El juez de la trama eólica abre juicio e incluye a la Junta de Castilla y León como responsable civil

• Solicita a la Junta 24,1 millones de euros de fianza, de los cuales debe abonar 11,2 de forma solidaria con dos empresas
• La Junta, según ha asegurado su vicepresidente, Francisco Igea, hará frente a las responsabilidades "pasadas"

El exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León Rafael Delgado en una imagen de archivo en las Cortes, junto a su abogado.

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid ha dictado apertura de juicio oral a 17 investigados en la denominada trama eólica en Castilla y León, entre los que se encuentran cinco exaltos cargos de la Junta y 11 empresarios, a quienes solicita fianzas que suman más de 800 millones de euros y, además, incluye a la Junta como responsable civil subsidiario.

Los 17 encausados en esta causa de corrupción (uno más de las solicitadas por la Fiscalía) deberán abonar esas fianzas antes de diez días para evitar que se les embarguen sus bienes y que en el caso del principal investigado, Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía y a quien la Fiscalía solicita penas que suman los 42 años por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, extorsión y blanqueo de capitales, superan los 342 millones de euros.

Según el auto al que ha tenido acceso Efe, el juez considera a la Junta de Castilla y León responsable civil subsidiaria en esta trama vinculada a la concesión de licencias para la instalación y construcción de parques eólicos y le solicita 24,1 millones de euros de fianza, de los cuales 11,2 debe abonar de forma solidaria con las empresas Iberdrola y Sinae y Parque eólico La Boga.

Las investigaciones sobre este caso se remontan a 2017 cuando el juez comenzó a instruir esta causa en la que están involucrados varios excargos de la Consejería de Economía y Hacienda en la época de Juan Vicente Herrera -el extitular de esta Consejería, Tomás Villanueva, falleció durante la instrucción del caso- y empresarios del sector de los parques eólicos.

Anticorrupción cree que favorecieron "ilegamente" a empresas

El fiscal anticorrupción siempre ha apuntado al exconsejero y a su viceconsejero, Rafael Delgado, como los máximos responsables políticos de esta trama al diseñar un plan con empresarios para favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las sociedades promotoras de parques eólicos.

Según la Fiscalía Anticorrupción, la finalidad se dirigía a exigir "ilegalmente", a los promotores cuyos parques tenían visos de autorización, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto "bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización", una participación que se requería fuera próximas al cuarenta por ciento, argumenta.

El objetivo consistió también en seleccionar y favorecer "ilegalmente" a empresas pertenecientes a personas con las que tenía una especial relación, para lo que actuó concertadamente con los acusados Francisco y Alberto Esgueva, Andrés Martín Paz, Germán Martín Giraldo o los hermanos Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente, para que fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización se había previsto.

El fiscal afirma además que, salvo los Hermanos Llorente, ninguno de los citados empresarios, amigos de Rafael Delgado o Tomás Villanueva, estaba interesado en participar activamente en el negocio eólico, como acredita que su permanencia en las entidades promotoras fuera temporalmente muy corta (poco más de un año) e impropia de una inversión industrial y, de otra parte, esa permanencia no supusiera ninguna aportación empresarial en esas entidades.

La Fiscalía pide para el exviceconsejero penas que suman 42 años

La mayor de las penas, 42 años, es la solicitada para Rafael Delgado, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011, como cabecilla de la trama al dictado de las indicaciones del entonces consejero del ramo, Tomás Villanueva, ya fallecido.

Le siguen, según recoge el auto, los empresarios Alberto y Francisco Esgueva, ambos con 12 años; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con seis años por blanqueo de capitales, uno por un delito continuado de tráfico de influencias y otro año y medio por un delito continuado de cohecho; y César Hernández, con cuatro años por un delito de cohecho y uno por tráfico de influencias.

En la lista de imputados figuran otros ocho con seis años de cárcel de solicitud de pena, como es el caso de Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables; Rafael Icaza, de Ibercyl; Francisco Esgueva; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de la empresa Collosa, por un delito continuado de cohecho como cooperadores necesarios; Pedro Barriuso, de Biovent; y el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz.

Además, Fiscalía Anticorrupción interesa cuatros años de cárcel para el empresario Marc Nadelar, de Solar Land Word SL, por blanqueo de capitales, e idéntica pena privativa de libertad para María del Mar Moreno, exmujer de Alberto Esgueva, por un delito continuado de cohecho, mientras que para Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta, se solicitan diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Igea: la Junta hará frente a responsabilidades "pasadas" de "otros gobiernos"

Mientras, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha indicado este viernes que el actual gobierno de coalición entre PP y Cs hará frente a las responsabilidades "pasadas" de la Junta con otros gobiernos que "no son este gobierno", ha declarado tras incluir el juez a la Junta como responsable subsidiaria en la trama eólica.

"La justicia es una garantía. Los tiempos pasados no volverán", ha asegurado Igea tras ser preguntado por la inclusión de la Junta en la trama eólica, y ha recordado que actualmente existe un gobierno de coalición en el que "no hay un solo caso" de corrupción, ha respondido a los medios antes de reunirse en Valladolid con el portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal.

Igea ha indicado que el gobierno autonómico hará frente a las responsabilidades subsidiarias que marca la ley si fuera el caso ya que es un ejecutivo que "cree en la ley y colabora con la justicia" y en la transparencia.

En este sentido, ha recordado que desde la Inspección General de Servicios ha transmitido información adicional en algunos casos "incluso para condenar acciones previas de la Junta".