El inspector del 'caso Gürtel' acredita el uso de mordidas para campañas del PP

• Morocho ha detallado que la trama repartía el dinero procedente de comisiones entre sus cabecillas y políticos
• Correa era el intermediario entre los empresarios y la administración valiéndose de una "confianza mutua"

El inspector de la Policía Manuel Morocho

El exinspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación de Gürtel, Manuel Morocho, ha declarado este miércoles como testigo en el juicio que se sigue por los negocios de la trama en Boadilla del Monte, acreditando el uso de comisiones para las campañas del Partido Popular en el municipio madrileño.

A preguntas de la fiscal, Morocho ha detallado que la trama corrupta liderada por Francisco Correa repartía el dinero procedente de dichas comisiones entre sus propios cabecillas y los políticos que se prestaban a participar en el amaño de las adjudicaciones públicas. "Se convertía en el ejecutor y el canalizador de los fondos, cualquiera fuera el origen, que el partido pusiera a su disposición para poder financiar esos actos", ha explicado.

En concreto, se ha referido a 60.000 euros que fueron dirigidos al "concepto campaña" y que utilizaron para los gastos generados en los actos electorales en Boadilla del Monte en el año 2003.

"Las necesidades de fondos para llevar a cabo eventos son un hecho"

Se repartieron dinero además del propio Correa y su número dos, Pablo Crespo, el entonces alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, el Albondigilla, y los exgerentes de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda César Tomás Martín Morales -ex jefe de campaña del PP en el municipio- y Alfonso Bosch -exdiputado regional del partido-, todos ellos acusados. También ha destacado alguno correspondiente a algún acto "de Esperanza Aguirre", expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Según Morocho, "había una relación subjetiva" entre los "cargos públicos y electos de la formación política y temporal, puesto la distribución se produce justo en el momento en que se inician los momentos electorales". "Y sabemos que las necesidades de fondos para llevar a cabo eventos son un hecho", ha afirmado.

En su declaración, en la que ha ratificado los informes que elaboró a lo largo de más de 10 años de investigación, Morocho también ha entrado al detalle del funcionamiento de Gürtel, que se encargaba de negociar "con el poder adjudicador cómo" había que ir "configurando los pliegos" para que se adecuasen a las características de la oferta frente a la de terceros, primando de esta forma a las que la trama consideraba como empresas amigas.

Un funcionamiento común en Madrid y Valencia

La trama también se encargaba de "realizar y ejecutar los servicios", además de "buscar la manera de reconstruir un expediente administrativo" en el que se justificase esa ejecución de cara al exterior, "tipologías" que fueron ejemplificadas en el caso de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla o en las obras relativas al Ayuntamiento.

Y todo ello gracias a la "intermediación" practicada por Correa, el considerado como cerebro de Gürtel, que actuaba como el nexo de unión entre los empresarios y la administración valiéndose de una "confianza mutua" que permitía la concesión de contratos y de las adjudicaciones reclamadas por los primeros.

"Buscando ese ámbito de confianza mutua entre el empresario y el conseguidor del contrato se produce una interacción que se va mecanizando y se repite, es así, se repiten las mismas empresas que operan en Madrid o en Valencia", ha sostenido Morocho, que ha enumerado entre las mismas a Teconsa, Sufi, UFC o Constructora Hispánica.

Los policías han corroborado que la empresa Sufi pagó a la trama una comisión de más de 200.000 euros por la adjudicación de la prestación del servicio de recogida de basuras y limpieza, Constructora Hispánica más de un millón por diversas obras en el municipio, UFC otro millón por la adquisición de una parcela municipal y Teconsa 1.800.000 por otras obras.

Una trama con 24 acusados

La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles el juicio a 24 acusados de formar parte de la trama desarrollada en Boadilla del Monte entre 2001 y 2009 que logró comisiones a políticos del PP en forma de dinero y regalos a cambio de adjudicaciones de obras, parcelas y servicios del Ayuntamiento causando un perjuicio al consistorio que la Fiscalía cifra en cuatro millones de euros.

La fiscal pide 76 años y siete meses de prisión para Francisco Correa, 64 años y siete meses para Pablo Crespo, y 40 años y nueve meses para Arturo González Panero, el Albondiguilla, entre otras penas para el resto de acusados.

El PP comparece en el juicio como presunto responsable civil como partícipe a título lucrativo por los 204.198 euros que obtuvo supuestamente de los beneficios del entramado en Boadilla.