El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigará a la consellera Natàlia Garriga por el 1-O

• Sostiene que Garriga habría intervenido en el "acondicionamiento" de una nave como centro de recogida de datos
• La Sala ha decidido agrupar su causa a la de los diputados de ERC en el Parlament Josep Maria Jové y Lluís Salvadó

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado asumir este jueves la causa penal contra la consellera de Cultura y diputada de ERC, Natàlia Garriga, por malversación y desobediencia grave por los preparativos del referéndum del 1-O cuando era un alto cargo del departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda.

En un auto, el tribunal ha desestimado la petición de archivo de la causa e incluye las pesquisas, hasta ahora llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, de manera que asume la competencia de investigar a la consellera por su condición de aforada.

La Sala también ha decidido agrupar su causa a la de los diputados de ERC en el Parlament Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

"Localización y acondicionamiento" de una nave para el 1-O

La Sala sostiene que Garriga habría intervenido en la "localización y acondicionamiento" de una nave para poder ser usada en la jornada del 1-O de 2017, y que habría firmado la adjudicación de los proyectos básicos y ejecutivos de arquitectura e instalaciones y dirección de obras mediante cuatro contratos.

El importe conjunto de las obras realizadas antes del 1 de octubre de 2017 en el citado local, que, entre otros usos, debía destinarse a centro de recogida de datos y seguimiento del referéndum, ascendió a 1.201.654,68 euros (sin IVA), apunta el ministerio público.

Además de su intervención en esta actividad de contratación, la Sala recuerda que el auto de procesamiento de 4 de abril de 2019 a la actual consellera le atribuyó el "haber conseguido la cesión de varias naves industriales para el almacenamiento de documentación electoral".

Además, el fiscal cree que supuestamente hizo de enlace entre Jové y Mercè Martínez, responsable de Proyectos Organizativos y Territoriales de Vicepresidencia, y habría conseguido la cesión de unas naves industriales en Bigues i Riells (Barcelona) para almacenar millones de papeletas y cerca de 6.000 sobres con documentación electoral.

Presunta e indiciaria participación en un delito de malversación

Garriga fue detenida junto a otros altos cargos del Govern durante la operación de entrada y registro del 20 de septiembre del 2017 en la conselleria de Economía y Finanzas de la Generalitat. En un auto de 4 de abril de 2019 se declaró su procesamiento por su presunta e indiciaria participación en un delito de malversación de caudales públicos.

Cuando accedió al puesto de consellera de Cultura, su abogada pidió que la causa contra ella se acumulara al sumario que el TSJC tiene abierto contra otros diputados relacionados con el 1-O.

Fue entonces cuando el tribunal denegó la petición para que la Audiencia de Barcelona no la juzgara, al considerar que "carecía de legitimación procesal", y abrió diligencias para que la sala de admisiones estudiara la documentación y decidiera si asumía la investigación.