Todos los partidos excepto Vox acuerdan la renovación del Pacto de Estado contra la violencia machista

• El presidente del Gobierno y la ministra de Igualdad asistirán por la tarde al acto de firma del acuerdo
• El Ejecutivo propuso esta renovación la pasada semana a los grupos con el objetivo de "reafirmar el consenso político"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a la ministra de Igualdad, Irene Montero, el 8 de marzo de 2021.

El Gobierno y todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, han cerrado este jueves un acuerdo para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya vigencia finalizaba en septiembre de 2022, y que permitirá "blindar" su financiación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asistido por la tarde al acto de firma del acuerdo para la renovación del Dictamen del Pacto de Estado contra la Violencia de Género por parte de los portavoces de las formaciones políticas representadas en el Congreso y el Senado.

Durante esa cita, la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, ha afirmado que estos consensos "son la base" para impulsar políticas públicas efectivas para alcanzar "el objetivo compartido de la elminacion total de las violencias contra las mujeres".

Más tarde, en declaraciones a los medios, Montero ha dejado claro que se trata de "una firma importante" porque permite "blindar" el pacto de Estado y su financiación. "Hoy las instituciones han estado a la altura de las mujeres de este país y uno de los mensajes más importantes que lanzamos es que no vamos a tolerar a los negacionistas de la violencia contra las mujeres", ha añadido.

Acuerdo firmado por más de 25 formaciones políticas del Congreso y el Senado

El texto consensuado pone en valor el Pacto alcanzado hace cuatro años en el Congreso y el "consenso sin precedentes" que supuso "para consolidar una política de Estado frente a la violencia contra las mujeres en España, asegurar el cumplimiento de las obligaciones normativas en esta materia y garantizar la respuesta a todas las manifestaciones de la violencia machista, más allá de la violencia de género de la pareja o expareja".

Lo firman más de 25 formaciones políticas del Congreso y del Senado y supondrá el blindaje del pacto y su financiación, así como la subvención a entidades feministas que ayudan a mujeres víctimas de violencia machista.

El único grupo que no ha apoyado el acuerdo ha sido Vox, que un día antes también vetó en el Congreso una declaración institucional contra las violencias machistas, impulsada por PSOE y Podemos, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer.

Sobre la ausencia del partido que lidera Santiago Abascal en este pacto, Montero ha señalado que uno de los mensajes "más poderosos" que se ha lanzado este jueves es que los grupos parlamentarios "no van a tolerar a los negacionistas" y a quienes niegan la "urgencia" de "acabar con todas las formas de violencia contra la mujer".

Después, la ministra de Igualdad ha agradecido en su intervención el trabajo "discreto" de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos.

Fuentes de ese departamento han explicado a Efe que al primero al que se llamó para poner en marcha este acuerdo es al líder del PP, Pablo Casado, con el que se limaron algunos temas del texto. El resto de formaciones también han hecho sus aportaciones al mismo, han señalado las mismas fuentes.

Trece medidas acordadas

El dictamen acordado incluye trece medidas que llaman a consolidar un sistema de cogobernanza, de cooperación institucional y de actuación especializada en la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones forales y en las entidades que integran la administración local.

El acuerdo recoge también el compromiso a una "financiación pública estable, suficiente, adecuada, con independencia del ciclo económico" que permita mantener las actuaciones y políticas frente a esta lacra.

Asimismo, señala la necesidad de "adecuar la normativa estatal al Convenio de Estambul, asegurando una respuesta integral y contextualizada a todas las formas de violencia contra las mujeres" que se incluyen en el Pacto; reforzar la protección de aquellas mujeres que enfrentan otras formas de discriminación y son doblemente vulnerables --mayores, migrantes, rurales, minorías étnicas, con discapacidad o en situación administrativa irregular--; y perfeccionar los circuitos de atención integral de la violencia machista declarándolos servicios esenciales.

El Ejecutivo propuso la pasada semana a los diferentes grupos parlamentarios la renovación del Pacto de Estado con el objetivo de "reafirmar el consenso político en la lucha contra la violencia machista" y se comprometió a trabajar "desde la unidad institucional con todas las formaciones políticas representadas en las Cortes Generales para conseguir, cuanto antes" esa actualización.

También este este mismo miércoles la ministra de Igualdad había apelado a renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para convertirlo en permanente y a blindar su financiación "sin fisuras".

En su comparecencia en el Pleno del Congreso, Montero defendió los presupuestos de su Departamento para 2022, que calificó de "feministas" y, aunque ha reconocido que la inversión en políticas públicas para la igualdad "sigue teniendo un amplio margen de crecimiento", ha recalcado que son "una partida histórica", que por primera vez superan las barrera de los 500 millones de euros.

En lo que va de año han sido asesinadas por sus parejas o exparejas 37 mujeres, una cifra que eleva a 1.118 las víctimas mortales de violencia de género desde que se tienen datos, en 2003.