Ocho comunidades reclaman una nueva financiación que garantice los servicios públicos en la España despoblada

• Ocho presidentes autonómicos de PSOE, PP y PRC han sumado fuerzas "sin frentismo" para negociar la financiación
• Piden que se compense el mayor coste de los servicios en estas zonas por la dispersión de la población

Ocho comunidades reclaman una nueva financiación que garantice los servicios públicos en la España despoblada

Los ocho presidentes autonómicos reunidos este martes en la 'cumbre de Santiago de Compostela' han firmado una declaración institucional en la que han reclamado un modelo de financiación autonómica que subsane las deficiencias del actual sistema de reparto entre los distintos territorios y que garantice la calidad de los servicios públicos en la España rural y despoblada. Una financiación que deberá ser fruto del "consenso multilateral" del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Así lo han rubricado los presidentes de Galicia (PP), Castilla y León (PP), Castilla-La Mancha (PSOE), Aragón (PSOE), Extremadura (PSOE), Asturias (PSOE), La Rioja (PSOE) y Cantabria (PRC) en una declaración conjunta. Son regiones que, según exponen en el documento, contemplan el 62% del territorio y un 24% del total de la población española, por lo que piden al Gobierno un sistema que tenga en cuenta la dispersión de la población, que encarece la prestación de los servicios.

14 horas - Las ocho comunidades más vacías piden al Gobierno que la financiación no dependa solo del número de habitantes - Escuchar ahora

La reunión se ha producido antes de que termine noviembre, mes que había planteado el Ministerio de Hacienda como límite para presentar su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica y poder de esta manera empezar a negociar. La propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prima el criterio criterio de población ajustada sobre el de la dispersión, al igual que proponen la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. Pero, además, está otro bloque de comunidades (Baleares, Cataluña y Madrid) que buscan un modelo e tenga en cuenta el denominado principio de originalidad en la aplicación de las medidas de nivelación.

En el texto, los firmantes trasladan la necesidad de que España acometa de manera pronta el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta en mayor medida criterios demográficos de dispersión para responder con eficacia y equidad a las necesidades del conjunto de ciudadanos vivan donde vivan. Esto se traduciría en una financiación que compense el mayor coste de los servicios en zonas con población dispersa.

En este mismo texto, ponen de relieve la trascendencia de este debate, ya que afecta a la principal vía de ingresos de las comunidades, y por tanto piden que el futuro sistema sea fruto de un consenso multilateral y queden al margen los "legítimos espacios bilaterales" entre el Gobierno central y cada Comunidad.

En el texto concordado, todos transmiten su absoluto respeto a las comunidades con intereses diferentes y recuerdan que el objetivo que debe unir a todas ellas es el de "acertar" en la definición de los costes reales que suponen los servicios que prestan, así como de los factores demográficos. E instan al Ejecutivo a definir cuanto antes una metodología de trabajo que permita a todas las administraciones aportar sus particularidades y necesidades concretas, estableciendo un calendario para ello.

La declaración, sin embargo, no incluye ninguna referencia relativa a la estrategia de protección del lobo, puesto que tanto Extremadura como La Rioja se han descolgado de la propuesta sugerida. El texto sí incluye una adenda en la que los otros seis gobiernos (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Galicia y Aragón) ponen de manifiesto su respaldo a la ganadería extensiva, "fundamental en la economía de las zonas rurales".

Celebran un consenso sin "frentismo"

La expresión más común entre quienes han asistido a la cumbre (presidentes de PSOE, PP y PRC) es que no existe un "frentismo" contra el Gobierno ni entre partidos y han puesto en valor "el consenso" entre estos territorios.

El presidente de la Xunta de Galicia y anfitrión del encuentro, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado al término del mismo que estos ocho presidentes han intentado "colaborar" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en todo momento y que lo siguiente será "aproximar posturas con el resto de colegas autonómicos". "No sólo el hecho de debatir, sino el de acordar, es una excelente noticia en la España actual y la futura", como lo fue "en la España de la Transición".

El de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado a dar "pasos decididos": "Nos jugamos mucho". Mientras, Guillermo Fernández Vara (Extremadura) ha celebrado el hecho de "compartir cosas que se pueden compartir y respetar las que no".

Por su parte, Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) ha dicho estar "sinceramente contento" tras el pacto: "Esto no es postureo. Es una declaración sosegada". Y Javier Lambán (Argón), ha añadido: "Estamos demostrando que es perfectamente posible en nuestro país hacer política superando y dejando atrás el frentismo".

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha celebrado que el de hoy es "un acuerdo de consenso" que pone "a la ciudadanía en el centro". El asturiano, Adrián Barbón, ha aseverado: “No defendemos que tengamos más, sino que los servicios sean iguales en el conjunto del territorio (español) y con la misma calidad y para ello solo hay un camino, ponderar el coste real de los servicios, la dispersión y el despoblamiento”.

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha celebrado que, "al final, todo ha salido muy bien", aunque ha destacado que la despoblación es “el gran desastre de España” y que hace falta “corregir esa deriva que es una catástrofe señalada desde Europa”: “España es el país peor articulado territorialmente”.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha coincidido en que la reforma de la financiación autonómica lleva “pendiente” desde 2014 y ha destacado que es preciso abordarse “con consenso”.

Los principios básicos de la financiación

Los firmantes llaman a identificar los principios básicos que rijan el nuevo modelo. Entre ellos, consideran que la asignación de recursos debe ir enfocada a la calidad de los servicios independientemente de la capacidad de cada comunidad para generar ingresos tributarios.

Piden por otra parte crear un catálogo de servicios cuya financiación esté asegurada y corregir los déficit de financiación dotando al sistema autonómico de mayores recursos. Todo, sin que ninguna comunidad reciba menos financiación que actualmente.

Un punto clave es que la financiación se fije atendiendo a los factores de la dispersión, baja densidad poblacional, orografía o envejecimiento y que se evalúen los gastos destinados a la educación, sanidad y servicios sociales. Pero en concreto, que la sanidad sea objeto de un análisis especial y que se estudie de forma diferenciada el efecto de la aplicación de la Ley de Dependencia.

Solicitan una financiación que permita impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y otras en declive demográfico y garantizar la "lealtad institucional" y "seguridad jurídica".

En otro punto, piden valorar los recursos adicionales necesarios para garantizar el desarrollo de las comunidades, potenciar las políticas del fondo de compensación interterritorial y evaluar el presente y el futuro de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las comunidades. A su vez, establece repartir los fondos Next Generation de forma equitativa y sin que estos fondos compitan con la asignación de recursos de la política de cohesión.

Además, llaman a la transición hacia un modelo más verde y sostenible y la asignación de recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar proyectos públicos y privados que garanticen una salida cohesionada de la crisis. 

Por último, llaman a una "cogobernanza multinivel realmente efectiva" mediante una mayor capacidad de decisión para las autonomías en la asignación de fondos. En este sentido, piden que el Gobierno cumpla su compromiso de dedicar el 50% de los fondos que se reciban de la Unión Europea a las autonomías.