El abogado general de la UE avala retirar los fondos europeos a los países que vulneren el Estado de derecho

• El dictamen no es vinculante para el Tribunal europeo, que emitirá una sentencia en 2022
• Mientras tanto, la CE avanza en dos expedientes sancionadores contra Hungría por su discriminación al colectivo LGTBI

La bandera de la Unión Europea (UE)

El abogado general de la Unión Europea (UE), Manuel Campos Sánchez-Bordona, ha avalado este jueves el mecanismo para retirar el presupuesto comunitario a los países que vulneren los valores del Estado de derecho, desestimando los recursos de Polonia y Hungría al considerar que el instrumento "fue adoptado sobre una base jurídica adecuada". Sin embargo, el dictamen no es vinculante para el Tribunal europeo, que emitirá su sentencia definitiva más adelante.

"La protección de los destinatarios finales de los programas de gasto financiados con cargo al presupuesto de la Unión es una medida típica y lógica en la gestión compartida de esos fondos", ha recalcado el letrado, que ha señalado que el reglamento polémico no afecta a todas las vulneraciones del Estado de derecho, sino solo a las que tengan una conexión directa con la gestión del presupuesto de la Unión.

El conflicto se remonta a los momentos finales de las negociaciones para el presupuesto comunitario plurianual 2021-2027, en diciembre de 2020, cuando Hungría y Polonia se opusieron a la voluntad del resto de socios de la Unión Europea (UE) de introducir dichas condiciones al desembolso. Concretamente, el mecanismo permitía paralizar la entrega de fondos comunitarios cuando se detectaran violaciones de los principios del Estado de derecho, como la independencia judicial, la igualdad ante la ley o la separación de poderes.

Ambas capitales cedieron y levantaron su veto antes de que finalizara 2020, pero garantizaron que llevarían sus dudas ante el Tribunal de Justicia de la UE, un paso que dieron en marzo.

La sentencia final se emitirá durante 2022

La opinión del abogado es el paso previo a la sentencia final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que previsiblemente se emitirá durante el año 2022. Sin embargo, este tipo de dictámenes suelen marcar la línea de la resolución final en la gran mayoría de los casos examinados.

La Comisión Europea (CE), por su parte, ha decidido esperar a esta decisión definitiva de la corte comunitaria antes de empezar a abrir expedientes a los países infractores. Esto es algo que ha causado tensiones con la Eurocámara, que exige que se empiece a bloquear fondos a los estados que violan los valores comunitarios en cuanto a la buena gestión del presupuesto.

Los recursos presentados por Polonia y Hungría se dirigen contra el Parlamento Europeo y el Consejo como instituciones con poderes legislativos.

La CE avanza en dos expedientes contra Hungría por discriminación LGTBI

La Comisión Europea (CE) ha anunciado este jueves que ha avanzado en dos expedientes sancionadores contra Hungría sobre valores fundamentales, al considerar que su legislación discrimina a las personas LGTBI. El primero de los casos se refiere a la imposición de la Autoridad de Protección al Consumidor de Hungría a un editor de libros para niños, al que obligó a advertir en el tomo describía formas de "comportamiento que se desvían de los roles de género tradicionales".

“Restringe la libertad de expresión de los autores y editores“

Bruselas considera que Hungría "restringe la libertad de expresión de los autores y editores de libros al imponer la obligación de proporcionar información sobre la divergencia de los 'roles de género tradicionales'". Por este motivo, se ha dado un segundo paso en el procedimiento contra Budapest iniciado el pasado julio al considerar que el país no ha justificado "las restricciones impuestas a los derechos fundamentales de no discriminación y libertad de expresión".

En el segundo expediente, iniciado también el pasado julio, la CE se ha referido a las normas húngaras que "buscan prohibir o limitar el acceso a contenidos que retratan la llamada 'divergencia de la propia identidad correspondiente al sexo al nacer, cambio de sexo u homosexualidad' para personas menores de 18 años".

El Gobierno de Viktor Orban tiene dos meses para responder y convencer a la institución, que si no queda satisfecha puede elevar el caso al TJUE.