El CGPJ cumple tres años de bloqueo sin acuerdo a la vista
- El PP pone como línea roja que se cambie el sistema de elección para que sean los jueces quienes elijan a sus representantes
- El bloqueo, el más largo de la historia de este órgano, puede llevar a algunas salas del Supremo al borde del colapso
El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial sigue batiendo todos los récords. Este sábado el gobierno de los jueces cumple tres años en funciones, y se mantiene como el único órgano constitucional no renovado después del acuerdo entre PP y PSOE para sacar de la interinidad al Tribunal Constitucional, el de Cuentas o el Defensor del Pueblo el pasado octubre.
El impulso político para renovar el resto de órganos infundió algo de optimismo entre los magistrados respecto al futuro del CGPJ, después de meses de acusaciones cruzadas entre los dos principales partidos y retrasos marcados por continuas citas electorales, en Andalucía, Galicia, Euskadi o Madrid. Algunos incluso se aventuraron a hablar de una renovación "en semanas" y se fijaron como tope este 4 de diciembre, pero las negociaciones siguen varadas y socialistas y 'populares' han enfriado las expectativas.
El principal escollo actualmente está en el sistema de elección de los vocales del consejo. El PP pone como línea roja que sean los jueces quienes elijan a la mayoría sus representantes y no los políticos. Desde 1985, el Congreso y el Senado eligen con una mayoría reforzada de tres quintos -por lo que es necesario el acuerdo de los dos principales partidos- a los 20 vocales del Poder Judicial, 12 de ellos jueces en activo a propuesta de las asociaciones judiciales.
En la práctica, son el PP y el PSOE quienes tradicionalmente han llegado a un pacto de cuotas para repartirse los vocales y el presidente del órgano, lo que ha despertado las críticas de las asociaciones judiciales. Tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa han presionado a España para renovar urgentemente el CGPJ siguiendo los estándares europeos, es decir, que sean los magistrados quienes elijan a la mayoría de miembros del órgano.
El sistema de elección, la línea roja para los dos negociadores
Las asociaciones de magistrados comparten esta petición, aunque hay división entre las que piden acometer esta reforma antes de la renovación y las que reclaman hacerlo después para no prorrogar más la interinidad. Este último es el caso de la progresista Jueces y Juezas por la Democracia. "La solución es que se sienten, negocien y se renueve. Una vez esté renovado ya podemos debatir si los jueces lo podemos elegir, pero ese es otro debate" señala a RTVE.es su portavoz, Ascensión Martín.
En el otro lado se sitúan las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). Estas urgen a la reforma de la Ley Orgánica para volver a un sistema similar al previo a la reforma de Felipe González en 1985, por el cual los jueces eligen a 12 de los 20 vocales. "Los partidos se resisten básicamente porque se reparten el Consejo", ha criticado Jorge Fernández, portavoz de la AJFV, en Radio Nacional.
Los partidos siguen acusándose mutuamente de no querer renovar el órgano. Por un lado, el PP aseguraba tras la renovación del Constitucional que "la pelota ahora está en el alero de Pedro Sánchez". "Si él quiere, el CGPJ mañana está desbloqueado. Para eso tiene que asumir el compromiso de que a los jueces los elijan los jueces", señaló su portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida.
Por el otro lado, la ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguraba en La noche en 24 horas que el CGPJ "está bloqueado porque el PP podría desbloquearlo" y no lo hace al poner "excusas". "Dicen que no les gusta el sistema de elección vigente, pero lo ha estado utilizando durante 35 años y siempre le ha parecido bien", aseguraba Llop.
El PSOE defiende el sistema actual, ya que en "un Estado de derecho" y en una "democracia plena" como la española, "ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos". "El Parlamento es el que ha de elegir los tres poderes. La base democrática es esencial", decía el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al frente de la negociación junto al secretario general del PP, Teodoro García Egea. Unidas Podemos, por su parte, ha criticado el "sesgo de clase" de la judicatura, por lo que propuso un "MIR judicial" para acceder a esta carrera.
Varias veces cerca del acuerdo
Desde el 4 de diciembre de 2018, cuando caducó el mandato del Consejo elegido en 2013 en tiempos de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, las negociaciones han estado muy cerca de fructificar en dos ocasiones.
La primera fue poco antes de aquella fecha, con un principio de acuerdo entre PP y PSOE para renovar sus miembros. El órgano pasaría de tener mayoría conservadora, como en la actualidad, a una progresista, con 11 jueces de 20, y la presidencia del conservador Manuel Marchena, quien saltaría a la fama más adelante por presidir el juicio a los líderes del 'procés'.
Todo quedó en papel mojado por un mensaje de Whatsapp del entonces líder del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que aseguraba que con el pacto su partido controlaría la Sala Segunda del Supremo, la encargada de juzgar casos de corrupción "desde detrás". El escándalo que supuso la publicación de este mensaje provocó la renuncia de Marchena y una vuelta a la casilla de salida.
En octubre de 2020, el Gobierno aumentó la presión sobre el PP lanzando una polémica reforma para rebajar las mayorías necesarias para renovar el Poder Judicial. Esta pasaría de tres quintos a la mayoría absoluta, por lo que no sería necesario el apoyo de los 'populares'. La propuesta, sin embargo, recibió duras críticas de la oposición, las asociaciones judiciales mayoritarias y los organismos europeos, hasta que el Ejecutivo la retiró en abril de este año.
Poco antes, en febrero, llegaba un nuevo principio de pacto. Se mantenían las listas que habían presentado los dos negociadores en 2018, con pocos cambios. Sin embargo, cuando parecía que estaba cerrado el acuerdo, las negociaciones se rompieron ante el veto del PP al nombramiento como vocal del juez progresista Ricardo de Prada, uno de los autores de la sentencia de la trama Gürtel. Los 'populares' habían puesto como condición, durante meses, que la formación morada no estuviera presente en la negociación.
¿Qué supone el bloqueo?
Un informe del propio Supremo alertaba de que a finales de año habrá 60 plazas sin cubrir en los tribunales, 16 de ellos en el Supremo, donde la situación preocupa especialmente, ya que representa más del 20% de la plantilla. Son jubilaciones o defunciones que no pueden suplirse alargando las plazas actuales, como en otros Tribunales Superiores de Justicia, sino que quedan vacantes por la prohibición de nombrar nuevos jueces en funciones.
El Alto Tribunal calculó en el informe, publicado en octubre, que dictaría mil sentencias menos a final de año a causa de la parálisis en la renovación, y advirtió de que la situación era "insostenible" y podía llegar al "colapso" si se mantenía en el tiempo.
La situación es especialmente grave en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la que resuelve recursos sobre medidas relativas a la pandemia, o las decisiones del Gobierno como los indultos a los líderes del 'procés'. La próxima primavera podría llegar a tener ocho vacantes. También es preocupante la situación de Sala de lo Social, que se ocupa de conflictos laborales, y que el próximo octubre podría llegar a tener el 40% de sus plazas vacantes.
Último impulso para la renovación
El último impulso para desbloquear el CGPJ llegó con la renovación del Constitucional. Tanto PSOE como Unidas Podemos esperaban que haber aceptado el controvertido nombramiento del magistrado Enrique Arnaldo levantara las reticencias del PP para alcanzar un acuerdo respecto al Poder Judicial.
Arnaldo fue el candidato de los cuatro pactados entre el Gobierno y el PP para el TC que más polémica suscitó dada su colaboración con FAES y su aparición en los casos Palma Arena y Lezo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció que no le gustaba "algún nombre" de los acordados entre los partidos y varios diputados incluso se saltaron la disciplina de voto para rechazar estos nombramientos, como el socialista Odón Elorza. Todo ello, aseguraron, como cesión para que los 'populares' dieran su brazo en el único órgano aún bloqueado.
Sin embargo, la mesa de negociación que encabezan Bolaños y García Egea, sigue sin lograr avances. El partido de Pablo Casado mantiene su reivindicación de modificar el sistema de elección y los socialistas lo sitúan como línea roja.
¿Quién forma el CGPJ y cómo se eligen sus miembros?
El máximo órgano de gobierno de los jueces está formado por 20 vocales, 12 de los cuales son jueces en activo elegidos por el Congreso y el Senado (seis y seis, respectivamente), de entre una lista propuesta por las asociaciones judiciales. Los otros ocho son juristas "de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión", según el artículo 122 de la Constitución. La Cámara Baja elige a cuatro y la Cámara Alta a los otros cuatro por mayoría de tres quintos.
La Carta Magna no especifica cuál debe ser el método de elección de los doce vocales magistrados, por lo que en su primer mandato fueron elegidos por los jueces. En 1985 se reformó la ley para que fuera el Parlamento quien los nombrara. Y en 2001, bajo el Gobierno de José María Aznar, se modificó la ley, pero no se dio la elección a los jueces. En la Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio se mantuvo que la elección de los 12 vocales fueran del Congreso y el Senado, aunque introdujeron que podrían presentar candidatos las asociaciones de jueces y sobre ese listado elegiría el Parlamento.
Los vocales actuales fueron elegidos en 2013, en tiempos de mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Diez fueron propuestos por el PP, siete por el PSOE, uno por IU, otro por CiU y otro por el PNV. El presidente actual es el conservador Carlos Lesmes. Entre el CGPJ y el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha habido varios choques relativos a los nombramientos, al sistema de elección, y también por las críticas del entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias a los jueces.