El Gobierno dice que no tiene competencias para garantizar el 25% de castellano en las aulas: "Le corresponde al Govern"
- Los Ministerios afectados están estudiando el caso y están a la espera de los informes jurídicos
- La ministra de Justicia subraya que será el Supremo el que tendrá que instar al Govern a cumplir la sentencia
El Gobierno ha recalcado que es a la Generalitat de Cataluña a la que le compete ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano en la escuela pública catalana.
Así lo ha asegurado este miércoles la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, después de que la Generalitat ya ha dejado claro que no quiere acatar la sentencia. De hecho, el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha pedido este miércoles por carta a los directores de los centros educativos catalanes que no cambien su proyecto lingüístico docente: "Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora".
Rodríguez ha recordado que el Ejecutivo no tiene las competencias para ejecutar la sentencia, ya que la Educación está en manos de las comunidades y, por lo tanto, de la Generalitat. "El Gobierno no tiene esas competencias. Los jueces hacen su trabajo y nosotros ejecutamos", ha señalado en los pasillos del Congreso al ser preguntada sobre si el Ejecutivo va a instar al Govern a cumplir la sentencia de Supremo.
Pese a ello, el líder del PP, Pablo Casado, ya ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aplicar el artículo 155 de la Constitución en el ámbito educativo si el Govern no acata la sentencia.
La sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso RTVE.es, establece corresponde a la Generalitat "en su calidad de Administración ejecutiva en la materia", la responsabilidad de controlar la aplicación del régimen lingüístico que resulte, "sin perjuicio de la competencia de la Alta Inspección de Enseñanza (dependiente del Ministerio de Política Territorial) de acuerdo con lo previsto en el artículo 149 y ss de la Ley Orgánica 2/06".
Los Ministerios afectados estudian ya el caso
En todo caso, fuentes gubernamentales explican que, como ocurre con cualquier sentencia, los Ministerios afectados están estudiando el caso, y a la espera de ver qué dicen los informes jurídicos que siempre se elaboran en estas situaciones.
Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha subrayado que le "corresponde al propio órgano sentenciador darle el impulso a la ejecución" y por tanto, ha remarcado, será el Supremo quien pida al Govern que cumpla la sentencia.
Sobre el anuncio del Govern de no acatarla, en declaraciones a Antena 3, la titular de Justicia ha pedido esperar a ver "cómo se va resolviendo" la situación, pero ha reiterado que es al Ejecutivo de Pere Aragonès al que le corresponde ejecutarla.
El TSJC coincide: "La inspección depende de la Generalitat"
En una nota, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aclara que la Alta Inspección de Enseñanza "no tiene capacidad de vigilancia sobre las comunidades autónomas, según sentencia del Constitucional". "Sería, por tanto la Inspección Educativa, dependiente de la Generalitat, la habilitada para comprobar el cumplimiento de la sentencia".
De cualquier forma, asegura que "el Gobierno de España no tiene que adoptar ninguna decisión al respecto en el momento actual del procedimiento", ya que "corresponde en exclusiva al TSJC y la Generalitat el cumplimiento de la sentencia" en materia de educación.
Añade que, "si en el plazo de dos meses no fuera efectivo el cumplimiento de la sentencia, cualquiera de las partes podrán solicitar la ejecución forzosa" de la sentencia. "Por lo tanto, nuestra posición es que el TSJC instará de manera efectiva el cumplimiento y ejecución de la sentencia. Y no entramos en futuribles que pudieran darse", concluye.