El Supremo permite que Airbnb publique anuncios de pisos turísticos considerados ilegales en Cataluña

• Desde 2015 la Generalitat impedía publicar anuncios de viviendas no inscritas en el registro de pisos turísticos
• La plataforma se ha ofrecido a trabajar de manera conjunta con el gobierno catalán para establecer una nueva normativa

Cartel en la fachada de un edificio con pisos turísticos

El Tribunal Supremo ha anulado la orden de la Generalitat de Cataluña de 2015 que impedía a Airbnb publicar anuncios de viviendas no inscritas en el registro de pisos turísticos de Cataluña al considerar que la plataforma es una mera intermediaria y no un proveedor de servicios inmobiliarios.

En una sentencia con fecha de este miércoles, el alto tribunal afirma que los anuncios son responsabilidad del que presta el servicio turístico final y no de Airbnb, al que define como un "intermediario neutro" de los servicios de la sociedad de la información, por lo que no tendrá que revisar más los anuncios que publican sus usuarios en la aplicación.

Según señala el Supremo, Airbnb no se puede considerar como un proveedor inmobiliario ni prestador de servicios turísticos, y solo se le debe aplicar la Directiva de Comercio Electrónico, al actuar como mero intermediario.

La ley estaba en vigor desde 2015

El Supremo ha estimado así tanto el recurso de casación interpuesto por Airbnb contra una sentencia de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), como el recurso contencioso administrativo contra la resolución de la directora general de Turismo de la Generalitat y contra la posterior resolución del secretario de Empresa, ambos de 2015.

Los magistrados han sostenido que la obligación de inscribir los alojamientos turísticos en el Registro autonómico, tal y como exigía la Generalitat, y mencionar el número de registro en la publicidad de los alojamientos turísticos, "recae en las empresas turísticas".

En el auto, los magistrados han explicado que los anuncios son responsabilidad del que presta el servicio turístico final y no de la plataforma donde éste se anuncia, afirmando que Airbnb "no está sujeto de manera directa a las normativas sectoriales".

Ante esta sentencia, la plataforma de pisos turísticos ha expresado este jueves, en un comunicado, su interés en trabajar con las administraciones públicas catalanas "para elaborar una normativa clara, adaptada a la realidad actual de los viajes y que apoye la actividad de los particulares".