Imputada la cúpula de Bomberos de la Generalitat por presunta corrupción

• Hay indicios de facturas hinchadas y de pagos de comisiones del 2% en el servicio de mantenimiento de los vehículos
• El responsable de la empresa contratista en Cataluña, la sevillana Iturri, Eduardo José Díaz, también ha sido imputado

Imagen de archivo de un camión de bomberos.

El juzgado de instrucción 14 de Barcelona ha imputado por presunta corrupción a siete cargos de los Bomberos de la Generalitat, tras hallarse indicios de facturas hinchadas y de pagos de comisiones del 2% en el servicio de mantenimiento de los vehículos del cuerpo.

Según informa este domingo La Vanguardia, el responsable de la empresa contratista en Cataluña, la sevillana Iturri, Eduardo José Díaz, también ha sido imputado en este caso.

La jueza ha citado a declarar el próximo viernes al que fue director general de Prevención y Extinción de Incendios hasta el pasado mes de junio, Manel Pardo, y a su sucesor, Joan Delort.

La misma información apunta que se han encontrado facturas duplicadas y hasta triplicadas de reparaciones que nunca se realizaron en camiones de extinción de incendios.

El jefe del servicio técnico de Bomberos advirtió en abril de que el contrato de la empresa Grupo Iturri ya no tenía saldo después de compensar el primer trimestre la desviación presupuestada del ejercicio anterior, que cerró con una deuda de algo más de 1,7 millones.

Esta situación forzó una reunión de urgencia en la Consejería de Interior con una abogada del departamento durante la cual Manel Pardo defendió su gestión y aseguró que el contrato estaba "históricamente mal dimensionado a nivel económico", por lo que la deuda se acumulaba cada año.

Presunta corrupción y delito contra la administración pública

Durante el encuentro, Pardo utilizó un documento en que anotó "+2%" a la vez que decía en voz alta "estas son las facturas más el 2%", y ante las explicaciones que se le pidieron, añadió: "no nos podemos quejar porque antes la cifra a pagar era mayor", según informa el rotativo.

El entonces conseller, Miquel Sàmper, encargó una información reservada a la secretaria general del departamento, Elisabet Abad, y tras leer el informe realizado, lo envió a la Fiscalía. La jueza Miriam de Rosa dirigió una investigación secreta y autorizó intervenciones telefónicas y recibió varios atestados de los Mossos en los que aparecían indicios de delitos.

El levantamiento del secreto, a finales de diciembre, coincidió con la decisión de Interior de destituir al intendente jefe de la comisaría e investigación de los Mossos, Toni Rodríguez, y la marcha del jefe de la unidad de anticorrupción y autor de los atestados, el subinspector Juan Manuel Lazo. La causa está abierta por presunta corrupción y por un delito contra la administración pública.

La empresa Iturri, que se ha visto implicada en otras causas por corrupción en otras comunidades pero ha negado al diario que haya facturado trabajos que no se hayan hecho, prestó el servicio durante la última década tras ofrecer mejores condiciones económicas, si bien las cifras han mostrado un gasto total que casi dobla el presupuesto inicial.