El Gobierno pondrá el foco en combatir la discriminación por edad o género en el nuevo Plan de Inspección de Trabajo

• Dos oficinas velarán por luchar también contra la discriminación por discapacidad, condición sexual y el fraude transnacional
• Para ello y con el fin de incrementar la plantilla, el presupuesto se ha incrementado un 20 % en los dos últimos años

Díaz asegura que la Inspección de Trabajo ha contribuido a transformar en indefinidos más de 260.000 contratos

El Gobierno pondrá el foco en combatir la discriminación laboral por edad, género, discapacidad o condición sexual en el nuevo Plan de Inspección de Trabajo, que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes y que tiene como objetivo modernizar y transformar la inspección de trabajo, un organismo "clave" para la defensa de los derechos laborales.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha destacado que, con este propósito, se impulsará la tecnología más avanzada para el diseño de nuevas actuaciones inspectoras, a la vez que se refuerza la capacidad de actuación del organismo con dos nuevas unidades: la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación y la Unidad especial de Lucha Contra el Fraude en el Trabajo Transnacional.

"Hoy aprobamos el Plan Estratégico para modernizar la Inspección De Trabajo, un organismo clave para la defensa de los derechos laborales, que espero que sea uno de los legados más importantes del gobierno progresista", ha señalado la vicepresidenta, recordando que la actividad inspectora se ha incrementado en un 355 %. En lo que llevamos de año, 50.191 empleos irregulares han sido dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y 280.565 contratos temporales irregulares, transformados en indefinidos.

Dicho plan contempla, además, un incremento de recursos tanto para contratar a nuevos inspectores laborales, como para reforzar los recursos y herramientas técnicas. De esta manera, tal como ha anunciado Díaz, el presupuesto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha aumentado un 20 % en 2020 y 2021. "Con este planteamiento y esta estrategia, nos anticipamos a cualquier posibilidad de fraude masivo que pueda existir en el mercado de trabajo. No reparamos, sino que nos anticipamos", ha aseverado.

Dos oficinas para luchar contra el fraude laboral

El plan presentado tras el Consejo de Ministros tiene como principal objetivo luchar contra la precariedad y el fraude laboral. Para ello, la Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación combatirá "de forma real y eficaz" la discriminación de cualquier tipo. "Vamos a crear una oficina que vele por las previsibles discriminaciones", ha expuesto la ministra, la cual requerirá de "nuevos perfiles y personal específico" que actúa desde "el inicio hasta la salida de la carrera profesional".

"Las discriminaciones de género tienen que ver con la edad. Más allá de 45 años, el mercado laboral expulsa a los trabajadores: no les deja acceder o buscan fórmulas para que sean expulsados", ha recalcado.

Por otro lado, la Unidad especial centrada en la Lucha Contra el Fraude en el Trabajo Transnacional se centrará en la detección de 'empresas buzón', aquellas que no tienen actividad real en el país de origen, en este caso España, pero que operen en otros países de la Unión Europea, o viceversa. Díaz ha aludido al caso concreto de la cooperación con el Gobierno francés en las campañas vinculadas a la agricultura, pero pretende ampliarse al marco de la UE, América Latina y la Organización Internacional del Trabajo.

Impulso a las nuevas tecnologías

La Inspección de Trabajo también contará en esta nueva etapa con el impulso de la tecnología, el 'big data' y la Inteligencia Artificial, lo que exigirá también la formación e incorporación de perfiles adaptados a nuevas situaciones como la mayor movilidad laboral, el trabajo en plataformas digitales, las cadenas globales de suministro o las nuevas condiciones de trabajo.

En ese intento por la digitalización, la Inspección promoverá entre la ciudadanía la entrega de documentación en formato electrónico y la unificación de los cauces de denuncia por remisión electrónica, sin perjuicio del mantenimiento del Buzón presencial. De esta forma, se verá reforzada sus competencias en la intervención de los despidos colectivos, la suspensión de contratos o en la intervención cuando haya inaplicaciones de los convenios colectivos, ha destacado Díaz, por lo que obligarán a revisar toda la normativa para adaptarla a los entornos digitales y vacíos de regulación.

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La ministra ha insistido en que urge reforzar las capacidades de la Inspección de Trabajo, mermadas desde el Gobierno del Partido Popular. "Parte del desmontaje del PP en las relaciones laborales no solamente tienen que ver con los recortes (...) sino que un recorte muy fuerte se produjo en la Inspección del Trabajo", ha concluido.