¿Por qué se manifiestan policías y guardias civiles contra la reforma de la 'ley mordaza'?

• Critican los cambios en apartados como la grabación de imágenes de actuaciones policiales o el uso de pelotas de goma
• También cuestionan que se permitan manifestaciones espontáneas sin comunicación previa

Policías antidisturbios durante una manifestación en la que se emplean pelotas de goma

Este sábado las asociaciones mayoritarias de la Policía, la Guardia Civil y otros cuerpos policiales salen a la calle en Madrid para mostrar su rechazo contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza’. Esperan que sea la "mayor manifestación de la Policía en la historia de España" ante una modificación que consideran que hará aumentar la "inseguridad" no solo para los agentes sino para toda la población.

La derogación de la 'ley mordaza' ha sido, desde que la aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, uno de los caballos de batalla de la izquierda y de las organizaciones de derechos humanos, que ven en este texto "tintes represivos" al "facilitar que se cometan abusos policiales", según explica a RTVE Carlos Escaño, portavoz de Amnistía Internacional.

Pedro Sánchez prometió acabar con la 'ley mordaza' inmediatamente después de que se implantara, y este compromiso aparecía en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos de 2019. Finalmente, ha sido este noviembre cuando se ha acelerado el proceso: los dos socios del Gobierno presentarán 51 enmiendas a una proposición del PNV para eliminar algunos de los aspectos más polémicos de la ley, por lo que dejarán de considerarse infracciones graves la difusión no autorizada de imágenes de los agentes o la celebración de manifestaciones "espontáneas" sin comunicación previa.

Para las fuerzas de seguridad, la modificación de la ley "perjudicará el principio de autoridad" del que gozan los agentes y además "mermará la capacidad operativa en las intervenciones en la calle", explica a RTVE.es Pablo Pérez, portavoz de JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía y, dentro de su matriz JUSAPOL que engloba también a la Guardia Civil, el principal organizador de la manifestación. Repasamos las claves de las principales reivindicaciones policiales y de los puntos más polémicos de la ley.

La grabación de las actuaciones policiales, en el punto de mira

Una de las principales críticas de los agentes es que se vaya a dejar de considerar una infracción grave, con sanción de entre 601 y 30.000 euros la difusión de imágenes de los policías.

Ahora, la enmienda presentada por PSOE y UP explicita que "no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión", aunque mantiene la consideración de infracción grave cuando el uso de las imágenes "genere un peligro cierto" para los agentes.

Policías y guardias civiles se movilizan contra la reforma de la 'ley mordaza'

Según Pérez, este cambio en la ley da pie a que se haga un "daño irreparable a la integridad física" de los policías, incluso aunque más tarde se pueda sancionar el uso de las imágenes. Cita, por ejemplo, el caso de un compañero suyo que tuvo que dejar un piso de alquiler al hacerse público que era policía nacional.

Amnistía, en cambio, celebra que se elimine este apartado, ya que, junto a la sanción por desobediencia y falta de respeto a la autoridad, constituye un "auténtico cajón de sastre" que ha dado lugar al 70% de las 200.000 sanciones impuestas entre 2015 y 2019. Como ejemplifica Escaño, si un manifestante grababa a un policía en una manifestación y el policía no se lo permitía, ante la protesta del manifestante el agente podía multarle por "desobedecer a la autoridad".

Una sentencia reciente del Tribunal Constitucional consideraba inconstitucional el uso de la expresión "no autorizadas" en referencia a la prohibición de las imágenes, algo que desaparece también en el nuevo texto.

El controvertido principio de veracidad

Se modifica también la controvertida presunción de veracidad de los policías. Con la 'ley mordaza', la versión del agente era suficiente para incriminar a un acusado. En el nuevo texto, se lee que "el acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados", como hasta ahora, pero se añade "siempre que resulte coherente, lógica y razonable".

Este asunto saltó a la esfera pública a raíz del caso del exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Fue condenado por el Supremo a un mes y medio de prisión y a inhabilitación por haber propinado una patada a un agente durante una manifestación. El atestado del propio agente fue la única prueba para la sentencia condenatoria, según los votos particulares de dos magistrados y el propio Rodríguez, aunque el tribunal consideró que era suficiente para probar los hechos.

Para Escaño, la reforma de este punto es "insuficiente", ya que no se elimina completamente la presunción de veracidad, lo que "convierte en potencial infractor a cualquier persona y se pierde la presunción de inocencia", critica.

Pérez, por su parte, reclama que se mantenga intacto el principio de veracidad, ya que "el respeto a los agentes de autoridad se está perdiendo y esta ley lo que da es más cobijo al delincuente en contra del agente".

¿Desaparecerán las pelotas de goma?

En las nuevas enmiendas se establece una importante modificación acerca del uso de pelotas de goma y otro material antidisturbios, un uso muy criticado después de que varios manifestantes hayan sufrido lesiones graves como la pérdida de un ojo en los últimos años.

"Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios", se lee en la enmienda, y se pide además que se utilicen "siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables".

Este nuevo texto abre la puerta a que desaparezcan las pelotas de goma, lo que para JUPOL supondrá que los agentes se verán "abocados a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre manifestante y policía, lo que va a provocar más lesionados en ambas partes".

Se permitirán las manifestaciones sin comunicación previa

Según el derecho de reunión recogido en el artículo 21 de la Constitución, para convocar una manifestación no hay que pedir permiso, pero sí comunicarlo a la autoridad competente. Si salen adelante las enmiendas propuestas, sin embargo, estará permitido manifestarse pacíficamente sin comunicarlo previamente en el caso de que sea necesario mostrar una "rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora".

Estas manifestaciones "espontáneas", como las que tuvieron lugar tras la sentencia de la Manada, pueden ser sancionadas con la ley actual, y según la Policía, debería seguir siendo así. "Si no se comunica una protesta supondrá que no haya un dispositivo policial preparado por si se convierte en violenta. Si estamos viendo que con dispositivos policiales ya preparados estamos teniendo altercados y desórdenes públicos, si no se comunican estos altercados se pueden multiplicar", señala el portavoz del sindicato policial.

Para Escaño, la redacción de la ley actual atenta contra "el derecho de reunión pacífica, que así como el de la libertad de expresión son básicos para cualquier Estado de derecho y tienen que estar muy protegidos". Denuncia que "eso no pasa en España y por eso ha sido numerosas veces señalada por la ONU y el Consejo de Europa".

Este órgano emplazó en marzo a España a revisar el contenido de la ley por su "potencial represivo". Consideraba que daba a la Policía "amplios poderes pero no indican en qué situaciones se pueden utilizar estos poderes, o qué tipo de medidas se pueden tomar".

Manifestación con presencia política

Este sábado acudirán a la manifestación más de 40 asociaciones profesionales y entidades policiales, tanto de la Policía Nacional, como de la Guardia Civil, policías autonómicas y municipales. Está confirmada la presencia de un sindicato de la Ertzaintza pero no de ninguno de los Mossos d'Esquadra.

Por parte de la política, acudirán representantes de PP, Vox y Ciudadanos, como ya ocurrió el pasado miércoles en concentraciones ante las delegaciones de Gobierno de toda España. En aquel momento estuvieron presentes los líderes del PP, Pablo Casado, y Vox, Santiago Abascal, así como representantes de la formación naranja, como Edmundo Bal o Begoña Villacís.

En esta ocasión está confirmada la presencia la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y también Abascal. Por parte del PP se espera que su líder Pablo Casado asista, aunque no lo ha confirmado seguro porque previamente tiene una convención en León. Sí que irán la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, quien ha negado que el líder del partido no vaya a la manifestación para no coincidir con Ayuso, en plena pugna por el poder del PP madrileño.

Pérez agradece que acudan representantes de la política, pero insiste en que no quieren "politizar esta reivindicación", ya que sus demandas "no van en contra de un color o de un partido". Está convencido de que puede ser una manifestación "histórica", superando la movilización por la equiparación salarial de la que nació JUSAPOL, y de que "decenas de miles de personas" pueden recorrer las calles de Madrid.