El PP registra en el Congreso su ley para crear un cuerpo de alta inspección educativa que actúe en Cataluña
- El Govern incrementará la inspección y pondrá un docente de refuerzo en las aulas para garantizar el catalán
- Casado insiste en aplicar el 155 de la Constitución y dice que si Sánchez no actúa cometerá "prevaricación"
El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que insta al Gobierno a crear un nuevo cuerpo de alta inspección educativa con el fin de garantizar que se cumple con el derecho de impartir un 25% de la educación en castellano en Cataluña.
La ley ha llegado al Congreso horas después de que el presidente catalán, Pere Aragonès, anunciara que el Govern incrementará las inspecciones y pondrá un docente de refuerzo en las aulas que impartan el 25% de contenido en castellano para garantizar las clases en catalán. A finales de noviembre, el conseller catalán de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, pidió por carta a los directores de las escuelas que no cumplieran con ese mínimo del 25% que fijó el Tribunal Supremo, que confirmó otra sentencia del TSJC.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha recalcado en una entrevista en RNE que el Gobierno tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley vigente y "no puede decidir si lo hace o no", por lo que ante el caso de acoso que ha sufrido la familia de un menor en la escuela de Canet de Mar se deben tomar medidas.
Gamarra ha recordado la petición que le hizo el líder del PP, Pablo Casado, al presidente del Gobierno en la sesión de control en el Congreso al solicitar a Sánchez aplicar el artículo 155 de la Constitución en materia educativa y ha reiterado que el incumplimiento de sus responsabilidades puede tener altas consecuencias.
Casado pidió a Sánchez que obligara a la Generalitat a cumplir las resoluciones judiciales y le advirtió: "Si no lo hace usted, les denunciaremos por desobediencia, pero es que si hace la vista gorda por sus votos, el que estaría cometiendo un delito de prevaricación es usted".
El PP dice que si el Gobierno no actúa cometerá "prevaricación"
En este sentido, Gamarra ha insistido en que "muy acertadamente" se le comunicaba al presidente "si iba a hacer algo", no sólo para garantizar la convivencia en ese centro de Canet de Mar, sino para utilizar algún instrumento del Estado que hiciera cumplir las resoluciones judiciales "y si no lo hace tiene una responsabilidad y se le advertía cuál era la consecuencia".
"Tiene la obligación de hacerlo, tiene que garantizar los derechos de las familias catalanas y cuando toma decisiones a sabiendas contrarias a derecho se le tiene que hacer saber y a partir de ahí si se toma una decisión o no se analizará más adelante", ha dicho en referencia a un posible recurso del PP contra Sánchez en los tribunales.
Por otra parte, sobre la propuesta del conseller de Educación, Josep González-Cambray, de poner dos profesores en las aulas para enseñar en castellano y catalán, Gamarra ha señalado que "habrá que verlo si esto se garantiza así o si solo se busca un instrumento para parecer que se cumple pero todo sigue igual".