La UE sanciona la falta de independencia de los jueces polacos con una multa de 69 millones
- Polonia dispone de 45 días para efectuar el pago
- La UE considera que el sistema debilita la independencia de los jueces polacos
La Comisión Europea (CE) ha enviado este jueves una carta formal a Polonia en la que requiere el pago de 69 millones de euros de multa por no haber revertido un régimen disciplinario para jueces considerado ilegal por la Justicia europea. La sanción afecta al periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 2021 y el 10 de enero de 2022, por el Polonia deberá pagar un millón de euros diarios.
Impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la multa llega una vez concluido el plazo que Bruselas había dado a Polonia para explicar de qué manera iba a cumplir con la sentencia comunitaria que exigía cambios en su sistema judicial. Polonia cuenta ahora con 45 días para proceder al pago antes de que la Comisión Europea continúe el proceso para que la multa sea abonada.
Bruselas lleva años cuestionando la independencia judicial de Varsovia y este caso es una de las muchas disputas existentes entre la UE y el partido polaco Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), que llegó al poder en 2015 y se ha enfrentado desde entonces a acusaciones por debilitar las libertades democráticas del país.
El pasado diciembre la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra Polonia por dos sentencias recientes de su Tribunal Constitucional que, según bruselas, desafiaban la primacía del derecho comunitario, cuestionando el carácter vinculante de las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El 7 de octubre el Tribunal Constitucional polaco dictaminó que parte del Tratado de Adhesión a la UE era "incompatible" con la Constitución Polaca y se pronunció contra la disposición europea que autoriza a los tribunales nacionales de los Estados miembros a dar primacía al Derecho europeo sobre el nacional.
La UE ve mermada la independencia de los jueces polacos
El régimen polaco permite que los magistrados nacionales estén sujetos a investigaciones disciplinarias, procedimientos y sanciones en función del contenido de sus decisiones judiciales, incluido el ejercicio de su derecho a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Bajo el punto de vista de la Comisión Europea, posteriormente respaldado por el tribunal comunitario, la ley disciplinaria polaca merma la independencia de los jueces y no concede las garantías necesarias para protegerlos del control político. La CE dice que el sistema viola las leyes de 27 naciones de la UE, incluida la propia Polonia, que establecen independencia judicial.
La disputa de Polonia con la UE ya está pasando factura al país, que ha visto bloqueado el acceso a miles de millones de euros en estímulos para apoyar la recuperación económica tras la pandemia. También estarían en juego los 1,1 billones de euros de presupuesto compartido de la UE hasta 2027.
Varsovia considera la petición un chantaje de la UE
Varsovia, por su parte, dice que la reforma judicial era necesaria para hacer tribunales más eficientes y librarlos de la influencia comunista. El PiS también ha advertido que no cederá ante lo que considera un chantaje de la Unión Europea. Entre sus medidas más conservadoras este partido también ha restringido derechos de mujeres, migrantes y homosexuales, además de presionar a medios públicos y privados.
Si Polonia no pagase, algo que sería inédito en cuanto a las multas que Bruselas impone a los países cuando estos no aplican la legislación comunitaria, la Comisión podría, en última instancia, retener pagos de financiación comunitaria asignados a este país, como fondos de cohesión, que se deducirían con intereses.
Varsovia tendrá que abonar la multa de un millón de euros diarios hasta que revierta su polémico sistema o hasta que exista una sentencia definitiva sobre otra denuncia de la CE a Polonia por su reforma judicial.
En otro caso iniciado el 12 de enero, la Comisión reclama a Polonia el pago de otra multa de 500.000 euros diarios impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hasta que Varsovia respete el fallo cautelar que le obliga a cerrar la mina de lignito de Turów, junto a la frontera de República Checa y Alemania