El Gobierno aprueba la ley que permitirá crear empresas con 1 euro y luchar contra la morosidad

• La conocida como ley 'Crea y Crece' vetará las subvenciones a empresas que incumplan los plazos de pago a proveedores
• Se trata de una de las reformas comprometidas con la Comisión Europea y que debe ser aprobada antes de final de 2022

Reunión de trabajo de un grupo de empresarios

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, la conocida como ley 'Crea y Crece', que tiene como objetivo acelerar el desarrollo de las compañías nacionales, en particular de las pequeñas y medianas empresas (pymes), a través de facilidades de acceso como la creación de una empresa por 1 euro, la financiación colectiva o medidas para luchar contra la morosidad, como el veto a subvenciones públicas para aquellas empresas que incumplan los plazos de pago a proveedores.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, quien ha destacado que se trata de "un proyecto de ley importante como otros que están en curso y que serán aprobados en las próximas semanas" y que "pretende mejorar el clima de negocios, reforzar el tejido productivo y atraer inversión y talento a nuestro país". Se trata precisamente de una de las reformas clave comprometidas con la Comisión Europea con el objetivo de que llegue una nueva partida de los fondos europeos.

De esta manera, con el visto bueno del Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley pasa ahora al Congreso, para así iniciar los trámites parlamentarios correspondientes. El compromiso con Bruselas obliga a que la ley entre en vigor antes de que finalice 2022.

La lucha contra la morosidad, entre sus principales medidas

La norma tiene como uno de sus objetivos prioritarios acabar contra la morosidad, una de las causas de los problemas de liquidez de las pymes españolas. Para ello, se establece que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión.

Asimismo, se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. Esta medida, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial.

Y se contempla además la creación en el plazo de seis meses un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará una seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas.

Creación de empresas por 1 euro

Este impulso para la pequeña y mediana empresa también se verá reflejado con la incorporación de una serie de medidas que faciliten la creación de una empresa, al reducir el coste económico y simplificar los trámites para su constitución. De esta manera, se establece la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de 1 euro, eliminándose el mínimo legal de 3.000 euros establecido hasta el momento, permitiendo a las empresas utilizar estos recursos en usos alternativos.

Según el Gobierno, esta medida permite a España alinearse con gran parte de los países de nuestro entorno en los que no se requiere un capital mínimo, favoreciendo de esta forma el emprendimiento. Asimismo, se promueve la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que garantiza una reducción en los plazos para su creación y de los costes notariales y registrales.

Y, en lo que respecta a la financiación, el anteproyecto de ley incorpora medidas para mejorar los instrumentos alternativos a la financiación bancaria, como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo. Así, en el ámbito del crowdfunding, la 'Ley Crea y Crece' adapta la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Además, se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y así reducir costes de gestión.

Se impulsa la industria del capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico. Y se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados, los cuales pueden invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales de compañías que hayan visto deteriorada su estructura financiera como consecuencia de la pandemia.