El juez rechaza dejar en libertad a Juana Rivas porque podría representar "un grave peligro para sus hijos"

• El magistrado apunta a unos supuestos abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia
• El abogado de Rivas anuncia una querella por prevaricación y calumnias contra el juez

Juana Rivas, durante el juicio por sustracción de menores celebrado en julio de 2018.

El titular del Juzgado número 1 de lo Penal de Granada, que condenó a cinco años de cárcel a Juana Rivas por sustracción de menores en el verano de 2017, ha rechazado su puesta en libertad, como había solicitado su abogado tras la concesión del indulto parcial concedido por el Gobierno, apuntando a unos supuestos abusos sexuales sufridos por uno de los menores cuando estaban bajo su custodia.

En el auto -contra cuya resolución cabe recurso- el magistrado Manuel Piñar niega la plena libertad de Rivas porque "podría representar un peligro para sus hijos", a causa de los "indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia", según "dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor".

"Si un menor está bajo la guarda y custodia de un progenitor y es víctima de unos presuntos abusos sexuales, en la máxima extensión del término, y en este punto las imágenes que han llegado a la causa, son espeluznantes, hay indicios de presunta negligencia por desatención de la obligación de velar por él, de modo que, permitirle la libre deambulación con el niño, puede suponer ponerle en disposición un grave peligro para él", señala el auto, al que ha tenido acceso RTVE.

"Esa perspectiva de madre que lucha por los hijos, no tuvo un reflejo en esos hechos concretos tan graves acaecidos con uno de los menores", añade el juez, quien apunta que, aunque "no se ha determinado el autor de la brutal agresión padecida por el menor" -por lo que fue sobreseida-, el hecho "sigue existiendo y tuvo lugar estando el niño bajo custodia de la madre".

También señala otros dos hechos que, según sus palabras, desaconsejan la libertad: que Rivas "no ha mostrado arrepentimiento" y que en reiteradas ocasiones ha manifestado "que lo volvería a hacer"; y que "fiel a ese propósito, repitió esa conducta, tras ser condenada en esta causa y estando los menores en Italia", donde residen con su padre.

Piñar recuerda además que los artículos que regulan la suspensión de la pena "facultan pero no obligan" a suspenderla, tras lo que determina que no ha lugar a conceder a la mujer el "beneficio" de suspender la ejecución de su condena de cárcel.

Querella por calumnias y prevaricación

El abogado de Rivas, Carlos Arangue, ha anunciado que va a presentar una querella por prevaricación y calumnias contra el magistrado y ha asegurado que los tres argumentos que esgrime para denegar su libertad son falsos. "Es una barbaridad, es absolutamente disparatado", ha afirmado a RNE tras conocer el auto, cuyo contenido ha dicho que está basado "en tres mentiras".

"Acusar a Juana de permitir o colaborar en abusos sexuales a sus hijos es algo tan repugnante que merece nuestro mas enérgico reproche", ha añadido en un comunicado.

Los hechos por los que fue condenada Juana Rivas ocurrieron en el verano del 2017, cuando permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, quien a su vez fue condenado en 2009 por lesionarla y al que ella había vuelto a denunciar por maltrato en 2016.

Juzgada en julio de 2018, Juana Rivas fue condenada a cinco años, aunque el Tribunal Supremo redujo la pena a dos años y medio. La decisión del Gobierno de indultarla rebajó la prisión a un año y tres meses, mientras que los seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad fueron conmutados por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

Este viernes se ha sabido que la Fiscalía General del Estado va a pedir la suspensión de la pena de prisión -nueve meses- que le queda por cumplir a esta vecina de Maracena, como se acordó en una reunión al más alto nivel en la que participó el pasado miércoles la fiscal general, Dolores Delgado y otros responsables jurídicos.