El Gobierno ofrece colaboración a la Generalitat para proteger al menor acosado por pedir la enseñanza en castellano

• La ministra de Educación, Pilar Alegría, contacta con el conseller catalán en la materia para ofrecerle "todo su apoyo"
• El TSJC ha ordenado al Govern proteger al la familia acosada y garantizar la convivencia en el colegio

Pintada aparecida en el colegio del menor de Canet de Mar cuya familia pidió más educación en castellano y que reza: "En Canet queremos clases en catalán".

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Ejecutivo ha ofrecido toda su colaboración a la consellería de Educación de la Generalitat para que se proteja a la familia y al menor de un colegio de Canet de Mar (Barcelona) del acoso que sufre por pedir más enseñanza en castellano.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este viernes, Rodríguez ha revelado que la ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha puesto en contacto con el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, a quien ha expresado "todo su apoyo" para evitar "cualquier tipo de acoso en este caso o en otro" que suceda en una escuela de Cataluña o de cualquier otro punto del país.

Sus palabras han llegado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya ordenado este viernes a la Generalitat garantizar la "protección" y la "intimidad" de este alumno y su familia, así como garantizar "la normal convivencia" en el colegio, y ha dado un plazo de diez días a la consellería de Educación para que aporte un informe con el que justifique las medidas adoptadas para cumplir con el dictamen del alto tribunal catalán.

El TSJC obligó, de forma cautelar, al colegio a impartir un 25% de las clases en castellano al grupo de este alumno, cuya familia había pedido inicialmente recibir el 50% de las lecciones en español. Después de esto, la familia habría recibido el acoso y amenazas en redes sociales de distintos usuarios, mientras que en el colegio del niño han aparecido pintadas reclamando la educación en catalán. La Fiscalía, por su parte, va investigar lo ocurrido.

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Rodríguez acusa al PP de usar la lengua para "hacer oposición"

Tras expresar el rechazo y la condena del Gobierno a "cualquier acoso que se haya podido producir", Rodríguez ha acusado al Partido Popular de "utilizar cualquier asunto para hacer oposición".

"Las lenguas del estado son un elemento que nos enriquece y que aportan diversidad y que no vamos a utilizar de forma partidista o en la confrontación", ha advertido Rodríguez, mientras reclamaba al PP que no utilice "la riqueza en el ámbito lingüístico para enfrentarnos".

Respecto a la sentencia del TSJC, la portavoz del Ejecutivo ha reiterado que tiene que cumplirse y ha subrayado la "absoluta garantía que ofrece la ley de educación para que todos los niños salgan de la escuela con competencias en ambas lenguas" en los territorios con lengua cooficial.

La Generalitat, sin embargo, rechaza el cumplimiento de la sentencia y el propio conseller de Educación remitió una carta a los directores de escuela para que no cambiaran el modelo lingüístico actual.

El PP, por su parte, en boca de su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha ofrecido de nuevo sus senadores al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para aplicar el artículo 155 de la Constitución en materia de educación en Cataluña, tras el "hostigamiento" la familia.

"Al castellano se le persigue en Cataluña y hay que defenderlo y reivindicarlo", ha afirmado este viernes Montesinos en declaraciones a los medios en Madrid, donde ha pedido que Sánchez o la portavoz del Gobierno reprueben y desautoricen al ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien ha asegurado, en una entrevista en TVE, que el español no está en peligro.

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Considera el PP que si Sánchez tuviera "sentido de Estado" y "altura de miras" estaría acordando una "respuesta única" sobre que no puede haber "ningún rincón de España en el que no se cumple la ley" y por eso le han emplazado a que coja su mano tendida y llame al líder de la oposición, Pablo Casado.

Por su parte, la Asociación Hablamos Español ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra "los responsables" de la difusión de la identidad de los padres del niño. En un comunicado, la entidad ha asegurado que se han difundido también datos personales que "facilitarían su localización" y han apuntado que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de acoso.

Así, han solicitado a la Fiscalía que además de procederse a la incoación de diligencias informativas al objeto de acreditar los hechos denunciado, se valore "si pudiera considerarse que existen unas acciones coordinadas, dirigidas a generar odio, a señalar y a localizar a esta familia".