Los trabajadores del metal de Cádiz aprueban el preacuerdo para desconvocar la huelga indefinida
- UGT y CC.OO. han cerrado la negociación del convenio colectivo provincial con Femca
- Los sindicatos han logrado subidas salariales superiores al 2 % para los próximos años
Los trabajadores del sector del metal en Cádiz han aprobado en varias asambleas el preacuerdo alcanzado con la patronal Femca sobre el convenio colectivo provincial. Los sindicatos UGT y CC.OO. ya han suspendido la huelga indefinida que arrancó el pasado 16 de noviembre.
Sin embargo, la CGT no ha desconvocado los paros porque considera que el pacto deja fuera a los contratados eventuales. Así, esta central sindical se ha concentrado delante de la sede de los sindicatos para que les expliquen los términos del acuerdo. En su opinión, es un "acuerdo de migajas" por lo que llaman a mantener las movilizaciones dos días más.
La huelga finalizó esta noche con el respaldo de los sindicatos y los operarios han comenzado a regresar a sus puestos de trabajo con cierta normalidad, aunque durante la mañana en varias factorías ha habido concentraciones de trabajadores y mucha presencia policial.
Dos años de ultraactividad
El preacuerdo contempla en su primer punto que el convenio tendrá una vigencia de tres años, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, del que además se pacta una “ultraactividad ampliada de dos años desde su vencimiento”.
En su segundo punto se acuerda la constitución de una comisión para “el control y seguimiento del presente acuerdo y la vigilancia de las cuestiones referentes a la eventualidad y en particular al control horario, las horas extras y el abono de los atrasos”.
Esta comisión se reunirá cada tres meses y estará integrada por ocho personas, cuatro por la parte empresarial y cuatro por la social, dos de UGT y dos de CC.OO, con invitación a participar a los representantes de la Inspección de Trabajo, la Consejería de Empleo, la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo estatal.
Han acordado iniciar el proceso negociador del siguiente convenio colectivo en septiembre de 2022 y cambiar la denominación del convenio al de “industria del metal de la provincia de Cádiz”.
Subidas salariales de más del 2 % anual
El punto clave es el quinto donde se fijan las subidas salariales, en 2021 se establece un incremento del 2 %, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, de forma que los atrasos se abonarán entre este mes y el que viene.
También precisa que “una vez conocido el IPC real del año 2021, de superarse el 2 % se actualizarán las tablas salariales con el 80 % de la diferencia entre el IPC real mencionado y el 2 %, sin que esta actualización genere atrasos de 2021”.
Para 2022 se establece un alza del 2 % y “una vez conocido el IPC real de 2022, si superase el 2 %, se actualizarán las tablas salariales con el 80 % de la diferencia entre el IPC real mencionado y el 2 %” y además se especifica que la cantidad resultante se aplicará en el mes que se conozca el IPC real de 2022 con efectos retroactivos al 1 de enero de ese año.
Para 2023 se fija un incremento fijo a tablas del 2 % y si el IPC superase el 2 % se actualizarán los salarios en las mismas condiciones que en 2022.
El preacuerdo termina diciendo que si existiera alguna diferencia entre el IPC real respecto a las subidas aplicadas en total, dicha diferencia se incrementará en las tablas salariales el 1 de enero de 2024, como base del siguiente convenio, sin generar atrasos.
Sobre el personal eventual, el documento indica que “las empresas tratarán de abonar a cuenta el 2 % garantizado desde el mes de enero de cada año y en cualquier caso siempre a la terminación o liquidación de su contrato sin necesidad de esperar a la finalización del año natural”.
Declaración institucional sin consenso
Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidas Podemos ha propuesto una declaración institucional en el Congreso sobre la huelga del metal en Cádiz que no ha salido adelante por falta de unanimidad. Según la formación morada, el PP no la apoyado.
El texto deseaba que "se pueda alcanzar un acuerdo definitivo que sea beneficioso para la provincia de Cádiz, que permita reactivar la actividad productiva del sector industrial y garantice la calidad de vida de sus trabajadores y trabajadoras".
Además, reconocía "el derecho al trabajo, el derecho de huelga, los derechos concomitantes de manifestación y reunión" y rechazaba cualquier tipo de criminalización de estas prácticas."