Bolaños aclara que la Ley de Amnistía sigue vigente y que la situación jurídica "no cambia"

• Se refiere a la enmienda de PSOE y UP a la Ley de Memoria Democrática que afecta a la de Amnistía de 1977
• Dice que las dificultades para investigarlos seguirán siendo "las mismas" y que la ley no se puede aplicar antes de 1978

El Gobierno aclara que la Ley de Amnistía seguirá vigente y que juzgar los crímenes del franquismo será igual de difícil

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que lo que hace la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno, y las enmiendas pactadas entre PSOE y Unidas Podemos, no es derogar ni dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 sino todo lo contrario, porque lo que hace es ratificar su vigencia y reafirmar que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales. En este sentido, ha dicho que juzgar los crímenes franquistas será igual de difícil que hasta ahora.

Por ello, Bolaños ha admitido que cuando la nueva norma entre en vigor, la situación jurídica en España seguirá siendo exactamente la misma que ahora, que es la que hay desde 2002, cuando se ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y se estableció que la ley debía aplicarse siguiendo el derecho internacional.

Una de las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos introduce en la ley de 1977 que "los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescribibles y no amnistiables”. Sin embargo, ERC acusó este miércoles a PSOE y Unidas Podemos de "engañar a la gente" con la enmienda y dijo que el Gobierno "vende humo" y actúa con un "triunfalismo absurdo" con esta "falsa revisión" de la ley.

"Ningún cambio. Lo que se va a poder hacer cuando entre en vigor la ley es exactamente lo mismo que desde 2002", ha enfatizado Bolaños, en una entrevista en Onda Cero, en la que ha reconocido que las dificultades que existen ahora para juzgar los crímenes del franquismo seguirán siendo las mismas, y que tienen que ver, a su juicio, con la irretroactividad de la legislación penal.

Las dificultades siguen en el ámbito penal

A este respecto, ha explicado, por un lado, que al no ser la ley de memoria una ley orgánica, no va a afectar a la legislación penal; y por otro, que esa legislación penal no permite la retroactividad. "No podemos establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72", ha manifestado.

El ministro no ha querido entrar a comentar casos concretos como el del exministro de la dictadura Rodolfo Martín Villa, que está siendo juzgado en Argentina ante la imposibilidad de impulsarse tal proceso en España, pero ha insistido en que, con la nueva ley de memoria, la situación no va a cambiar en ese aspecto. "La situación es exactamente la misma que desde 2002", ha reiterado.

Además, Bolaños ha reivindicado tanto el proceso de Transición en su conjunto como esa norma de Amnistía del 77, en contra de las interpretaciones que señalan que el Gobierno pretende dejarla ahora sin efecto. "Fue muy importante para la consolidación de la democracia. Quien la pidió fue la izquierda y consiguió que muchas personas que estaban en la cárcel por sus ideas, que no habían cometido ningún delito, salieran", ha reivindicado.

El Gobierno habla "con todos los grupos" para la Ley de Memoria Democrática

En cuanto a los apoyos, y la previsión de no contar esta vez con ERC, tras haber presentado incluso una enmienda a la totalidad a la norma, Bolaños ha asegurado que están hablando "con todos los grupos" y ha defendido que en lo que va de legislatura han conseguido cerrar importantes acuerdos para sacar adelante sus normas, como los Presupuestos Generales.

En este contexto, ha defendido que hayan hablado también con Ciudadanos para lograr sumar sus votos a una ley que lo que hace, según Bolaños, es acabar con la "anomalía" que supone para España no contar con una ley de estas características, que ya llega "muy tarde" para las víctimas. En este punto, ha querido resaltar que la norma "condena todos los totalitarismos", aunque ha recordado que en España el ha habido es el de Franco.

Por otra parte, ha defendido la enmienda con la que el PSOE y Unidas Podemos establecen un plazo hasta 1982 para estudiar "supuestos de vulneración de derechos humanos a personas en su lucha por la consolidación de la democracia", pero ha querido dejar claro que el periodo de aplicación de la futura ley de memoria "termina con la entrada en vigor de la Constitución del 78".

Eso sí, ha explicado que sí han considerado necesario introducir una disposición adicional para crear un comité de expertos que estudie posibles vulneraciones de derechos fundamentales entre el 78 y el 82, atendiendo al "consenso" de los historiadores, que señalan que tras la aprobación de la Carta Magna, "hubo un tiempo con inercias de la dictadura".

A este respecto, ha señalado que nadie puede estar en contra de que se repare moralmente a las personas que sufrieron "alguna violencia" cuando trataba de consolidar la democracia tras haber entrado en vigor la Constitución.

Sobre el cambio de nombre del Valle de los Caídos por el de Cuelgamuros, el ministro ha dicho que "es más neutral, más ecléctico" y que lo que pretenden es "resignificar el valle, que deje de ser un homenaje a la dictadura".

"Queremos que sea un lugar de memoria, que sea un espacio donde todas las personas puedan ir allí, se reconozcan y vean lo que fue la dictadura y cuáles fueron los pasos que se dieron para llegar a una democracia", ha señalado.