La Justicia ordena a la Generalitat proteger a la familia de Canet que pidió clases en castellano
- El TSJC exige al conseller de Educación y a la directora del centro garantizar la "normal convivencia" en el colegio
- La Fiscalía investigará el acoso y las amenazas al menor y a su familia a raíz de tres denuncias presentadas
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalitat "preservar la protección e intimidad" del menor de Canet de Mar y de su familia, que pidió a la justicia que el centro del niño impartiese el 25% de clases en castellano, después del acoso recibido, así como garantizar "la normal convivencia" en el colegio. Así lo señala el tribunal en un auto con fecha de 9 de diciembre al que ha tenido acceso TVE. La Fiscalía, por su parte, también investigará el caso.
“Corresponde requerir al conseller de Educación (Josep Gonzàlez-Cambray) y a la directora del centro educativo del Turó del Drac de Canet de Mar, a efectos de adoptar las medidas necesarias para preservar la protección y la intimidad del menor y del recurrente, así como la normal convivencia y el pacífico desarrollo del entorno educativo”, expone el auto de la sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.
El tribunal también ha dado un plazo de diez días a la consellería de Educación para que aporte un informe con el que justifique las medidas adoptadas para cumplir con el dictamen del alto tribunal catalán.
El auto llega unas horas antes de que se produzca una manifestación cerca del centro en rechazo a la sentencia, convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) y el sindicato IntersindicalÀCsc.
Por otra parte, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha llamado este viernes al conseller catalán de Educación para colaborar en la protección del menor de Canet de Mar que está siendo acosado tras lograr sus padres que el TSJ de Cataluña dictara una sentencia para que sea obligatorio impartir un 25 por ciento de la enseñanza en castellano. Así lo ha afirmado la Portavoz del Ejecutivo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha mostrado el rechazo del Gobierno y la condena ante cualquier acoso que se esté produciendo o se pueda producir en los centros escolares por este asunto.
La Fiscalía investigará el caso
Por otra parte, la Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación para determinar si los mensajes vertidos en las redes sociales contra la familia del alumno pueden suponer un delito de incitación al odio o de discriminación, según ha podido confirmar RTVE.
El Ministerio Público ha admitido a trámite las denuncias presentadas por Hablemos Español, Asamblea para la Escuela Bilingüe (AEB) y Vox para que se investigue si estos comentarios pueden ser constitutivos de un delito. En concreto, ha incoado diligencias de investigación a los "efectos de valorar y estudiar la trascendencia jurídica de los tuits". Los denunciantes señalan algunos mensajes en los que se habría incitado a "apedrear" la casa familiar del niño.
Una vez se valore si los mensajes pueden constituir un delito de incitación al odio y si se puede identificar a algunos de los usuarios, ya que muchas cuentas de redes son anónimas, se "determinará cómo proceder", señalan las citadas fuentes jurídicas a
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, también se ha referido a esta cuestión y ha instado este jueves en una entrevista en La Noche en 24 Horas a defender "los derechos y las leyes" y a "proteger a los menores como es debido". También ha pedido "no se haga de esto mera controversia política" porque "nadie debe ser intimidado ni acosado".
El conseller Gonzàlez-Cambray visitó este jueves por la tarde el centro y condenó las amenazas, pero se ha mostrado contrario a la imposición del TSJC. Se trata, dijo, de "un ataque más” al modelo de escuela catalana que es “intolerable” y que la Generalitat, ha incidido, “rechaza como modelo de Educación”. "No existe en Cataluña un problema con la lengua, por más que algunos insistan en inventárselo".
También mostró su apoyo a la escuela, contraria a la decisión judicial, aunque la ha acabado acatando. El conseller ya llamó hace semanas a los directores de los centros educativos a seguir como hasta ahora y no cumplir con ese 25%. La Generalitat todavía no ha aplicado la sentencia ratificada por el Supremo y, tras la misma, 13 familias ya han acudido a los tribunales para pedir más castellano en las aulas.
Críticas de Casado al Gobierno mientras Vox y Cs sopesan denunciar al Govern
La situación relativa al menor de Canet de Mar ha tenido eco en los distintos discursos políticos. Este viernes, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha condenado en una entrevista en TVE aunque ha asegurado que no comparte el criterio que utiliza la familia porque no cree que el español esté en peligro en ninguna parte de España: "El español, de hecho, goza de enormes privilegios frente a otro tipo de lenguas, no solo la catalana, sino otras de nuestro diverso y rico país, y que tenemos que proteger y preservar porque son minoritarias", ha recalcado.
Ha agregado que los ciudadanos de Cataluña tienen la posibilidad de desarrollar toda su identidad, su vida o sus relaciones en varias lenguas, "el castellano, que naturalmente todos los catalanes saben usar perfectamente, pero además en catalán", ha apostillado.
El líder de la oposición y del PP, Pablo Casado, ha instado al Gobierno a "defender al niño que sufre acoso por pedir sus padres educación en castellano y actuar frente a la Generalitat por incumplir la sentencia del Supremo y amparar a los violentos". En un mensaje en su perfil de Twitter, ha criticado a su vez que "mientras, sus socios de ERC chantajean con los Presupuestos para imponer a Netflix el catalán".
También el alcalde de Madrid y portavoz nacional del partido, José Luis Martínez Almeida, ha aseverado que “lo que se está produciendo en Cataluña es odio por querer estudiar en español” y ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que convoque la comisión de delitos de odio tal y como hizo ante la denuncia de una falsa agresión homófoba en Madrid hace unos meses. También le ha instado a "romper con sus socios" y le ha preguntado “si le compensa ser presidente del Gobierno a costa de un sufrimiento de un niño de cinco años”.
Vox, por su parte, estudia denunciar por desobediencia al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y al conseller de Educación tras el caso de "hostigamiento" hacia la familia, tal y como ha anunciado el líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga. Aragonès y Cambray, ha dicho, están haciendo "números" para ser denunciados por desobediencia y también por "omisión del deber de socorro", y se ha mostrado convencido de que habrá "base legal" para ello.
Y el líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha advertido por su parte contra una manifestación de cualquier signo a la salida del centro, porque "debe primar el interés del menor". Para la formación naranja, es "indignante" que el conseller de Educación "se alinee con los acosadores", un movimiento que dice busca que ninguna otra familia se atreva a denunciar: "No le quepa duda que nos querellaremos contra el conseller y quien sea si persisten en no cumplir las leyes y las sentencias".