La Justicia británica permite a Assange apelar ante el Supremo su extradición a EE.UU.
- El activista australiano tiene un plazo de 14 días para presentar su apelación ante el Supremo
- Si el Supremo fallase en contra, la ministra del Interior decidiría sobre su extradición
La Justicia del Reino Unido permite al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, recurrir la decisión de extraditarle a Estados Unidos por 18 delitos de espionaje e intrusión informática.
El Tribunal Superior permite al activista australiano elevar su caso al Tribunal Supremo, después de que otra corte, el Tribunal de Apelación, dio la razón a Washington en diciembre y anuló un fallo que denegaba la entrega de Assange al considerar que presentaba riesgo de suicidio.
Así el proceso legal sigue ante los tribunales británicos que aún no han dicho la última palabra. El dictamen del Tribunal Superior da un plazo de 14 días para que Assange eleve su caso al Supremo, que deberá decidir si lo admite o no.
Aspecto legal a examen
Los jueces del Tribunal Superior Ian Burnett y Tim Holroyde, que el pasado 10 de diciembre autorizaron la entrega, reconocen en su fallo de este lunes que hay un aspecto legal que puede merecer ser examinado por el Supremo, máxima instancia judicial británica.
De admitir el caso, esta corte tendría que analizar si es admisible que Washington presentara durante el proceso de apelación el pasado octubre, y no en el juicio inicial de primera instancia en enero de 2021, sus garantías sobre el tratamiento que recibirá el australiano en suelo estadounidense.
En su breve dictamen, los jueces consideran que el recurso de Assange debería ser denegado, pero dado que el Supremo nunca se ha pronunciado sobre este punto legal en concreto, dejan en sus manos decidir si quiere examinarlo.
La defensa del fundador de WikiLeaks ya se quejó en octubre de que Estados Unidos había presentado "fuera de tiempo" las salvaguardas para proteger a su cliente.
Riesgo de suicidio
El pasado 10 de diciembre, el Tribunal Superior dio la razón a Washington al aceptar su recurso contra el fallo de enero de la jueza Vanessa Baraitser, quien había denegado la extradición de Assange al considerar que presenta riesgo de suicidio .
Burnett y Holroyde señalaron en ese momento que, antes de pronunciar su dictamen, Baraitser debió haber informado a la Justicia estadounidense de sus intenciones, para que ya entonces pudiera presentar garantías sobre el régimen penitenciario que se aplicaría al acusado a fin de minimizar los riesgos para su salud.
Los jueces agregaron que, en todo caso, las garantías presentadas a posteriori ante el Tribunal de Apelación "son suficientes" y por tanto autorizaban la entrega del periodista.
Durante el juicio del 27 y el 28 de octubre, el fiscal James Lewis, en representación de EE.UU., garantizó que si es extraditado Assange no será sometido a "medidas administrativas especiales" (SAM, en inglés) como tener vetadas las visitas o la correspondencia, ni ingresaría en la cárcel ADX Florence -de máxima seguridad- en Colorado, a no ser que posteriormente hiciera algo para merecerlo.
Además, Washington se comprometió a que, mientras esté bajo custodia, el programador informático recibiría el tratamiento psicológico adecuado y, en caso de condena, podría cumplirla en su país natal, Australia. La defensa sostuvo que estas garantías son "insuficientes" y "nada impide" que EE. UU. las revoque.
Interior tendría la última palabra
Si finalmente el Supremo fallase en contra, la orden de extradición de Assange sería remitida a la ministra del Interior, Priti Patel, que tendría la potestad de autorizar o denegar la entrega del activista, que continúa detenido en la cárcel de alta seguridad londinense de Belmarsh.
El pasado 10 de diciembre, los magistrados concluyeron que el Gobierno estadounidense ha ofrecido suficientes garantías de que Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental, por lo que dictaminaron que puede ser extraditado.
Estados Unidos le reclama para ser juzgado por las filtraciones que publicó su portal WikiLeaks, que, entre otras cosas, aireó miles de mensajes diplomáticos confidenciales y expuso abusos de ese país en las guerras de Irak y Afganistán. Según la defensa de Assange, los cargos pueden llegar a suponer hasta 175 años de cárcel.