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La Justicia condena a Suu Kyi a otros cuatro años de cárcel

  • Ha sido juzgada por importación ilegal de dispositivos de telecomunicaciones
  • La sentencia también concluye que vulneró medidas contra la pandemia
  • Esta pena se suma a las emitidas a principios de septiembre, por las que fue condenada a cuatro años de prisión

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La exlíder birmana Suu Kyi es condenada a otros 4 años de cárcel
La derrocada líder birmana fue condenada este lunes a cuatro años de cárcel por importación ilegal de dispositivos de telecomunicaciones y por vulneración de las leyes implementadas en su país  contra la Covid-19

La derrocada líder birmana, Nobel de la Paz en 1991, ha sido condenada este lunes a cuatro años de cárcel por importación ilegal de dispositivos de telecomunicaciones y por vulneración de las leyes implementadas en su país contra la COVID-19. Se suman a otros dos años de condena, que ya cumple, tras los procesos judiciales iniciados contra ella tras el golpe de Estado militar perpetrado en febrero.

El panel de jueces del tribunal especial habilitado por la junta militar en Naipyidó estimó que Suu Kyi violó la Ley de Exportación e Importación y la ley de telecomunicaciones por la tenencia de varios walkie-talkies y un inhibidor de señales sin licencia. Los jueces condenaron a la acusada a dos y un año de prisión respectivamente, si bien las penas se cumplirán de manera simultánea, por lo que cumplirá dos años en total.

Además, Suu Kyi también ha sido condenada este lunes a otros dos años de prisión por saltarse las medidas establecidas en su país contra la propagación del coronavirus durante un acto electoral para los comicios de noviembre de 2020. Ambas sentencias se suman a las dos emitidas a principios de diciembre por vulnerar las restricciones contra la COVID-19 y por un delito de incitación contra los militares. La exlíder fue condenada a cuatro años de prisión que fueron rebajados posteriormente a dos tras un indulto anunciado por el jefe de la junta militar, Ming Aung Hlaing.

Causas pendientes

Desde que Aung San Suu Kyi fuera derrocada tras el golpe de Estado militar llevado a cabo el pasado 1 de febrero, se pusieron en marcha varios procesos judiciales a los que aún se enfrenta la exlíder birmana, de 76 años. La política permanece detenida en un lugar desconocido y cumple condena junto con el expresidente Win Myint desde que los militares tomaron el poder hace cerca de un año.

El Ejército birmano ejecutó el golpe tras la sonada victoria de la Liga Nacional para la Democracia, partido al que pertenece Suu Kyi, en las elecciones celebradas a finales de 2020. Aquellos eran los segundos comicios celebrados de formar libre y consolidaban la democracia birmana tras seis décadas de dictadura militar.

Tras el golpe, Suu Kyi aún debe hacer frente a una acusación por haber violado presuntamente la Ley de Secretos Oficiales, por la que se enfrentaría a un máximo de 14 años de cárcel, por obtener, guardar y compartir documentos que contenían información clasificada. Además, también se enfrenta a otros seis cargos por corrupción, castigados con hasta 15 años cada uno, por un supuesto uso fraudulento de fondos de su propia fundación caritativa, por la obtención de descuentos en el arrendamiento de tierras o por aceptar sobornos de 600.000 dólares y 11,3 kilos de oro.

Tal y como indicaron sus abogados al inicio de los procesos judiciales, la acusada niega todas las acusaciones. Sin embargo, en octubre la junta militar prohibió a los letrados hablar con los medios de comunicación. El subdirector en Asia de la ONG Human Right Watch, Phil Robertson ha firmado que Suu Kyi es "una rehén de los militares", mientras tratan de controlar el país a través de "la intimidación y la violencia".

"La junta militar todavía la ve como una gran amenaza política que necesita ser neutralizada permanentemente", declara Robertson en un comunicado en el que califica de absurdos los cargos contra la lideresa juzgados por un "tribunal afín" a los militares.

Camboya se acerca a la junta militar

Las últimas sentencias contra Suu Kyi se producen días después de la visita de Hun Sen, primer ministro camboyano, a Birmania. Hun Seb se reunió con el general golpista birmano, Min Aung Hlaing, el pasado viernes y se mostró comprensivo con él. No se ha reunido, sin embargo, con ningún miembro de la oposición.

El líder camboyano pretende que Min Aun Hlaing y los representantes de la junta militar birmana participen en las reuniones de la presente edición de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), tras el veto general golpista en la cumbre de líderes de octubre, organizada por Brunéi.

Tras el golpe de Estado, Birmania se enfrenta a una profunda crisis política, social y económica. Además, se inició una espiral de violencia con nuevas milicias de civiles que ha exacerbado una guerra de guerrillas que el país ya vivía desde hace décadas.

La brutal represión ejercida por policías y soldados se ha cobrado la vida de más de 1400 personas, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra en más de 11.400 los opositores detenidos.