El Gobierno acuerda con Bruselas alargar el periodo del cálculo de las pensiones para recibir los fondos europeos

• El acuerdo, ya firmado y publicado este miércoles, contempla que la medida esté aprobada a finales de 2022
• El documento permitirá solicitar en los próximos días el primer desembolso semestral de recursos europeos de 10.000 millones

Trabajadores de la industria siderúrgica

Este miércoles se ha hecho público el documento de compromiso firmado entre el Gobierno Español y la Comisión Europea para recibir los 70.000 millones de euros del fondo de recuperación hasta 2026.

Entre las medidas acordadas está la obligación de que a finales del año que viene entre en vigor un ajuste para alargar el periodo de cómputo por el que calcula la pensión de jubilación. Así lo establece el acuerdo operativo suscrito por el Gobierno español y el Ejecutivo comunitario que permite empezar a solicitar el desembolso de fondos sujeto a la comprobación del cumplimiento de los compromisos semestrales.

Los anexos del acuerdo operativo incluyen la enumeración de todas las reformas comprometidas en las componentes del plan de recuperación y, entre ellas, la extensión del periodo de cotización sobre el que se calcula el importe de la pensión en el marco de las nuevas carreras laborales.

Este asunto fue polémico durante la elaboración del plan hace casi un año, porque llegó a circular un borrador de la componente 30 de pensiones -cuya existencia fue negada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá- en el que se elevaba de 25 a 35 años el periodo de cálculo.

El plan finalmente incluyó la extensión del periodo de cálculo, pero sin especificar un número de años concreto ni aclarar si se ampliaría con carácter general por encima de los 25 años. Así se vuelve a recoger en el acuerdo operativo suscrito este miércoles, sin que la Seguridad Social tampoco haya querido hacer ahora más aclaraciones al respecto.

Fuentes del ministerio remiten a lo fijado en la componente 30, donde se dice que la medida busca "reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales". La implementación prevista para ampliar el periodo de cálculo es progresiva a partir de 2023 tras su aprobación antes del fin de 2022, según consta en la componente.

El documento, suscrito por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, fija reuniones de seguimiento trimestrales entre el Gobierno de España y el Ejecutivo comunitario para hacer balance de los avances en la aplicación del plan de recuperación y los compromisos que hay que alcanzar para recibir los 70.000 millones de euros de ayudas para la que llegarán en forma de transferencias directas, que se tendrán que ejecutar entre los años 2020 y 2026.

España, el primer país que consensúa este documento con Bruselas

España es el primer país de la UE que consensúa este documento con Bruselas, que abre la puerta a la solicitud del primer desembolso de recursos comunitarios, en lo que también será el miembro europeo pionero, según ha destacado Hacienda en un comunicado.

Las reuniones de seguimiento podrán tener lugar personalmente tanto en España como en Bruselas o podrán efectuarse de manera virtual y como punto permanente del orden del día figurará el calendario de las solicitudes de pago. Al margen de estas reuniones, se podrán celebrar otras sobre inversiones o reformas concretas o sobre cuestiones del plan de recuperación que afecten a varios componentes para garantizar la coherencia en su desarrollo. Además, España tendrá que informar a la Comisión Europea de cualquier "riesgo significativo" para el calendario de realización de cualquier hito u objetivo, especialmente cuando pueda tener implicaciones para el calendario de la solicitud de pago asociada.

Asimismo, cada año la Comisión Europea y España organizarán conjuntamente un evento anual con la participación de los responsables de la aplicación del plan de recuperación y otras partes interesadas pertinentes para debatir "la complementariedad, la sinergia, la coherencia y la cohesión entre la aplicación del plan de recuperación y otros programas de la Unión".

Desembolsos ligados al cumplimiento de hitos y objetivos

Tras el anticipo de 9.000 millones, que es el único que no está sujeto al cumplimiento de hitos y objetivos, el Gobierno se prepara para solicitar los 10.000 millones que se esperan para este último trimestre de 2021.

El previsto para mediados de 2022 será el mayor pago que reciba España en los cinco años de vida del fondo anticrisis de la UE y ascenderá a 12.000 millones de euros. Para desbloquearlo, España tendrá que cumplir los 40 hitos y objetivos que ha pactado con las autoridades europeas y las reformas del mercado laboral jugarán un papel crucial, por lo que el Ejecutivo está intensificando las reuniones con los agentes sociales para tenerla lista antes de que acabe el año.

En total, siete de las 18 medidas incluidas en el componente laboral del plan de recuperación del Gobierno deben estar adoptadas a finales de este año para que Bruselas pueda verificar su cumplimiento antes de autorizar el pago de los 12.000 millones.

Para la segunda parte de 2022, se espera la llegada de unos 6.000 millones, mientras que para mediados de 2023 se estiman otros 10.000 millones, que se sumarían a los 7.000 millones que se esperan para finales de ese año.

De cara a los últimos años dispuestos para estas ayudas, se prevén para 2024 unos 8.000 millones; para 2025, unos 3.500 millones y para 2026, unos 4.000 millones.

Pero para su llegada, la Comisión ha acordado con España unos "mecanismos de verificación" para cada uno de los hitos y objetivos incluidos en el Plan. Así, el Gobierno tendrá que presentar copias de las evaluaciones ex-ante de las reformas, los textos que se recojan en el Boletín Oficial del Estado o documentos de síntesis que justifiquen debidamente el gasto o la reforma para el cumplimiento de hito.