El Gobierno trabaja en un gran pacto social para la reforma de las residencias que se podría alcanzar en febrero

• La pandemia ha puesto en evidencia las carencias y su alejamiento del ámbito sanitario
• En las residencias murieron entre más de 20.000 personas por COVID y 10.000 por patologías relacionadas
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Repor - Residencias, después del colapso

Más de 20.000 personas murieron en residenciasen apenas unos meses por contraer el coronavirus. Durante la pandemia el COVID, en las residencias de Madrid hubo 6.373 muertos, en Cataluña 5.624. En Castilla-León 4.125. Unas cifras que pusieron en evidencia las carencias del modelo actual de esos centros de cuidados. El Gobierno ya se ha puesto en marcha para revisar qué mejoras se pueden acometer. Por ello, el Ministerio de Derechos Sociales está trabajando para poder anunciar a principios de febrero un gran pacto que propondrá reformar las residencias en España.

En estos momentos tiene abiertas tres mesas: la interterritorial, con los consejeros de las comunidades autónomas (que son quienes tienen las competencias); la de empresas y sindicatos y, por último, otra con organizaciones sociales. En ellas pretenden llegar a un acuerdo de mínimos para acreditar a los nuevos centros residenciales.

Los cambios pasan también por plantear un ejercicio de transparencia. Habrá una evaluación de calidad en todos los centros que se hará pública y permitirá una evaluación por parte de usuarios y familias.

Manifestación pensionistas Madrid

El director del IMSERSO, Luís Alberto Barriga, da algún detalle de algunos de los aspectos, en programa REPOR: "No va a ser una guía Michelín. Tenemos que catalogar. Unas son las condiciones mínimas para existir, acreditarse. Pero la medida no va a ser en función del ancho de las puertas, sino en función de la calidad de vida de las personas".

“Jamás utilizar la sujeción como sistema. Eso es una auténtica barbaridad“

Entre las propuestas concretas que van a aprobar la figura de la prohibición, salvo casos excepcionales, de la sujeción de las personas mayores. "Jamás utilizar la sujeción como sistema. Eso es una auténtica barbaridad", insiste Barriga.

En la manifestación a favor de los pensionistas en Madrid participan varias asociaciones de familiares. Miguel Vázquez, de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), está esperanzado con las negociaciones sobre esta reforma: "En cuanto al establecimiento de ratios; en cuanto al modelo de residencias, que tienen que ser de un tamaño inferior a las que hay; en cuanto al establecimiento de órganos de participación de los familiares, y en cuanto a la creación de plazas de residencias públicas".

plataforma Pladigmare en la manifestación de pensionistas de Madrid

"Las empresas tienen el negocio asegurado, porque hay más demanda que oferta. En España hay unas 330.000 personas que viven en residencias, sin embargo, todavía unas 75.000 están en lista de espera", asegura Velázquez.

¿Cambios en la financiación?

Los fondos europeos, en su capítulo 22, prevén una entrada de 3.500 millones como plan de choque "para la economía de los cuidados". Tanto administraciones como empresas están de acuerdo en dar prioridad a la atención domiciliaria, dado que ocho de cada diez mayores prefieren seguir siendo atendidos en sus casas.

En España, el 89 % de la atención desde las residencias la ejerce la empresa privada. Las mayores compañías están agrupadas en AESTE (Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad). Su secretario general, Jesús Cubero, ha querido aclarar que durante distintas olas se recluyó a los residentes como medida de prevención: "Personalmente, si tengo que elegir entre esa libertad, o garantizar el derecho a la vida de las personas, yo opto por garantizar el derecho a la vida".

Las corporaciones esperan una mayor inversión. Pero se quejan de que haya tanta desigualdad a la hora de financiar las residencias entre comunidades autónomas. Euskadi paga por plaza concertada por persona y día, 89,6 euros por cada residente, y Castilla-La Mancha, 39,8 euros.

Manuel Rico, director de investigación en el periódico digital infoLibre, publicó en el mes de marzo el libro Vergüenza! El Escándalo de las Residencias en el que investigaba si había relación entre grandes residencias, de grandes empresas y un mayor número de fallecimientos durante la Pandemia: "El impacto en la primera ola, la mortalidad fue claramente mayor en las residencias que pertenecían a esos grandes grupos. Son los que suelen tener las residencias más grandes que la media, precisamente por una cuestión económica".

Rico es crítico con las sedes en paraísos fiscales, como Jersey, que tienen algunas de las grandes compañías que gestionan residencias en España: "Los nombres de los inversores deberían conocerse, ya que viven del dinero público", opina Rico. En el 2019, las administraciones aportaron 1.895 millones al sector privado, con fondos de la Ley de la Dependencia.

Los usuarios: los más afectados

Esperanza Pérez abandonó el centro público Santiago Rusiñol de Aranjuez después de pasar allí el COVID y la etapa post-COVID: "Prefiero estar aquí en la calle, que en una residencia dónde te anulan la personalidad. Una vez me llamó la directora y me dijo: Estás en una Ins-ti-tu-ción", dice Pérez.

Beatriz Cano, vive desde hace diez años en la residencia DOMUS Vi de Usera. Pudo sobrevivir a la soledad durante las distintas olas de la pandemia, gracias a poder grabar un video diario para la revista "65 y más". Tiene habitación individual e internet. A veces, si quería salir, manifiesta que "tenía que avisar a la policía", porque, según ella, el centro interpretaba de forma restrictiva los protocolos de la Comunidad.

Ahora, ha decidido presentarse al Consejo de Usuarios: "A mí la empresa me va a tener enfrente. Es muy difícil recuperar la dignidad perdida. Te vas dejando, te vas dejando. Yo estoy en ello. Plantándole cara a la asistencia residencial. Y a reivindicar la vida, porque más allá de la dependencia física, tenemos vida".

“Mi madre no murió de COVID, pero murió de pena. “

En Cataluña, surgió la organización Estels Silenciats, de familiares de residentes y que nació en las redes sociales para dar voz a los mayores de las residencias. Dolors Gonzalo, que forma parte de esta iniciativa cree que su madre, Montserrat, murió agotada tras tanto aislamiento: "Mi madre no murió de COVID, pero murió de pena. No se tuvo en cuenta la salud emocional de los residentes".

“Hay que cambiar el modelo de residencia. El que hay no funciona“

Gonzalo culpa totalmente a las administraciones y también al centro. Desde marzo a diciembre Montserrat solo podía salir de la residencia para ir al médico: "Hay que cambiar el modelo de residencia. El que hay no funciona".

Sin atención hospitalaria

Varios testimonios confirman, que al inicio de la primera ola, tanto en Cataluña como en Madrid, hubo residentes enfermos que se vieron privados de poder ser asistidos en un hospital.

Los familiares de Carmen, que murió el 13 de abril en una residencia de Carabanchel, se quejan de la falta de información. Intentaron durante días poder verla por videoconferencia.

Les llamaron el mismo día que falleció su madre: "Nuestra sorpresa fue al ver el certificado ponía fallecimiento por posible COVID. No entendimos por qué no se le había dado tratamiento. Que se la hubiera trasladado a un hospital público, que hubiera tenido el tratamiento que hubiera necesitado". La familia de Carmen denunció el caso ante la Fiscalía, y aseguran que sí ha prosperado.

Elegir si van a ser tratados

Varios testimonios repasan lo que pasó en la residencia Bertran y Oriola de Barcelona. En cuanto se detectaron los primeros contagios, mucho personal cogió la baja. De 91 residentes, 85 dieron positivo. El día en que los bomberos desinfectaron el centro, reagruparon a los mayores.

Según el testimonio de Kati, su padre Vicente, murió allí, sin que lo llevaran a un hospital. Ella se pregunta en qué momento su padre perdió los derechos: "Cuanto habrá sufrido, sin que le hayan puesto algo paliativo, algo para aliviar su sufrimiento".

Una de las trabajadoras, Claudia García, terapeuta comenta que cuando la asistencia primaria del barrio tomó el mando de la gestión sanitaria del centro, las trabajadoras estaban esperanzadas, pero llegó un momento muy duro: les hicieron escoger qué residentes iban a ser tratados y cuáles no, en función de su posibilidad de supervivencia y de la calidad de vida que pudieran tener caso de superar el COVID. Los familiares presentaron una denuncia. Sin embargo, la fiscalía archivó el caso.

El ex consejero de políticas sociales de Madrid, Alberto Reyero, recuerda que la consejería de Sanidad elaboró unos protocolos en los que, para evitar el colapso en los hospitales, se sugería relegar a la población con deterioro cognitivo o discapacidad motriz: "No dejaremos que los mayores que van en silla de ruedas entren en un hospital. Yo creo que no es ético. Dije que los protocolos no eran éticos, y posiblemente no eran legales".

Sin investigaciones autonómicas

Reyero, que dimitió posteriormente, aún está dolido porque la Asamblea de Madrid ha cerrado la comisión de investigación abierta.

Todos los parlamentos autonómicos, con la excepción del de Castilla-León han decidido no reabrir comisiones de investigación sobre lo que pasó en las residencias.

En total, hay 51 denuncias penales en marcha y en trámite 223. En el ámbito civil, se han incoado 921 diligencias y en trámite hay 546.

El Fiscal general para personas mayores, María José Segarra, ha explicado que se están investigando los protocolos. Valora el confinamiento durante las distintas olas, con los residentes sin poder salir de su habitación, observando que ello pudo suponer un deterioro para su salud física y psíquica: "Sí hubo vulneración de derechos en las residencias".

Los fiscales aseguran a REPOR que en los primeros tiempos tuvieron que ejercer de mediadores entre directores de centros y administraciones, para obtener recursos y personal.