La Audiencia de Madrid amplía los delitos fiscales por los que juzgará a Rodrigo Rato

• Exigen que se corrija la cuantía defraudada en 2010 y 2011 y que el magistrado cifró en una cantidad menor
• Estiman parcialmente el recurso de Anticorrupción contra el auto de procesamiento dictado por el juez Antonio Serrano-Arnal

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, en una imagen de archivo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado incluir en el caso que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato los delitos fiscales supuestamente cometidos en el ejercicio 2005, y que se corrija la cuantía defraudada en 2010 y 2011, que el juez cifró en una cantidad menor “siguiendo los criterios de la ONIF”.

La sección 23 del auto conocido este jueves estima parcialmente el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el auto de procesamiento dictado por el juez Antonio Serrano-Arnal, y le obliga a considerar que en 2010 y 2011 "se superó la cuantía de los 120.000 euros defraudada".

Asimismo, admite los recursos de varios implicados, entre ellos el del exdirector de Comunicación Externa de Bankia Miguel Robledo y el de una de sus empleadas, Beatriz Colomer, respecto a los que acuerda el sobreseimiento provisional y parcial de la causa, ya que fueron "figuras subalternas o subordinadas, con una actuación difusa e imprecisa".

Esta ampliación se suma a los posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal por los que ya fue procesado Rodrigo Rato, el pasado marzo.

Delito de blanqueo de capitales

El presunto delito de blanqueo de capitales se remonta a una investigación iniciada en 2006 por la Agencia Tributaria, sobre la repatriación a España de fondos. En ella figuran como imputados, además de Rato, el abogado Domingo Plazas, la firma Plazas Abogados, su presunto testaferro Miguel Ángel Montero y su excuñado, Santiago Alarcó.

A través de una serie de sociedades pantalla, Rato habría introducido en España 7,8 millones de euros entre 2006 y 2014. Por lo que respecta al delito fiscal, de los informes elaborados por la ONIF, el magistrado deduce que las cuotas defraudadas por Rato ascienden a 3,6 millones y en la operativa incluye también a Plazas, Plazas Abogados, Montero y al que fuera secretario general de Telefónica, Ramiro Sánchez de Lerín.

Aunque inicialmente fueron tramitadas como piezas separadas de un mismo caso, en julio de 2019 la Audiencia Provincial de Madrid revocó el procesamiento por la publicidad de Bankia -por los que la Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado cuatro años de cárcel para el exministro-, y ordenó agrupar la investigación.