Rosell y Podemos piden al Supremo que aumente la pena de prisión del juez Alba a diez años por "intentar destruirla"

• La justicia condenó a seis años de prisión a Alba por sus maniobras contra la jueza Victoria Rosell
• La Fiscalía ha pedido que se ratifique la condena al juez

El juez Alba, a la izquierda, ha sido condenado por sus maniobras contra Victoria Rosell, a la derecha en primer plano.

El abogado de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la acusación popular ejercida por Unidas Podemos, han pedido al Tribunal Supremo que eleve de seis años y medio a diez la pena de cárcel para el juez de Las Palmas Salvador Alba por "intentar destruirla" al conspirar para perjudicarla cuando era diputada de la formación 'morada'.

El Tribunal Supremo ha celebrado este jueves la vista de los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias que condenó en 2019 a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación al magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba por delitos de prevaricación en concurso con cohecho y otro de falsedad en documento público.

En la vista ha asistido entre el público la propia Rosell, cuyo abogado, Antonio Marrero, ha informado a la Sala de su recurso contra la sentencia y ha pedido que Salvador Alba sea condenado a diez años de prisión y once de inhabilitación por un delito continuado de falsificación, prevaricación en concurso con cohecho y revelación de secretos.

La abogada de la acusación ejercida por Podemos, Sandra Rodríguez, se ha adherido al recurso de Rosell; y la fiscal ha solicitado que el Tribunal Supremo confirme la sentencia del TSJ, mientras que el letrado de la defensa, Nicolás González Cuéllar, ha reclamado la absolución de Salvador Alba al estimar que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia.

Ambas acusaciones han solicitado que se cambie el delito de falsedad por un delito continuado de falsificación, así como han pedido, también, que se añada a su condena el delito de revelación de secretos.

Probado que el juez manipuló una investigación

En su sentencia el TSJ de Canarias declaró probado que Salvador Alba manipuló una investigación de delitos contra a Seguridad Social abierta contra el empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para perjudicar a la jueza que la había dirigido antes que él, Victoria Rosell, cuando esta era ya diputada en el Congreso como independiente en el grupo de Podemos.

La sentencia añade que siendo instructor del procedimiento Salvador Alba se reunió de forma reservada con el citado empresario con la intención de conseguir pruebas a pesar de tener intereses económicos indirectos en el asunto, unas supuestas relaciones comerciales entre su pareja y las empresas de Miguel Ángel Ramírez.

El abogado Antonio Marrero ha dicho que la intención de Salvador Alba era "destruir profesionalmente" a Victoria Rosell y que para ello citó a solas en un despacho a Ramírez, "lejos de miradas indiscretas" para que intentara recabar pruebas que vincularan comercialmente a la pareja de su representada con el empresario a cambio de procurar el archivo del procedimiento contra él.

Ha añadido que Alba incurrió además en falsedad en su informe al Tribunal Supremo para que se admitiera una querella presentada contra Victoria Rosell por el entonces ministro de Industria del PP José Manuel Soria, rival político de ella en la circunscripción electoral de Las Palmas.

La letrada de Podemos, Sandra Rodríguez, ha incidido en que Alba actuó "solo aunque fuera para su satisfacción personal de acabar con la carrera de Rosell y para quedar bien con Soria.

La defensa de Alba dice que no tuvo un tribunal imparcial

Por su parte, la defensa de Alba ha estimado que no hay suficientes pruebas válidas para condenarle y que hubo manipulación en grabaciones aportadas a la causa, lo que ha rebatido la fiscal señalando que el tribunal se basó en informes periciales de la Guardia Civil.

También ha insistido en que su cliente fue juzgado por un tribunal que "no ofrecía garantías de imparcialidad" y ha intentado desmontar los delitos que han quedado acreditados en la sentencia del TSJ canario.

Ha reprochado que se admitiera como prueba la grabación de la conversación entre Alba y el empresario aportada por este último. Ha insistido en que dicha grabación fue manipulada y que incumplía los requisitos para ser estimada. Ha criticado, también, que no se tuviera en cuenta la declaración de uno de los testigos que participó en el juicio.

La Fiscalía pide que se ratifique la condena

En su turno de palabra, la Fiscalía ha respaldado los hechos recogidos en la sentencia y ha pedido al Supremo que ratifique la resolución "en todos los extremos de la condena".

La representante del Ministerio Público ha hecho especial hincapié en el delito de prevaricación que se le atribuyó al magistrado.

a recordado que, tal y como consta en la grabación que aportó el propio Ramírez, Alba prometió acordar la nulidad de un procedimiento judicial a cambio de que el empresario aportara documentación para perjudicar a Rosell, quien ha acudido como público a la vista de este jueves en el Supremo.