El CGPJ inicia el proceso para que Salvador Alba deje de ser magistrado por su condena en el caso Rosell

• Alba fue condenado a seis años y seis meses de prisión por prevaricación judicial por sus maniobras contra Victoria Rosell
• El TSJ de Canarias da un plazo de diez días a Alba para que acuda a prisión a cumplir su condena

El juez Salvador Alba, en una imagen de archivo.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves el inicio de expediente de pérdida de la condición de magistrado de la Audiencia de Las Palmas de Salvador Alba Mesa, condenado por manipular una instrucción para perjudicar a Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, cuando era diputada de Podemos, según han confirmado fuentes jurídicas a RTVE.

El pasado mes de noviembre de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que condenó al magistrado de la Audiencia de Las Palmas por prevaricación judicial en concurso medial con un delito de cohecho y como autor de un delito de falsedad en documento público.

Alba fue condenado a seis años y seis meses de prisión, con pérdida definitiva del cargo que ostenta e incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.

El TSJC da 10 días a Alba para que se presente a cumplir condena

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado un plazo de diez días a Alba para que se presente de manera voluntaria en una prisión y empiece a cumplir su condena de seis años y medio de cárcel, o será puesto en busca y captura.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJC hace ese emplazamiento a Salvador Alba en el auto por el que decide ejecutar su sentencia, una vez que el Tribunal Supremo ha corroborado las condenas que le impuso como autor de delitos de prevaricación, cohecho y falsedad.

Además, el TSJC requiere al todavía magistrado de la Audiencia de Las Palmas que pague la multa de 12.150 euros que se le impuso en su condena y deposite en una cuenta bancaria los 60.000 que debe abonar a Victoria Rosell como indemnización.

Asimismo, acuerda que se devuelva al periodista Carlos Sosa (pareja de Rosell) y a Podemos el dinero que tuvieron que abonar como fianza para poder personarse como acusación en el caso en el que fue juzgado Salvador Alba.

Probado que manipuló a un empresario para perjudicar a Rosell

El TSJ canario declaró probado en septiembre de 2019 que Alba manipuló una investigación abierta al empresario Miguel Ángel Ramírez para perjudicar a la jueza que la había dirigido antes que él, Victoria Rosell, cuando esta era ya diputada en el Congreso por la provincia de Las Palmas.

Según el relato de hechos probados, el juez Alba ofreció a Ramírez archivar esa causa -por la que ahora el empresario se expone a una solicitud de condena de 21 años de cárcel y 105 millones de euros de multa- si le ayudaba a probar que Victoria Rosell había retrasado ese procedimiento por intereses económicos de su pareja.

También se consideró acreditado que envió al Tribunal Supremo informes sobre el desempeño de Rosell con contenidos que luego resultaron ser falsos, pero que provocaron que la Sala de lo Penal admitiera una querella del entonces ministro José Manuel Soria contra ella, por lo que se vio forzada a renunciar a su escaño.

Esas acusaciones contra Rosell fueron archivadas meses después por el TSJC, que la exoneró de cualquier irregularidad, y finalmente fue Alba quien resultó procesado y condenado por su actuación en el caso.

El artículo 379.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la condición de jueces o magistrados se perderá, entre otras causas, "por la condena a pena privativa de libertad por delito doloso", por lo que la Permanente ha considerado procedente iniciar expediente de pérdida de la condición de magistrado de Salvador Alba.

El todavía juez se encuentra en la situación administrativa de suspensión provisional de funciones desde el 19 de julio de 2018 por acuerdo de la misma Comisión, como consecuencia del auto de apertura de juicio oral dictado contra él.

Tal y como dispone la LOPJ, del acuerdo se dará traslado al Ministerio Fiscal y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a fin de que emitan informe, y al interesado para que alegue lo que a su derecho convenga.