PSOE y Podemos chocan por el alcance de su enmienda y si permitirá investigar los crímenes del franquismo
- Bolaños aclara que la Ley de Amnistía sigue vigente y que la situación jurídica "no cambia"
- UP defiende, por su parte, que la enmienda a la Ley de Amnistía sí permitirá juzgar los crímenes franquistas
La enmienda presentada de forma conjunta por PSOE y Unidas Podemos a la Ley de Memoria Democrática ha levantado la última polémica entre los socios de Gobierno, que plantean de forma diferente el alcance de la misma y si permitirá o no juzgar los crímenes del franquismo.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que lo que hace la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno, y las enmiendas pactadas entre PSOE y Unidas Podemos, no es derogar ni dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 sino todo lo contrario, porque lo que hace es ratificar su vigencia y reafirmar que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.
Por ello, Bolaños ha admitido que cuando la nueva norma entre en vigor, la situación jurídica en España seguirá siendo exactamente la misma que ahora, que es la que hay desde 2002, cuando se ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y se estableció que la ley debía aplicarse siguiendo el derecho internacional.
"Ningún cambio. Lo que se va a poder hacer cuando entre en vigor la ley es exactamente lo mismo que desde 2002", ha querido dejar claro, en una entrevista en Onda Cero, en la que ha reconocido que las dificultades que existen ahora para juzgar los crímenes del franquismo seguirán siendo las mismas, y que tienen que ver, a su juicio, con la irretroactividad de la legislación penal.
Posteriormente fuentes del Ejecutivo han señalado a Efe que lo que se ha hecho con la enmienda es tratar de abrir una vía que más allá de esta ley, permita investigar y juzgar los crímenes del franquismo.
Unidas Podemos: la justicia tendrá ahora que perseguir crímenes franquistas
Por su parte, el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha defendido que la enmienda introducida a la Ley de Memoria Democrática sí abre la puerta a juzgar los crímenes del franquismo y acabar con la "impunidad", sin que exista opción a aplicar amnistía tal y como mandata el derecho internacional. De esta forma, ha reivindicado que esa adición es la "vía más clara" para conseguir que los tribunales puedan juzgar crímenes de guerra, genocidio, tortura o lesa humanidad cometidos por el régimen puedan ser investigados en los tribunales.
Cree que con la enmienda se hace un "mandato expreso" para que el poder judicial aplique la ley internacional y acabe con la impunidad de los crímenes franquistas.
Santiago, en declaraciones en los pasillos del Congreso, ha explicado que hasta ahora el poder judicial "ha venido escudándose" en la ley de amnistía para no acabar con la impunidad" y lo que hace la nueva ley de Memoria Democrática es "quitar los impedimentos" que había para poder perseguir esos delitos. De esta manera, ha señalado Santiago, se ponen los mecanismos para que "la impunidad en España deje de ser una anomalía".
En todo caso, el dirigente de Unidas Podemos ha dicho que el fin de la impunidad del régimen franquista no depende de ellos ni de Bolaños, sino de los tribunales, y que tanto su formación como el PSOE han hecho su trabajo al incluir este criterio en la norma planteando que todas las leyes españolas, incluida la Ley de Amnistía, se interpretarán y aplicarán conforme al derecho internacional y humanitario.
La clave está en este párrafo de la enmienda: "Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescribibles y no amnistiables”.
Así, Bolaños rebaja el alcance de esta enmienda insistiendo en que "esta ley no toca nada" porque no es una "ley orgánica" y ha reiterado que la Constitución española dice que "nuestras leyes no pueden ser retroactivas", mientras que Unidas Podemos cree que sí tendrá consecuencias jurídicas y "abre la vía más clara" para "levantar los obstáculos que han encontrado los jueces para acabar con la impunidad del franquismo".
Los memorialistas ven corta la enmienda y piden derogar la Ley de Amnistía
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha considerado insuficiente la enmienda e insta a derogar la Ley de Amnistía de 1977 "si tienen el verdadero objetivo de terminar con la impunidad del franquismo". Los memorialistas creen que si esta ley se mantiene en vigor los jueces podrán hacer uso de ella para "seguir negándose a investigar los crímenes de la dictadura".
A ERC tampoco le convence y han acusado tanto a PSOE como a Unidas Podemos de "engañar a la gente" con la enmienda y de "vender humo". Para los republicanos la única solución es cambiar la Ley de Amnistía, como proponen en sus enmiendas, junto a otros partidos independentistas, y que sólo así habría garantías para poder juzgar en España a los "torturadores franquistas".
Por diferentes motivos tampoco ven con buenos ojos la enmienda desde Ciudadanos, que ha advertido a Bolaños que no se sentarán a negociar la ley de Memoria Democrática mientras no retiren la enmienda pactada con Unidas Podemos. Consideran que la ley de Amnistía, "cicatrizó las heridas" entre ambos bandos y afirman: "Que no llamen a Cs". "Quieren terminar con la memoria de este país", ha criticado el portavoz adjunto, Edmundo Bal, al insistir en que no se van a sentar "si se toca una sola coma" de la ley de Amnistía y ha tachado de "tropelía" esta enmienda para contentar, según el portavoz, a sus socios separatistas.
Por otro lado, varios expertos en derecho consultados por TVE no ven que la enmienda a la Ley de Memoria Democrática pactada por PSOE y Podemos abra ninguna puerta para juzgar los crímenes del franquismo porque, además de que la Ley de Amnistía sigue en vigor, la propia Constitución cierra este camino. En concreto, el artículo 9.3 de la Carta Magna garantiza la "irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos fundamentales" y la "seguridad jurídica", preceptos que se presentan como un auténtico muro ante el cual no es posible reabrir casos ni judicializar los actos de la Dictadura.