meses pues este grado le permitió en abril de 2020 acceder a la libertad condicional.

Los sindicatos rechazan que, desde ese momento y hasta ser detenido de nuevo hace una semana, existieran "seguimientos directos y continuados, pues "no existe la figura de agente de la libertad condicional" que el Gobierno vasco ha avanzado que va a regular tras asumir las competencias de prisiones.

Tanto para el presidente de ACAIP-UGT, como para Vilas, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que dirige Ángel Luis Ortiz está "a la deriva" y guiada por la estadística de sumar reclusos en tercer grado o cumplimientos de condena con control telemático.

ACAIP y CSIF, que el pasado 20 de septiembre declararon conflicto colectivo, han solicitado al Ministerio del Interior el cese inmediato de Ortiz por su "nulidad" en la gestión de las prisiones y el incumplimiento de sus compromisos, como el reconocimiento de agentes de autoridad que eviten la media de una agresión cada 36 horas o el "déficit brutal" de plantilla y medios.