La Fiscalía de Madrid pide el archivo de la causa sobre el rescate a Plus Ultra

• Considera que "no existen elementos contundentes que permitan cambiar el criterio expuesto" en informes
• La aerolína se muestra "satisfecha" con las alegaciones expresadas por la Fiscalía

Un avión de la aerolínea española Plus Ultra.

La Fiscalía de Madrid ha pedido al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid el archivo de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, al considerar que el último informe pericial aportado a la causa no permite concluir que la compañía estuviera en crisis en el momento en el que recibió la ayuda.

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En un escrito del 25 de octubre, al que ha tenido acceso RTVE, el Ministerio Fiscal explica que ya el pasado junio declaró que para determinar si la actuación por la que se siguen estas diligencias previas "ha sido o no correcta" y si encaja en alguno de los tipos penales por los que se formula querella, era "imprescindible" conocer la normativa y si el expediente íntegro de la concesión de ayuda a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SL se sujetaba a la misma.

La Fiscalía ha recordado que ya entonces figuraban "dos informes de expertos independientes que con base en la información aportada por registros públicos avalaban la concesión de la ayuda".

Plus Ultra "cumpliría con las condiciones"

Y ha destacado que ahora el nuevo informe pericial encargado por la juez ha concluido que Plus Ultra cumpliría, por lo general, "con la práctica totalidad de las condiciones establecidas" por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para conceder los préstamos.

El Ministerio Público ha subrayado en su escrito que las dudas que sostiene el perito sobre la situación patrimonial de la compañía a dicha fecha se refieren a la existencia de un préstamo participativo, a no haber registrado provisiones, cancelación de la deuda de los bonistas y posible situación de insolvencia.

En este sentido, ha insistido en que el análisis efectuado por el perito "contempla cuatro escenarios posibles, dos de los cuales no permiten colegir que la sociedad estuviera en crisis en la fecha referida, evidenciando así que, al menos en esos casos, se cumplirían la totalidad de las condiciones establecidas".

"Por ello y de acuerdo con lo expuesto, el Ministerio Fiscal se considera instruido en el contenido del informe pericial del que se nos da traslado y mantiene el criterio expuesto con anterioridad", ha señalado.

Plus Ultra, "satisfecha"

Por su parte, la aerolínea ha asegurado este miércoles en un comunicado que se muestra "satisfecha" con las alegaciones expresadas por la Fiscalía sobre el último peritaje realizado a petición de la juez.

Así, la compañía ha insistido en que el informe de los peritos "no certifica el incumplimiento de ninguno de los requisitos exigidos para poder recibir las ayudas de la SEPI".

La pericial se sumó a la causa en respuesta a la petición realizada por la instructora el pasado 14 de julio. La titular del juzgado reclamó verificar si se cumplían las condiciones establecidas en la propia Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se establece el funcionamiento del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.

La compañía ha asegurado que ha acreditado de "forma íntegra y transparente desde el inicio del proceso en 2020 toda la información y documentación necesaria para seguir los pasos y procesos exigidos para la concesión de la financiación pública de 53 millones de euros que ha recibido".

Se desbloqueó la ayuda

La decisión de la Fiscalía tiene lugar después de que el pasado julio pidiera al juzgado que desbloqueara la segunda parte de la ayuda pública a Plus Ultra en lo relativo al pago de 34 millones de euros concedido por Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

Aseguró que sin el apoyo estatal la compañía no podría atender sus obligaciones operativas, "teniendo graves dificultades para seguir en funcionamiento".

En el marco del procedimiento, el pasado 9 de agosto el magistrado Jaime Serret --en funciones de guardia-- acordó desbloquear el pago de los 34 millones de euros, pues consideró que la suspensión de la entrega del préstamo participativo podía "suponer el riesgo de insolvencia definitiva" de la aerolínea, lo que la obligaría a dejar de operar y crearía "un perjuicio a los pasajeros".

El caso comenzó el pasado abril, apenas un mes después de que se otorgara la ayuda pública, cuando la justicia madrileña abrió diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, y el consejo de administración del organismo por presunta malversación.